El otro terrorismo en los años de plomo

Para justificar la existencia de ETA, hay quien explica el pasado manipulándolo, y nos cuenta así sus crímenes -a los que no son capaces de tachar de tales-, utilizando “los terrorismos paraestatales y la brutalidad policial” como el espejo donde la actividad de la banda nacionalista vasca se reflejaba y así acreditar, legitimar, sus andanzas.

Pues bien, como siempre, nada como recurrir al oficio de los historiadores para entender el pasado y comprender el presente. Voy, una vez más. Recurriré a dos de ellos, a dos auténticos especialistas: José Antonio Pérez Pérez y Fernando Molina. Ellos me ayudarán a explicarme. A explicar el pasado. El pasado reciente. Echemos un vistazo a lo que sabemos de la historia del presente en el caso referido al otro terrorismo en los años de plomo, a la violencia estatal y paraestatal.

ETA y la Historia

Es evidente que la violencia de ETA no fue la única violencia de signo político que se produjo tras la muerte de Franco. No lo fue entre los grupos izquierdistas radicales, desde luego. Pero no quiero referirme a esa otra violencia basada en el deseo de transformar la realidad a base de esparcir cadáveres sino a la de signo totalmente contrario: a la que quería revertir el ordenamiento constitucional o cuanto menos acabar con ETA de cualquier manera, yendo con todo.

A la violencia de los grupos de extrema derecha, casi siempre en connivencia con los aparatos menos transparentes del Estado, se unió desde 1975 (de julio de ese año es la presentación pública del que tal vez sea el primer grupo de extrema derecha, Antiterrorismo ETA, ATE; autodesvinculado de la Policía) el “uso abusivo y desproporcionado de la violencia” a cargo de las Fuerzas de Orden Público. Excesos y abusos que no sólo tuvieron lugar en la lucha contra ETA y que se extendieron a otras acciones de mero “abuso e impunidad policial”.

1975, acaba el franquismo

Sabemos que “entre 1970 y 1982, alrededor de una veintena de personas perecieron [en la actuación de los dispositivos de acoso o vigilancia contra el terrorismo etarra] y más de una treintena resultaron heridas por disparos de la Guardia Civil o la Policía […]. La mayor parte de las víctimas no tenía relación alguna con ETA ni presentaron resistencia”. Antes de que falleciera el dictador Francisco Franco, en aquel año 75, eran habituales las “detenciones masivas e indiscriminadas y los malos tratos y torturas en los interrogatorios”, todo ello al amparo del estado de excepción (del 25 de abril es el Decreto-ley por el que se declara el estado de excepción por tres meses en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya), que ya era de por sí una excepción a la mismísima excepción de la falta real de libertades jurídicas durante el franquismo todo. Como nos recuerda el historiador Pere Ysàs, “hay que aclarar que la dictadura franquista fue siempre un ‘estado de excepción’; la utilización explícita de tal mecanismo jurídico pretendía atemorizar a opositores y disidentes, anunciando una mayor dureza represiva, y facilitar la acción policial”.

Y no eran asimismo raras las acciones amedrantadoras contraterroristas institucionales al margen de la ley (que ya era por aquel entonces estar al margen): me refiero a las del Servicio Central de Documentación (SECED, creado en 1972 por el entonces subsecretario de Presidencia, Luis Carrero Blanco), las de Grupo Operativo del Servicio Secreto de Información (GOSSI), las de la sucesora de la Brigada Político Social, la Brigada de Investigación Social (BIS); que extendieron el terror llegando a quemar caseríos, como el del escultor comunista Agustín Ibarrola, quien, paradójicamente, años después sufriría pintadas en su contra del tenor de ‘ETA mátalo, Ibarrola español’.

En aquellos tiempos, la rama más activa de ETA era la llamada político-militar (los polimilis), y es contra ella contra la que el Estado actúa con mayor decisión, y acierto: en ella se infiltró un miembro del SECED, Mikel Lejarza, Lobo, cuya actuación logró que a partir de julio del 75 se detuviera a más de un centenar de etarras.

Como sabemos, el régimen franquista murió matando, ajusticiando. Del 27 de septiembre de 1975 son las últimas ejecuciones de la dictadura. El último Gobierno de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro, había promulgado a finales del mes de agosto el Decreto-ley sobre Prevención del terrorismo, donde la pena para quienes participaran en una situación de violencia de la que resultara el fallecimiento de algún servidor público sería la de muerte. A los pocos días son condenados a la pena capital dos activistas de ETA, y a las semanas son ya once quienes reciben esa misma sentencia, tres etarras y ocho miembros del FRAP. La presión de la comunidad internacional es muy intensa, y, por supuesto, en el País Vasco, las movilizaciones se generalizarán de una manera radical. Aunque un día antes el Consejo de Ministros aprueba seis conmutaciones de la pena de muerte, el día 27 de septiembre se ejecuta a cinco de aquellos penados: dos militantes de ETA, Ángel Otaegui y Juan Paredes; y tres del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena. Los ajusticiamientos incrementan poderosamente la repulsa internacional y los actos condenatorios dentro de las provincias vascas… (Sí, son los días en los que el músico español Luis Eduardo Aute escribe su memorable Al alba.)

La Transición, cuando ETA iba ganando

La consiguiente transición española a la democracia, la Transición, “se fue construyendo en el País Vasco sobre un enorme charco de sangre”. De hecho, cuando se le quiere achacar a aquellos tiempos, a aquel proceso social y político, su carga de maldad y de agonía y de violencia y de muerte, casi exclusivamente se suele acudir a la intervención sobre la realidad de la banda terrorista ETA y a la contestación más o menos institucional a su terror terrorista. En el País Vasco, al clima de violencia provocado por la propia existencia de ETA, “se sumó una explosiva situación social, que se tradujo en la mayor oleada de huelgas y conflictos laborales, que se produjo en 1976, cuando la crisis económica y el paro comenzaban ya a dejarse sentir con intensidad”. Y, en el entretanto, “las tramas de extrema derecha, amparadas por elementos de los aparatos del Estado”, dejaban constancia de su perturbadora existencia.

Ni la Ley de Amnistía ni la Constitución de 1978 aplacó a ETA, que seguía con su guerra, provocando un escenario donde sus avaladores sociales y políticos pudieran inventar la palabra conflicto para explicar (tramposamente) lo que ocurría en la nueva comunidad autónoma y en el conjunto de España. Una explicación que se sostuvo, malamente, pero se sostuvo, mientras a la violencia etarra se le contestaba con la violencia estatal o con la paraestatal.

Mientras ETA llevaba a cabo su mayor carga de terror, entre 1978 y 1980, asesinando a unas 250 personas, casi todas policías o guardia civiles, los excesos de las Fuerzas del Orden Público y las acciones parapoliciales fueron una contestación a aquella violencia amparada en una “práctica total impunidad”. Semejante actuación dejó al descubierto la incompetencia, la incapacidad en cualquier caso, de quienes dirigían el Ministerio del Interior, encabezado por Rodolfo Martín Villa, que no supo crear una ágil política antiterrorista que ayudara a lograr la colaboración de Francia para desmantelar “el santuario que ETA militar disfrutaba en aquel país”. No eran, así pues, extrañas las intervenciones ilegales contraterroristas de miembros de las fuerzas de seguridad, con o sin la connivencia de los más violentos ultraderechistas, que no consiguieron sino incrementar “el repertorio de agravios acumulados por una parte de la sociedad vasca” y darle alas a una “interpretación identitaria de la violencia política en el País Vasco”.

A mediados de 1980, Juan José Rosón se ponía al frente del Ministerio del Interior, también bajo un Gobierno presidido por el centrista Adolfo Suárez: se producía a partir de entonces un cambio trascendental en la lucha contra el terror de ETA y en la propia política de orden público, pues a la mejora ostensible en la coordinación entre las diversas instituciones responsables del combate contra la banda separatista vasca, manifestada de manera evidente en la creación del Mando Único para la Lucha Antiterrorista; se añadieron la mayor capacitación de los servicios de inteligencia y la decidida retirada de las capacidades de mando a los reconocidos ultraderechistas.

Se trataba de conseguir derrotar a ETA no sólo por medios estrictamente policiales sino dificultando a los terroristas el uso del relato que convertía al Estado democrático en una caterva de funcionarios torturadores que impedían a la sociedad vasca actuar libremente a favor de los postulados defendidos con las armas por sus guerreros.

“La práctica habitual de la tortura sobre los detenidos constituía uno de los legados más siniestros de la dictadura y su depuración fue un proceso lento, dependiente de las modificaciones que se fueron introduciendo en la legislación penal, el refuerzo de los procedimientos sancionadores internos y el propio interés que el estamento judicial y la clase política fue tomando en depurar responsabilidades”. Estamos en 1981, el año en el que la palabra tortura acaparó las noticias sobre la violencia en el País Vasco deparando una inestimable ayuda para los defensores de la existencia de ETA. Jose Arregi, de ETA militar, muere por las torturas a que se le sometió tras su detención; y sucede el llamado Caso Almería, el escalofriante asesinato de tres jóvenes a los que la Guardia Civil confundió con los terroristas etarras que acaban de matar a un teniente general. Las primeras movilizaciones, pequeñas, pero movilizaciones al fin y al cabo, contra el terrorismo etarra fueron desmovilizadas a raíz de ambos hechos luctuosos. k iba ganando.

Las operaciones de represalia contra quienes pertenecían o simpatizaban con ETA las llevaron a cabo “miembros de la Seguridad del Estado aprovechando la cobertura ofrecida por las diversas siglas de las bandas ultras”: Alianza Apostólica Comunista (Triple A), la ya citada ATE, Acción Nacional Española (ANE), Grupos Antiterroristas ETA (GAE), Batallón Vasco Español (BVE)… “Todo parece indicar que estos elementos funcionaron de forma autónoma, sin formar parte de ninguna estrategia antiterrorista clara”, como muestra la actividad a impulsos de pura respuesta a las acciones violentas de ETA militar que llevaron a cabo entre 1979 y 1981 los sangrientos ultraderechistas donostiarras Ladislao Zabala e Ignacio M. Iturbide contra quienes consideraron a su buen (a su mal) entender simpatizantes abertzales. Zabala e Iturbide se escondían en las siglas de la Triple A primero y del BVE después. Finalmente, fueron detenidos en marzo del año 81, digamos que a regañadientes porque el mando policial que hubo de hacerlo no actuó con la diligencia que el Estado de Derecho esperaría de él, lo que no quitó para que acabara siendo ascendido a jefe de información en la Policía.

Cabe decir que si 1980 fue el año más cruelmente sangriento en cuanto al terror esparcido por ETA (por las dos, por la militar y por la político-militar), lo fue también en lo que respecta a estas bandas ultraderechistas, que ese año asesinaron a veinte personas, en delitos que en su mayoría jamás fueron esclarecidos. Aunque el daño causado por uno y otros es incomparablemente favorable a la sangría terrible provocada por el nacionalismo terrorista vasco.

Estas violencias derechistas españolas fueron favorecidas o promovidas por “estructuras policiales anquilosadas” que estaban siendo en aquellos años reformados pero de una forma lenta y dubitativa por los diferentes gobiernos de UCD, tanto los de Suárez como los de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo. Quizás era donde las inercias del franquismo se mostraban más resistentes al cambio democrático: en la lucha contra el terrorismo. En cualquier caso, su mera existencia caló hondo entre quienes quisieron ver que “una violencia anulaba a la otra”.

Los GAL

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Autodesaparecida ETA político-militar, poco antes de la primera victoria electoral del PSOE liderado por Felipe González, la rama militar del terrorismo vasco siguió siendo en y a partir de 1982 la principal amenaza a la democracia española y el más destacado factor condicionante de la vida del País Vasco autonómico. Esa persistencia de la actividad terrorista y la ausencia de colaboración de las autoridades francesas ante el refugio perenne de los activistas vascos en el sur del país vecino es tenida por los historiadores como la causa de que los sucesores de UCD en las riendas del Estado se atrevieran a llevar a cabo estrategias irregulares para meterles el miedo en el cuerpo a los etarras en territorio francés y de paso intentar conseguir esa ayuda internacional que tardaría aún mucho en llegar.

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En efecto, se persistió en esa democráticamente anómala manera de combatir a los terroristas que venía de los tiempos de la Transición pero en esta ocasión con un añadido reconocible penalmente, pues los grupos contraterroristas, terroristas a su vez, “estuvieron bajo la dirección y financiación directa de los más altos cargos del Ministerio del Interior, entre ellos su máximo responsable, José María Barrionuevo, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, como demostrarían los tribunales de justicia en la década de los 90”. Es la llamada segunda guerra sucia.

 Los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) hicieron acto de presencia en este ambiente de plomo antes de tener ese nombre. A principios de 1983 ETA asesinaba al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Y de inmediato se inauguró “lo que iba a ser la tónica general de la segunda etapa de lucha ilegal contra ETA”. Agentes de la Guardia Civil llegan al santuario francés de los etarras y allí secuestran a dos de sus militantes, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Ya en España, se les asesina a los dos tras torturarles e interrogarles. Felipe Bayo y Enrique Dorado, dos guardias de la donostiarra comandancia del cuerpo en Guipúzcoa (al mando de la cual figura el general Enrique Rodríguez Galindo), están entre los responsables.

El 4 de diciembre, es secuestrado en la ciudad francesa de Bayona el francés del origen español Segundo Marey. Es un error, Marey nada tiene que ver con los terroristas vascos. Los que llevan a cabo la fechoría son varios mercenarios contratados por el subcomisario de Policía de Bilbao José Amedo Fouce, procesado más adelante y condenado por ello. Esta acción fallida, esta metedura de pata cruelísima, lleva ya la firma de los GAL. Como la llevarán numerosas acciones causantes de víctimas y heridos en absoluto vinculados con ETA ni su entorno.

Los GAL no actuaron apenas en suelo español, pero sin embargo quizás su asesinato más impactante sea el que cometieron el 20 de noviembre del año 84, cuando mataron a un dirigente de Herri Batasuna en Bilbao, Santiago Brouard. Aquel atentado fue inmediatamente asociado por una gran parte de la población, no sólo la vasca, al llamado terrorismo de Estado, y el rearme moral que con él recibió ETA fue enorme y perdurable. No es descabellado creer, máxime si uno hace caso de las declaraciones de uno de los responsables en el Ministerio del Interior de la lucha contra el terrorismo vasco, el general José Antonio Sáenz de Santa María, que los GAL fueron, y le cito ahora a él, “comandos” financiados con dinero estatal proveniente de los “fondos reservados” e integrados por “agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado” que tenían como finalidad recabar información y “promover golpes preventivos” contra ETA pero que actuaron con una desmedida capacidad de autonomía.

Los dos últimos atentados de los GAL causaron tres víctimas mortales, ninguna de ellas tenía vinculación alguna con ETA. Se cometieron en febrero de 1986 y julio de 1987.

El final de los GAL está ligado directamente con el final de la peculiar política antiterrorista de los gobiernos franceses reacia a colaborar en la erradicación verdadera del terrorismo etarra. La mayor cercanía española al espacio geopolítico común que era la Comunidad Económica Europea supuso alcanzar acuerdos bilaterales que fueron socavando aquella animadversión inadmisible de los dirigentes franceses hacia la necesaria convivencia española socavada por la actividad del terrorismo… y del estúpido y letal contraterrorismo tipo Gal. Cuando a partir de 1986, Francia siente y sufre en sus carnes el terrorismo, bien que de signo islamista, el cerco al acuerdo definitivo se estrecha. Los gobiernos socialistas españoles se vieron, a cambio, obligados a atar en corto a los comandos contraterroristas del sur de Francia.

Tal fue que los GAL sirvieron más para deslegitimar la lucha de un Estado democrático contra los terroristas que para amedrentar a éstos.

Hay evidencias de que existen “implicaciones directas de elementos del Estado en su financiación, participación y cobertura”. La justicia española lo ha dejado de manifiesto. Y es que, a diferencia del anterior contraterrorismo alegal, éste, que no formó parte de la Administración (aunque algunos cargos del Ministerio del Interior lo patrocinaran), fue perseguido legalmente por la propia justicia. Fue el final de la impunidad de aquellas prácticas. Y no puede ser tachado en modo alguno de terrorismo de Estado.

En suma: las dos violencias contra el terror

Durante la Transición (y aún poco después), hubo dos violencias que se salieron del Estado de Derecho para combatir al terrorismo nacionalista vasco. Ambas se solaparon a veces y ese solapamiento dio como resultado que fueran percibidas como una sola por los más radicales (consentidores y provocadores y) actuantes en el terrorismo etarra, una sola violencia que se percibió por esos sectores como una única estrategia que lo que pretendía era sojuzgar al pueblo vasco. Esas dos violencias fueron “los terribles excesos cometidos por las fuerzas de orden público” y “la actividad de las diferentes bandas de ultraderecha que mantuvieron durante un tiempo estrechos lazos con aquella”.

elotroterrorismo5Pero, si los números no le pueden al sentimiento sí ayudan a comprender la realidad. Entre 1968 y 2010, como se ha encargado de censar el historiador Raúl López Romo, las tramas paraestatales fueron responsables del 7% de los asesinatos políticos cometidos. El 92% restante está en el terrible haber de ETA y los grupos afines. Y, lo que es más importante, el terror de ETA tuvo sustanciosos apoyos en el País Vasco que constituyeron toda una estrategia política durante décadas. La violencia ultraderechista y parapolicial apenas contó con seguidores explícitos.

Todas las citas de este artículo, salvo las expresamente indicadas, pertenecen al texto ‘El monopolio de la violencia ilegítima: terrorismos paraestatales y brutalidad policial’, escrito por José Antonio Pérez Pérez y Fernando Molina (con “la atenta lectura y las sugerencias de Gaizka Fernández Soldevilla, Raúl López Romo y Txato Etxaniz”), perteneciente al libro Euskadi, 1960-2011 (dictadura, transición y democracia), una obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez y Juan Pablo Fusi.