“La consecuencia de este modelo de externalización es que la adjudicataria será la empresa que preste el servicio al menor coste posible", señala CCOO
pliegos de condiciones para hacerse con la gestión de los nuevos centros de atención a las víctimas de violencia machista en la comunidad de Madrid tienen como principal criterio de adjudicación la oferta económica más baja, según denuncia en un comunicado CCOO.
Y es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha licitado cinco nuevos centros por valor de 5,3 millones primando el criterio económico con una valoración de hasta el 70%, mientras que la valoración técnica del proyecto se valora en un 30%.
“La consecuencia de este modelo de externalización es que la adjudicataria será la empresa que preste el servicio al menor coste posible, y como ha venido sucediendo estos años la consecuencia será la reducción de recursos humanos y técnicos y por tanto una reducción en términos cuantitativo y cualitativos de la atención a las víctimas usuarias de los centros”, advierte el sindicato.
CCOO de Madrid lleva tiempo denunciando la reducción del presupuesto en materia de lucha contra la violencia machista, así como la no ejecución del gasto “lo que se ha traducido en menos medios, menos prevención, menos recursos en profesionales”.
El presupuesto de 2017 estaba aún 22 millones por debajo de lo presupuestado en el año 2008, pese a los leves incrementos que se vienen produciendo desde 2015. El Presupuesto de 2018 tampoco mejora el panorama, con un incremento de 1,1 millones, el 4,9%.
Según un informe de este sindicato, las cifras de víctimas a causa de la violencia machista en 2017 “han sido alarmantes”. Según datos oficiales, en la región habrían sido asesinadas 8 mujeres y dos menores, además de resultar heridas otras seis mujeres. Es decir, se han multiplicado por 4 el número de asesinatos en relación al año 2016.
CCOO Madrid vuelve a solicitar el incremento “de manera efectiva” de los recursos humanos y económicos en todos los ámbitos de la Administración regional que intervienen en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres -sanidad, educación, justicia y servicios sociales- y para ello “se hace imprescindible que dado que la Administración Regional no quiere asumir la gestión directa de los centros, al menos garantice a través de los Pliegos de Condiciones los recursos humanos y técnicos. Y para ello la oferta económica debe dejar de ser el criterio principal de adjudicación del servicio”, afirma el sindicato.
