En los dos últimos años el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de la recientemente dimitida Cristina Cifuentes ha rebajado notablemente el número de prestaciones para una renta mínima de inserción. Lo ha hecho endureciendo los trámites y, en algunos casos, hasta saltándose la ley y el reglamento, tal y como afirma la Plataforma RMI Tu Derecho que, junto a otros colectivos (*), coincidiendo con el pleno de investidura del 'popular' Ángel Garrido, denunció este jueves ante el Defensor del Pueblo las “suspensiones irregulares” de unas ayudas que están garantizadas por ley.
Cada vez es mayor el volumen de solicitudes que no llegan a término
Pese a la falta de transparencia del Ejecutivo regional en sus balances sobre las RMI, el análisis de datos realizado por estos colectivos refleja una caída en picado de concesiones para esta prestación. En lo que va de año, solo se ha concedido 1 de cada 4 solicitudes, mientras que en 2017 fueron 1 de cada 3, y en 2016 1 de cada 2. En un solo mes, de abril a mayo de 2018, el Gobierno se ha ventilado de un plumazo 1.100 rentas mínimas.
Cuando la pobreza en la región afecta a uno de cada cinco madrileños y 80.000 familias no cuentan con ningún tipo de ayuda, los beneficiarios (35.483) de la RMI solo crecieron en 2017 un 3%, según datos de CCOO de Madrid, que denuncia que los diferentes gobiernos del PP están llevando la RMI “a un escenario de clara asfixia”.
La Ley que regula la Renta Mínima de Inserción en Madrid (Ley 15/2001) como derecho subjetivo reconocido lleva vigente casi 16 años y el último Reglamento que la regula es de 2014. Las cuantías oscilan entre los 400 y los 700 euros. Si desde 2014 no ha cambiado la normativa de la RMI, “¿cómo se las ha apañado el Gobierno regional del PP para dificultar obtenerla o conservarla?”, se pregunta la Plataforma RMI Tu Derecho: “Pues saltándose la ley y el reglamento, o interpretándolo de forma muy restrictiva y arbitraria”, afirma una de sus portavoces Berta Lago.
Las suspensiones y extinciones de la RMI se incrementan
Pero el Gobierno regional no se limita a denegar el grueso de solicitudes, sino que va más allá suspendiendo de forma cautelar muchas de ellas y acabando con su extensión definitiva. Según los datos del último Balance de Gestión 2017 analizados por CCOO de Madrid, las extinciones se incrementaron un 37%, las suspensiones (la mayoría de carácter cautelar y que principalmente finalizan en extinción), crecieron un 32%.
Según RMI Tu Derecho, “hay un crecimiento injustificado de las suspensiones cautelares”: 1.300 en 2015, 2.400 en 2016 y 3.500 en 2017. Dichas suspensiones se producen por simples “indicios”, por “sospecha de irregularidad”, que además no se detallan en las notificaciones y que no dan opción a las personas receptoras a explicarse o defenderse en audiencia previa, tal y como obliga la normativa. En ocasiones, se les notifica la suspensión de la ayuda con el pretexto de que tienen derecho a otra prestación no contributiva del SEPE que a su vez se deniega por cobrar la RMI. Otras veces, se argumenta que ‘tienes un patrimonio que vendiste hace diez años’, es decir, “todo vale”, denuncia la Plataforma.
Una gestión administrativa perversa
Muchas personas terminan desistiendo, relegadas a una clara situación de exclusión social
La gestión de esta ayuda resulta a veces perversa. Si pasan tres meses de suspensión cautelar sin probar tu “inocencia”, te quitan la RMI. En 2017 ésa fue la primera causa de extinción de RMI: una de cada tres extinciones. Por cada cinco suspensiones cautelares hubo dos extinciones por esa causa. En muchos casos, incluso, aunque quede demostrado que el error ha partido de la propia administración, ésta no devuelve el importe acumulado de los meses en los que se ha dejado de percibir la RMI.
En fin, un callejón sin salida del que es difícil salir. Miles de familias se quedan sin cobrar durante varios meses, por simples sospechas e indicios no demostrados y arbitrarios, sin capacidad para hacer frente a las deudas acumuladas, cortes de suministros por impagos, desahucios, o cubrir el pago de medicamentos. “Muchas personas terminan desistiendo, relegadas a una clara situación de exclusión social”, señala Berta Lago.
Derecho reconocido en la Carta Social Europea
El derecho a la renta mínima de inserción no solo está reconocido legalmente como derecho subjetivo sino como derecho humano reconocido en los textos internacionales (por ejemplo, el art. 13 de la Carta Social Europea), señalan los colectivos que han llevado esta denuncia al Defensor del Pueblo.
Desde hace años el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa señaló la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad, “incumplimiento que se ve agravado con los procedimientos que están siendo llevados a cabos por los servicios de gestión de la RMI en la Comunidad de Madrid, que parecen buscar la suspensión del mayor número de prestaciones sin atender a la situación de necesidad real que haya detrás de ellas, afirman.
Con el objeto de hacer valer este derecho, la Plataforma RMI Tu Derecho, llama a la participación en la concentración que tendrá lugar en la Puerta del Sol el 12 de junio a las 11:30 h.
(*) Entidades y Colectivos que apoyan la denuncia:
Movimiento ATD Cuarto Mundo España Asociación Apoyo
Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid Coordinadora de Barrios
Plataforma RMI Tu Derecho
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) Invisibles de Tetuán
Foro ServSocial Madrid
C.P. San Carlos Borromeo
Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel Red Invisibles de Madrid
Asociación Karibu Asociación Atiempo
Asociación PUEDO de la ONCE
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Universidad de Alcalá) La Merced Migraciones
Asociación Hortaleza Crew
Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid Acción en Red
