jueves 24/9/20
LA NUEVA 'PUERTA NORTE DE MADRID'

Un mediador para Chamartín

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se ha ofrecido para intentar limar las diferencias entre los promotores privados implicados en el desarrollo de la nueva 'Puerta Norte de Madrid'.

Un mediador para Chamartín

El Colegio de Arquitectos no es un mediador neutral, a pesar de su función cultural

Leo que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) se ha ofrecido para mediar entre el Ayuntamiento, por un lado, y el Ministerio de Fomento, el gobierno de la CAM y Distrito Castellana Norte (DCN), por otro, para intentar impulsar la gran operación inmobiliaria denominada en su origen Operación Chamartín, limando las diferencias entre los promotores privados implicados en su posible desarrollo, así como orientando la resolución de los pleitos jurídico-económicos entre las administraciones implicadas, con ADIF como operador ferroviario.

Me parece un gesto de buena voluntad, una generosa oferta por parte del COAM, pero poco apropiada e innecesaria.

En primer lugar, porque el Colegio de Arquitectos no es un mediador neutral, a pesar de su función cultural, pues al ser un órgano corporativo de unos profesionales llamados arquitectos (entre los cuales me encuentro), está lógicamente más ligado y proclive a los intereses de los promotores inmobiliarios, que al fin y al cabo son sus clientes naturales, de los que cobran sus legítimos honorarios. Lo cual no niega la función de un colegio profesional, como el COAM, al que  incumbe también la defensa de la calidad de la arquitectura y la ciudad.

En este caso particular no se puede obviar que el actual Decano, José María Ezquiaga, en su condición de profesional del urbanismo, con prestigio reconocido, participó en la redacción de dos propuestas de ordenación (2004 y 2009) cuyo diseño y aprovechamientos son muy semejantes a los del último proyecto desechado por el actual Ayuntamiento. Reconozco, sin reservas, la legitimidad de José María Ezquiaga para llevar a cabo estos trabajos profesionales, pero no puedo ocultar cierta reserva sobre su capacidad de mediador imparcial, ya que es difícil desligarse del carácter, los contenidos y las finalidades de unos trabajos realizados con esfuerzo y convencimiento.

En segundo lugar, para iniciar una mediación limpia y positiva, lo primero que deberían hacer tanto el Ministerio de Fomento y su filial ADIF, como la CAM, sería retirar sus reclamaciones económicas y los contenciosos administrativos planteados por cada uno de ellos. Cosa que no parece que tenga visos de realizarse, dadas las continuas declaraciones en los medios de comunicación tanto de la señora Ministra como de la señora Presidenta. Reclamaciones todas ellas sin fundamento sólido, según mi saber y entender, dada mi experiencia y conocimiento de los procesos urbanísticos.

Conviene aclarar que la cantidad de unos 700 millones que reclama ADIF al Ayuntamiento no resiste un razonamiento medianamente lógico que la justifique. ADIF tiene como finalidad la construcción de las infraestructuras ferroviarias y su mantenimiento con recursos económicos asignados en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, si en estos años ha iniciado la construcción del enlace Atocha-Chamartín o la extensión del ferrocarril hasta el aeropuerto de Barajas, no ha hecho otra cosa que cumplir con su función. Otra cosa es que en sus cálculos contase con que todo o parte del costo de estas infraestructuras pudiese resarcirse con las plusvalías generadas sobre los suelos de su propiedad en base al convenio suscrito en su día entre el Ayuntamiento, la CAM, el Ministerio y el BBVA. Unas plusvalías estimadas en función de una ordenación en la que se asignaban unas edificabilidades establecidas en el Plan Parcial correspondiente. Plan que no ha sido aprobado definitivamente por el nuevo Ayuntamiento, en su legítima y obligada responsabilidad en la forma y modo de proyectar y construir la ciudad. Es decir, los esperados recursos que pretendía recuperar ADIF eran un puro juego especulativo, en el mejor sentido de esta palabra, frustrado al decaer el convenio suscrito en su día.

En tercer lugar, las reclamaciones de pretendidos derechos por el socio privado y promotor encomendado (DCN), con el respaldo financiero del BBVA, tienen poco sentido por las mismas razones que hemos aplicado a ADIF. Los pretendidos derechos estaban basados en la consolidación de un planeamiento y un convenio urbanísticos que, como ya se ha dicho, han sido legítima y acertadamente anulados por el nuevo Ayuntamiento, habiendo perdido vigencia los cálculos de aprovechamientos y el reparto de las cargas y beneficios de cada uno de los firmantes del convenio repetidamente citado. En todo caso, se trata de una reclamación de un promotor privado frente al Ayuntamiento que, de mantenerse, será resuelta en vía contencioso-administrativa.

En este ambiente, con esta relación de actores en juego, creo que sobra la mediación del COAM y su Decano, que más bien viene a añadir confusión, otorgando al Colegio un papel que no le corresponde.

Personalmente opino que cualquier acuerdo bilateral entre el Ayuntamiento y los organismos públicos o promotores privados implicados debe formularse sobre la propuesta alternativa formulada por el Ayuntamiento, a la que se le ha dado el nombre de Madrid Puerta Norte y que se presentó públicamente, con toda formalidad y con la significativa presencia de la alcaldesa en el acto celebrado el día 10 de mayo de 2016. Solo sobre el mantenimiento firme de los criterios de ordenación, las magnitudes más significativas en cuanto a usos y edificabilidades y el proceso de ejecución propuestos por el Ayuntamiento cabe iniciar una negociación, una aproximación entre las partes implicadas.

Retiren por tanto el Ministerio y la CAM sus amenazas y pleitos para facilitar unas relaciones institucionales leales y fructíferas. Reconsidere DCN cuál pueda ser su participación en una relación consorciada con el Ayuntamiento para el desarrollo de la última propuesta municipal. Estoy seguro de que con estos replanteamientos podrá iniciarse el nuevo proceso para hacer realidad una operación urbanística, no solo inmobiliaria, que venga a completar el desarrollo urbano de Madrid en esta zona de gran valor estratégico, para bien del conjunto de los ciudadanos.

Con el mayor respeto y con las consideraciones que me he atrevido a plasmar en este escrito, termino reafirmando la innecesaria, inoportuna y,  me temo que negativa, presencia del COAM en la resolución de los desencuentros, reclamaciones y litigios que hoy impiden un relanzamiento de la Operación Chamartín bajo la nueva forma y contenido que alberga la denominación Puerta Norte de Madrid.

EDUARDO MANGADA
Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

Un mediador para Chamartín
Comentarios