@ebarcala | Es un martes cualquiera, pero la plaza de Alosno, en el distrito madrileño de Vicálvaro, amanece como no lo hace nunca, con medio centenar de vecinos conversando en grupo compacto delante de un portal. Sobre él, una pancarta de tela y varios carteles pintados a mano. Tras el enrejado verde de una de las ventanas del bajo, se adivina bullicio en el interior. Representantes vecinales, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y amigas y vecinas de Yanira aguardan la llegada de una comisión judicial con el mandato de desalojar la vivienda que ocupan ella y sus tres hijos de 4, 5 y 8 años.
La puerta del domicilio está abierta y deja a la vista escaso mobiliario, apenas unas estanterías que ya nada contienen en previsión de tener que marcharse sin tiempo para recoger sus pertenencias. A las nueve y media sale del domicilio el concejal del distrito, Carlos Sánchez Mato, personado allí como muestra de solidaridad porque “cualquiera puede entender que no podemos dejar a la gente, con tres críos, en la calle y sin tomar postura al respecto”. El edil confirma que se ha intentado negociar con Kutxabank sin éxito y que no se ha podido paralizar el lanzamiento, “lo que le condena a que vuelva a hacer lo mismo en otro piso, sin que se resuelva el problema social. Es necesario - prosigue - que las entidades bancarias, los propietarios de viviendas como fondos de inversión, los comúnmente llamados fondos buitre, aborden también la perspectiva social de estos casos”.
Una patrulla de Policía Municipal circula por la rotonda sin detenerse, pero provoca que la vigilancia vecinal se reactive. Comienzan a corearse consignas y por primera vez Yanira se asoma nerviosa, pensando que llega el lanzamiento. Falsa alarma. Poco después son dos trabajadores del Samur Social los que franquean la puerta de entrada para interesarse por ella, al tiempo que se van sumando a la concentración más vecinos venidos desde Vallecas, Villaverde, Hortaleza…
Algunos estuvieron el día anterior pendientes de otro desahucio muy cerca, en Valdebernardo. Les aguarda una hora de espera hasta la llegada de la comisión judicial, el procurador y una representante de la entidad bancaria, acompañados por una patrulla de Policía Nacional y agentes locales. Negocian en un aparte con el abogado de Yanira, varios activistas y el asesor de la Junta de Distrito, Jesús María Pérez, quien señala que el desahucio por impago de hipoteca están dando paso a ejecuciones contra quienes ya no tienen nada, sólo el techo que ocupan. “Es la punta de un iceberg que va a ir a más”, advierte. “Gente sin casas y casas sin gente”, cantan de fondo los congregados.
Minutos antes de las once de la mañana se acuerda suspender y aplazar el desahucio sin fecha y abrir un plazo razonable en el que buscar soluciones paliativas. Después, se volverá a reclamar la vivienda. Entre gritos de “Sí se puede”, Yanira sube la persiana de la terraza y saluda eufórica. “Quiero dar las gracias a todos; si no llega a ser por vosotros, habría estado ya fuera”, dice a los reunidos en la pequeña zona ajardinada frente al bloque.
La alegría dura lo justo. Nada más acabar su intervención y la de su abogado, que denunciaba la parcialidad de las normas en favor de las entidades bancarias, otra voz reclama la atención de los vecinos ante la alerta que recibe en su móvil: “Recuperación en Vallecas de Bankia. Mañana”.
“Tenemos que pararla. Es el tercer intento, - dice la activista - y va a estar chungo”.
