jueves. 28.03.2024

El concejal Carlos Sánchez Mato (Twitter)Si algo ha demostrado la crisis financiera iniciada en 2008 es que las agencias de calificación de deuda (rating) cumplen un papel tan importante como poco transparente. No son pocos los gobiernos que todavía recuerdan el juicio periódico de las agencias como si del Juicio Final se tratara, pues unas pocas frases en un comunicado de prensa de alguna de ellas podían provocar una elevación extraordinaria de la prima de riesgo de la deuda y echar al traste meses de ajustes presupuestarios.

Con razón o sin ella, muchos piensan desde entonces que las agencias actúan con poca transparencia y movidas por algo más que la evaluación objetiva de la salud financiera de un país, una institución o una empresa. Aún así, se les sigue contratando y su parecer continúa siendo clave para certificar si alguien va a pagar lo que se le ha prestado.

Así que el Ayuntamiento de Madrid ha cogido el toro por los cuernos y, previo aviso, se ha plantado con luz y taquígrafos en la reunión periódica prevista con Standard and Poor’s, hasta diciembre uno de sus clientes/jueces, para explicarles su situación y planes financieros.

El concejal Carlos Sánchez Mato (en la imagen), representantes de su gabinete y responsables de las direcciones generales han presentado datos sobre objetivos financieros, prioridades presupuestarias, amortización de la deuda, inversiones, medidas fiscales y previsiones de crecimiento.    

El encuentro, celebrado en la sede del Área de Economía y Hacienda, se ha prolongado durante dos horas y media con las intervenciones del concejal Sánchez Mato; su directora de gabinete, Esther López Barceló; y representantes de Sector Público, Agencia Tributaria, Hacienda o Análisis Socioeconómico.

Según ha explicado el propio Ayuntamiento, en la sesión de trabajo se ha expuesto, “con datos contrastables, la solidez financiera de Madrid y la responsabilidad de esta corporación con el pago de la deuda, la atracción de inversiones y la suficiencia fiscal. También se ha aclarado la voluntad del Gobierno de no contraer más deuda, de financiar políticas públicas con recursos propios, de aumentar el gasto en unas áreas y reducirlo en otras. La atención a las necesidades de la ciudadanía es máxima prioridad" para el Consistorio el equipo que dirige Manuela Carmena.

Hasta ahí todo normal. Y a partir de ahí, todo nuevo, porque el Ayuntamiento ha informado posteriormente a la opinión pública de las preguntas formuladas por la agencia y, ante todo, de su sorpresa por las mismas, “alejadas -según el Consistorio- de los planteamientos objetivos de una calificación”.

“¿Están la esfera política y la técnica separadas?,¿hasta qué punto hacen caso omiso de informes técnicos si no les gustan?” preguntaron los representantes de la agencia

“¿Están la esfera política y la técnica separadas?,¿hasta qué punto hacen caso omiso de informes técnicos si no les gustan?” preguntaron los representantes de la agencia. "Como mínimo aplicamos el mismo rigor técnico que se mantenía hasta ahora", respondió Sánchez Mato, "no hay interferencias en el desarrollo de actuaciones técnicas". "Evidentemente han cambiado las prioridades políticas, pero no tenemos planes ocultos, ahora todo es transparente y público", ha explicado el concejal. 

Pero la sorpresa del Ayuntamiento no se ha quedado ahí, sino que se ha topado con la EMT. "Hemos escuchado la polémica con la Comunidad de Madrid y queremos saber si el Ayuntamiento aumentará sus transferencias", han planteado los representantes de la agencia. "No es ese el problema", aclaró Sánchez Mato, "no discutimos la aportación del Ayuntamiento, el problema es que el Consorcio Regional de Transportes ha incumplido sistemáticamente su responsabilidad, como dice la propia Intervención General".

Quizás por primera vez en su trayectoria, Standards and Poor’s se ha encontrado con que el que les paga –Ayuntamiento- ha decidido no callarse lo que le parece alejado del cometido técnico del contratado, aunque a este le parezca de lo más normal.

Por si faltaba algo, el Ayuntamiento no se ha mordido la lengua y ha recordado que “el pasado mes de octubre anunció que se planteaba no renovar los contratos con agencias de calificación después de diciembre. Será entonces cuando se comunique la decisión final al respecto”.

Habrá quien alabe la valentía del Consistorio. A otros les parecerá una temeridad absoluta. Pero quizás Manuela Carmena cree que, como no piensa emitir más deuda, se puede permitir el lujo de poner en su sitio a las agencias de rating. Sería como calificar al calificador o una nueva versión o del Burlador de Sevilla, que termina encontrando su justo merecido.

Lástima que los estados que, como España, tienen que pagar los intereses y devolver el capital de una deuda casi igual a su PIB se lo tengan que plantear mucho antes de dar un paso como el del Ayuntamiento de Madrid, al que en todo caso habrá que agradecer haber cumplido con su programa electoral y echado luz sobre las excesivas tinieblas de esa gente de nombres tan raros.

Ayuntamiento de Madrid desvela detalles de su reunión con Standard and Poor’s