DEBATES NUEVA TRIBUNA | JESÚS VELA DE RODRIGO

Ciudades inteligentes: gobierno participativo

Mucho se está hablando en la actualidad de las ciudades inteligentes como instrumento de captación de nueva población tanto empadronada como flotante. Muchas son, también, las interpretaciones que existen a la traducción de “smart city” y muchos son los desarrollos de las llamadas ciudades inteligentes que se están llevando a la práctica en la actualidad.

Implicación de los ciudadanos en su ciudad inteligente

De todos los conceptos que se manejan para la definición de una “smart city” a nosotros nos parece el más apropiado el que la define como “podemos considerar a una ciudad inteligente cuando las inversiones en capital humano y social, en infraestructuras de comunicación tradicionales (transporte) y modernas (ICT), fomentan un desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida, con una sabia gestión de los recursos naturales, a través de un gobierno participativo”

Desde el punto de vista tecnológico, poco contemplado en la definición anterior, podríamos decir que una “smart city” vendría a ser el system of sistems donde cohabitarían infinidad de procesos interrelacionados de tal forma que ninguno de ellos puede ser abordado de forma individualizada y en el que cada uno de ellos influirá y condicionará el comportamiento del de los demás. Estamos pues en presencia de un proceso dialéctico que condicionará la forma de vida de los ciudadanos de manera sustancial y que nos obliga a entender la “smart city” como un proceso abierto, no asociado a la consecución de una sola meta sino que implica el compromiso de los diferentes agentes que intervienen en ella en un proceso de mejora constante en cada una de las aéreas.

Cuales son esas áreas? En este punto nos surge un problema importante que deberíamos resolver antes de iniciar cualquier proceso para la implementación de medios para acceder a la “smart city”.

El Art. 52.2 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local enumera como competencias propias de los municipios las siguientes: 1. Seguridad en lugares públicos; 2. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vía pública; 3. Protección civil, prevención y extinción de incendios; 4. Ordenación, gestión, y disciplina urbanística de viviendas; parques y jardines pavimentación y conservación de caminos y vías rurales; 5. Protección del medio ambiente; 6. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de los usuarios y consumidores; 7. Protección a la salubridad pública; 8. Participación en la gestión de atención primaria a la salud; 9. Cementerios y servicios funerarios; 10. Prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social; 11. Suministro de agua y alumbrado, limpieza viaria y tratamiento de residuos; 12. Transporte público de viajeros; 13. Actividades o instalaciones culturales deportivas, ocupación del tiempo libre; 14. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración, construcción y sostenimiento de los centros, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria.

Un estudio de la Universidad de Barcelona referido a los años comprendido entre 2007 y 2010 sobre el gasto no obligatorio en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, indica que se gastaron un total de 362 euros anuales por habitante (significa aproximadamente el 21% del total del presupuesto) y que fueron destinados a servicios de protección civil, protección social, cultura, vivienda y urbanismo, promoción social, educación, regulación económica, turismo e investigación científica. Estos gastos son conocidos como “servicios impropios” y a los que el Sr. Beteta, Secretario de Estado de Administración Pública, ha declarado la guerra a muerte. Es decir a los gastos sociales

Corresponde al poder legislativo definir o redefinir, con la participación de las entidades ciudadanas, las competencias de los municipios y a estos, con la participación de todos los agentes involucrados, y aquí hacemos referencia a todos aquellos que están inmersos a lo largo de la cadena de valor generada, con especial mención a los usuarios y las entidades públicas que los representan, abordar las actuaciones encuadradas en el proyecto de “smart city” con unas mínimas garantías de éxito.

La gobernanza de las ciudades en el siglo XXI está ligada necesariamente a las nuevas tecnologías. Hablar de Ciudades Inteligentes implica y supone dar un gran salto y pasar de la administración clásica a la administración mediante las tecnologías de la información y la comunicación), que conlleva una nueva forma de ver y reinventar la antigua administración clásica pero también una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos y de interactuar con ellos, salvaguardando todas las garantías y derechos.

Somos los ciudadanos los que debemos de definir que tipo de servicios deberían estar integrados en un proyecto de ciudad inteligente. No obstante creemos que las actuaciones que debieran iniciarse en las primeras fases son las que estén orientadas a proporcionar servicios para los que existe mayor demanda: gestión de movilidad y aparcamiento urbano, mejora del tráfico, agilización de trámites municipales y desaparición de las colas permanentes en oficinas municipales, ambulatorios, centros de salud, seguridad ciudadana etc.

Los referidos a energía y medio ambiente con reducción de costes energéticos y reducción de emisiones de CO2. Recogida y tratamiento de residuos. Gestión de parques y jardines que aminoren el gasto de un bien tan preciado como el agua.

También son susceptibles de incorporar actuaciones dirigidas a la medición de parámetros medioambientales, gestión de infraestructuras y edificios públicos, equipamiento urbano, salud (tele monitorización y telemedicina) y por último, pero no menos importante la detección y prevención de incendios.

Creemos que los ciudadanos se implicarán en mayor o menor medida en su “ciudad inteligente”, dependiendo del grado de participación social que esté promoviendo o facilitando el Ayuntamiento de la misma, así como del nivel de información y conciencia ciudadana existente entre la población, es decir de la trasparencia existente en la gestión de los recursos y en la prestación de los distintos servicios.

Dicha participación se puede realizar de manera individualizada y también a través de las distintas organizaciones sociales existentes en la ciudad (vecinales, consumidores, ecologistas, sindicatos, etc.). Esta participación facilita en mayor grado el compromiso que los ciudadanos deben asumir en relación al uso y disfrute de los servicios ofrecidos a la población, y en los niveles de participación en la gestión de los propios servicios municipales.

Hay que tener en cuenta que la influencia de los ciudadanos en relación con las ciudades no deja de crecer y cada vez quieren ser más participativos y exigen servicios innovadores que apoyándose en las nuevas tecnologías favorezcan la supervisión del estado de los procesos que se emprenden y la autogestión de sus servicios en tiempo real.

Por ello es muy importante la existencia de canales de comunicación que permita que la información se gestione en tiempo real, que se traduzca no solo en una mejor gestión, sino también en un mejor servicio a la población.

Las Ciudades Inteligentes deben tener servicios orientados por y para los ciudadanos y por tanto el ciudadano debe ser el protagonista en su desarrollo.

¿Y quién forma a los ciudadanos para el uso inteligente de los servicios?

El siglo XXI está llamado a ser el siglo de las ciudades. Según un estudio de Naciones Unidas en Julio de 2007 la población urbana sobrepaso a la población rural en el mundo y vaticina que en 2050 el 70% de la población mundial será urbana. Generará el 80% del PIB mundial y consumirán el 75% de los recursos y la energía y generarán el 80% de los gases responsables del efecto invernadero, y todo esto ocupando solamente el 2% del territorio mundial.

Jesús Vela de Rodrigo | Presidente FACUA Madrid-Consumidores en Acción