En los últimos doce procesos electorales más de 100.000 personas no han podido participar por el mero hecho de tener una discapacidad
El derecho a emitir el voto es un derecho público, de carácter básico y de naturaleza política, exigible en cualquier Estado Social y Democrático. Así lo establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006.
En la práctica, sin embargo, no podemos afirmar que este derecho sea plenamente efectivo en nuestro país.
Desde que en España entrara en vigor el Tratado Internacional, han pasado ocho años y han tenido lugar doce procesos electorales. En todos estos procesos, más de 100.000 personas no han podido participar por el mero hecho de tener una discapacidad.
La realidad evidencia que en nuestro país, aún hoy, después de haber sido firmada y ratificada la Convención Internacional, el derecho al voto de este colectivo no está garantizado. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo tercero, dispone: “Carecen de derecho de sufragio: a) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. B) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.”
Sobre esta exclusión, el Comité de Naciones Unidas ya se pronunció y solicitó a España que articulara las actuaciones legislativas pertinentes para garantizar este derecho. Pero lo cierto es que, a pesar de estos requerimientos, la discriminación de algunas personas con discapacidad a la hora de participar en la vida política sigue existiendo en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid no podía permanecer impasible ante esta realidad. Por ello, haciéndose eco del clamor del movimiento social de la discapacidad y recogiendo una histórica reivindicación del CERMI, registramos en el Parlamento madrileño una iniciativa legislativa que propone otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad.
La Asamblea de Madrid, igual que otros parlamentos regionales, tiene competencias para intervenir y cambiar esta situación. Tanto nuestro Estatuto de Autonomía como el Reglamento de la Asamblea de Madrid nos permite, si existe voluntad política, presentar ante las Cortes Generales propuestas de creación o modificación de leyes orgánicas estatales.
El Grupo Socialista ha hecho uso de esa potestad y ha planteado una Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Una proposición que será defendida por los socialistas en la Asamblea de Madrid y que, de ser aprobada por el Parlamento autonómico, sería elevada al Congreso de los Diputados.
Acabar, de una vez por todas, y después de tantos años con esta discriminación, es el objetivo de la iniciativa que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, encabezado por su portavoz, Ángel Gabilondo, registró el pasado 29 de septiembre en la Cámara autonómica.
Desde el Grupo Socialista defendemos que las personas con discapacidad no sólo tienen derecho a votar sino que están obligadas a hacerlo. Las personas son miembros de la sociedad, son titulares de derechos y libertades. Son ciudadanos capaces de tomar decisiones y defender sus intereses.
Y es responsabilidad nuestra, de los representantes públicos que hemos sido elegidos democráticamente para conformar las instituciones, garantizar que esos derechos que tienen no sean vulnerados.
En el Grupo Socialista somos conscientes de esa responsabilidad. A ello responde la mencionada Proposición de Ley de reforma de la LOREG que hemos planteado. Pero somos conscientes también de que la legislación, por sí sola, no garantiza que las personas con discapacidad gocen plenamente de sus derechos. Sabemos que se necesitan políticas y programas eficaces, con impacto real en la vida de cada una de estas personas, con capacidad para erradicar leyes, prácticas, comportamientos y creencias que aún persisten y golpean directa o indirectamente sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Decía Tzvetan Todorov que “por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados con desprecio o condescendencia”.
Hagamos caso a estas palabras y trabajemos, todos juntos, por hacer posible un mundo cada vez más civilizado, en el que todos gocemos efectivamente de los mismos derechos. Los socialistas de la Asamblea de Madrid en ello estamos.
Mónica Silvana González es diputada portavoz en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad en la Asamblea de Madrid.
