La Malmea padece desde luego una cierta degradación física, hay actividades cerradas, solares y alguna actividad inadecuada para su localización, pero esto ocurre con la mayoría de las áreas industriales de Madrid y de la región metropolitana
Hace unas semanas, tres sucesos, un congreso en Bilbao donde se habló de la regeneración del espacio manufacturero, una ponencia de Saskia Sassen acerca de la Manufactura Urbana y un número de El País Negocios dedicado a la PYME (y a la Microempresa) mostraban por contraste la ausencia de una política orientada al espacio para la manufactura en la ciudad gobernada por Ahora Madrid a cambio de enfangarse en las Torres del Capital (Chamartín).
Los textos de la publicación mostraban la importancia de la microempresa en términos cuantitativos en nuestro país (95% aproximadamente y 500.000 empleos creados en los últimos 17 meses) una situación no muy diferente a la de Francia (95%) o Alemania (82%). Porcentajes a los que las pequeñas empresas añadirían entre un 15% (Francia) y un 4% (Alemania). En otro texto de la misma publicación se comentaba una encuesta que mostraba que los famosos millennials prefieren en muchos casos trabajar en, o para, estas pequeñas empresas.
En el congreso de Bilbao (EESAP9) se trató, entre otras cuestiones, el problema de la degradación y abandono del espacio industrial envejecido (se citó que en el área metropolitana de Barcelona cerca del 40% del espacio estaba ocioso) y el retraso en enfrentarse a este problema de dimensiones e impacto colosales. Simultáneamente -y quizás alternativamente- de las ventajas de la ciudad para la nueva manufactura urbana tradicional o avanzada.
Por poner algún ejemplo: de las empresas que han recibido ayudas a la innovación del CDTI en Madrid en el último año, un número sustancial de las mismas se localiza en espacios urbano-residenciales: locales o pequeños talleres -nuestras garaje-firms- en ocasiones en antiguos distritos industriales. Otro ejemplo, la empresa WeWork de desarrollo de espacios colaborativos para pequeñas empresas es hoy el mayor “promotor inmobiliario” de Londres.
El título de la ponencia de Saskia Sassen resultaba por su parte muy revelador: Urban Manufacturing: Economy, Space and Politics in Today‘s Cities (La Manufactura Urbana: Economía, Espacio y Políticas en las ciudades de hoy) con un subtítulo que abría el texto: “La manufactura urbana es crítica para el dinamismo de las economías urbanas pero es pasada por alto por los responsables políticos”.
Sassen hacía en este breve texto una aportación notable a la defensa de la Pequeña Manufactura Urbana y planteaba una tesis sumamente interesante: mientras que en el pasado la teoría dominante en la relación entre servicios y manufactura era que el terciario servía a la manufactura: servicios a las empresas, servicios de distribución; en la actualidad, en lo que respecta a la Pequeña Manufactura Urbana (Urban Manufacturing en la terminología de Sassen) se “invierte la relación histórica entre los servicios y la manufactura (servicios históricamente desarrollados para satisfacer las necesidades de los fabricantes) en el sentido de que (la manufactura) sirve a las industrias de servicios”. (Énfasis propio).
Sassen identificaba también un “dilema del prisionero” para estas empresas (que debería llamar la atención de los urbanistas en relación con el espacio productivo) que trabaja a favor de la ciudad: “una sola empresa no puede mudarse sin perder el efecto de red. De forma que las firmas individuales son más propensas a permanecer en la ciudad”.
En Madrid coexisten ambas problemáticas, la degradación progresiva de los espacios manufactureros (ej: Polígono de Villaverde pero también La Malmea) que resisten en la ciudad de Madrid tras sucesivos asaltos de la renta del suelo y la mala planificación urbana, y el desarrollo de una incipiente manufactura urbana. Sin embargo ambos problemas han recibido hasta ahora escasa atención por parte del gobierno de Ahora Madrid.
En principio podría suponerse que una candidatura que en buena medida ha sido impulsada por los jóvenes y en cierto modo es heredera del 15 M reflejaría en su política prioritariamente estos problemas y procesos antes que dedicar un inusitado, fatigoso y conflictivo esfuerzo a un proyecto como es el del desarrollo de un desorbitado centro de negocios (recuerdo ahora aquel texto que ingeniosamente se titulaba: ¿empresarios o negociantes?) al servicio de actividades que más que especulativas -que lo son- podríamos calificar de peligrosas para la economía de las personas (en el sentido original griego de la palabra).
Un ejemplo relacionado precisamente con la Operación Chamartín es el del área industrial de La Malmea en el distrito de Fuencarral junto a la M-30. Un área formada por dos conjuntos de actividades industriales, talleres y oficinas; el primero al norte en torno a la calle Antonio Cabezón con cerca de 40.000 m2 construidos y 150 empleos y el segundo al sur, situado en torno a la calle Isla de Java, con cerca de 140.000 m2 construidos y 1.700 empleos (según la DG de Economía del ayuntamiento). En ambos casos estas áreas tienen la citada diversidad de usos característica de la manufactura urbana: industria, talleres, comercio al por mayor y oficinas. Aquí se localizan empresas dedicadas a mobiliario industrial y bienes de equipo, grandes talleres de concesionarios de automóvil como Toyota o Wolkswagen, oficinas de servicios intermedios y otros talleres menores. La zona tiene bastante actividad, lo que se refleja en el tráfico de automóviles y vehículos pesados.
La Malmea padece desde luego una cierta degradación física, hay actividades cerradas, solares y alguna actividad inadecuada para su localización, pero esto ocurre con la mayoría de las áreas industriales de Madrid y de la región metropolitana.
Obviamente -además de la reciente crisis- la Operación Chamartín no ha incidido positivamente sobre el área que, de hecho, estaba ejecutando un proyecto de urbanización cuyas obras se paralizaron. Como habitualmente ha ocurrido en Madrid con la gestión del espacio de actividad económica, la presión de sustitución se usos -en este caso por la 25 años prometida Operación Chamartín- tiende a paralizar la actividad productiva en espera de los beneficios esperados de la renta del suelo, sin atender a los efectos negativos que supone para la economía de la ciudad.
En la primera propuesta presentada por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible se planteaba el mantenimiento en esta zona de una entonces todavía esquemática área de usos industriales y terciarios, pero en la propuesta aprobada inicialmente hace un mes por la corporación se propone arrasar este área de actividad y hacer desaparecer estos usos.
La cuestión es si las preexistencias productivas existentes en La Malmea constituían una oportunidad, tal como se expresaba indiciariamente en la primera versión del Plan propuesto por el gobierno de Ahora Madrid. Una oportunidad de reordenar este ámbito para el fomento de un espacio moderno que acogiera nuevas actividades manufactureras y servicios de arrastre o, incluso, un pequeño parque tecnológico orientado a la manufactura urbana.
Pero al parecer la economía real no está dentro de las preocupaciones de la corporación, que quizás debiera estar ahora mismo estudiando el comportamiento de estos nuevos sectores y empresas y el uso que hacen del espacio urbano y diseñando una decidida política al respecto, en lugar de concentrar sus esfuerzos en sustentar las cuentas del BBVA y las Torres del Capital.
