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nuevatribuna.es | Pedro Díez | 09.02.2011

Mientras las borrascas atraviesan la Península, la situación es más llevadera y llegamos a pensar que la contaminación ha desaparecido, pero cuando el tiempo atmosférico se instala en las altas presiones de manera duradera, la situación se va agravando hasta volverse insoportable y muy peligrosa para la salud de los ciudadanos que viven o trabajan en el ámbito más contaminado.

Eso es lo que está ocurriendo en Madrid, en Barcelona y en todas las grandes y medianas ciudades de España.

Y mientras tanto, las autoridades municipales y autonómicas no adoptan decisiones de fondo que atajen el problema, a corto y a largo plazo. Lo único, en el caso de Madrid, es hacer llamamientos a utilizar el transporte público. Algo así como si ante una epidemia, las autoridades sanitarias pidieran a la población que evitase el contagio, pero sin distribuir vacunas o medicamentos curativos.

Porque el problema es que las ciudades tal como son gestionadas, sometidas a la dictadura del automóvil privado, son enfermos crónicos, con momentos de alivio y fases agudas como ahora, pero su estado de salud es calamitoso lo que repercute directamente en sus habitantes, especialmente en los más vulnerables: los enfermos, los niños y los mayores.

En el caso de Barcelona ocurre algo parecido, las medidas que se han adoptado son insuficientes, pero incluso alguna de ellas, como la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en las vías de acceso, está a punto de ser derogada por el nuevo inquilino de la Plaza de Sant Jaume.

No tiene sentido alguno lo que está ocurriendo. Frente a una situación de auténtica alarma, como es el hecho de que en Madrid se superen en muchas zonas los 400 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2 ) por metro cúbico de aire a lo largo del día, una verdadera barbaridad, y que las partículas emitidas por los motores diesel están también disparadas, el Ayuntamiento transfiere su responsabilidad a los ciudadanos, en lugar de adoptar medidas que son de su competencia, por drásticas que sean.

Las grandes ciudades sufren una situación de emergencia y los alcaldes deben tomar decisiones, contando con toda la corporación, consultando a todos los grupos políticos y con el acuerdo de los gobiernos autonómicos, pero decidiendo. En Madrid, tal como reclaman los ecologistas, hay que tomar medidas, cerrando al tráfico particular las áreas en las que más contaminación se produce, reduciendo al máximo éste en otras zonas mediante los sistemas ya puestos en marcha en otras ciudades europeas (días alternativos de circulación por matrículas, peaje), habilitando aparcamientos de urgencia en zonas de intercambio de transporte público, para facilitar que los que acceden a la almendra central dejen su vehículo fuera y otras ya probadas en otras partes hace tiempo.

Lo que ocurre en Madrid estos días debe mover también a la oposición, con campaña electoral o sin ella, a hacer una apuesta valiente para de verdad limpiar el aire de Madrid y no quedarse en meras ideas generales. No cabe duda de que las decisiones en este campo siempre tienen detractores y que frecuentemente son tachadas de impopulares, como el asunto de limitar la velocidad, pero en cambio no les tiembla el pulso a algunos políticos a la hora de adoptar medidas mucho más duras e incomprensibles en otras materias por razones bastante menos justificables que las de preservar la salud pública aquí y ahora.

Alarma en Madrid y Barcelona