viernes. 29.03.2024

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos sociales, así como numerosas Asambleas Populares de barrios y pueblos de Madrid del movimiento 15M, consensuaron en Asamblea conjunta celebrar esta Consulta Social.

La Consulta Social se celebrará el domingo 4 de marzo en más de 245 mesas que se instalarán en la mayoría de los barrios de Madrid Capital y en gran parte de los municipios de esta Comunidad, facilitando así la participación de la ciudadanía.

A la pregunta "¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?” las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid podrán responder SÍ o NO, introduciendo, tras su identificación personal, una papeleta homologada en la urna de color azul ubicada en cada una de las mesas.

Al menos durante la semana anterior a la celebración de la consulta se realizará, en el territorio de la Comunidad de Madrid, una campaña de información a las ciudadanas y ciudadanos, sobre el proceso de privatización, las razones para que el Canal de Isabel II sigua siendo 100% público y el por qué de realizar la consulta social.

El proceso de privatización del Canal de Isabel II comienza con la publicación en el BOCM del 30 de diciembre de 2009, la LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que en su artículo 16 indica la creación de una sociedad anónima a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes. A ella se incorporarían también los trabajadores. Una vez constituida la sociedad, se pondrán a la venta acciones de la misma, mediante la enajenación de hasta un máximo del 49% del Canal de Isabel II.

Hasta aquí la ley. El 45% sería de la CAM y por un pacto fuera de esta ley, los Ayuntamientos proclamarían no vender un 6% de su 20%, para mantener por ahora el 51% bajo control público.

Este proceso se está desarrollando con una total opacidad, tanto para la ciudadanía como para los gobiernos municipales, no se dice cuánto valen el sinnúmero de propiedades, tanto en cuanto a terrenos como a infraestructuras, con las que cuenta el CYII (empresa pública desde hace 150 años), ni el precio con el que se va sacar a la venta.

La privatización no se justifica desde el punto de vista técnico, el CYII lleva 150 años dando a las personas madrileñas un servicio de calidad, ni desde el punto de vista económico, anualmente produce cuantiosos beneficios (entre 100 y 150 millones de euros) que revierten en la dotación de infraestructuras, como son, la construcción de los teatros del Canal, Metrosur, etc.

La privatización produciría un encarecimiento del servicio y del agua, así como una disminución de la calidad. Como el servicio se va a dar en régimen de monopolio, no nos va a quedar otro remedio que utilizarlo queramos o no.

La privatización conllevaría daños medioambientales muy importantes, una empresa privada no promoverá campañas de ahorro, pues irían contra el espíritu de cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo. Recordemos que España es un país en donde los procesos de sequía son cíclicos y, por tanto, en el que son necesarias las campañas periódicas de promoción del ahorro de un bien indispensable para la vida de, absolutamente, todos los seres del planeta, de un bien que no se produce y que tiene una demanda rígida. Los procesos como éste persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud.

En Italia se realizó un referéndum vinculante sobre la privatización del agua, sin embargo en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento.

Consulta Social sobre la privatización del Canal de Isabel II