Un artículo del periodista Álvarez Angulo explicaba las continuas arbitrariedades cometidas por la policía, incluidas las torturas
En el momento final del intenso período que fue desde la dimisión de Miguel Primo de Rivera hasta las trascendentales elecciones de abril de 1931, los socialistas denunciaron la arbitrariedad policial. En este sentido, Tomás Álvarez Angulo, activo periodista, empresario del cine, y que llegaría a ser diputado en las tres legislaturas de la República, publicó un largo artículo en El Socialista el 5 de abril de 1931, en plena campaña electoral, donde realizó un análisis de la situación policial heredada de la Dictadura de Primo de Rivera.
Debemos recordar que el 13 de febrero de 1930 Emilio Mola fue nombrado director general de Seguridad, que realizó una profunda reorganización de la policía gubernativa, reflejada en el Real Decreto de 25 de noviembre de ese mismo año que aprobaba un nuevo reglamento. La policía pasaba a depender directamente del director general de Seguridad, intensificando el poder de la policía. Mola generó un intenso rechazo entre la oposición del sistema. Este artículo se encuadra en este contexto, aunque la crítica incidía en los orígenes de la arbitrariedad en la Dictadura.
Álvarez Angulo explicaba que desde que se implantó el régimen dictatorial la policía se había convertido en un organismo autónomo, un “verdadero cantón dictatorial”, sobrepasando las competencias que tenía. Comparaba la policía en la Dictadura con la Checa rusa, al actuar durante aquel período con una severidad superior a la del propio gobierno dictatorial, tanto en su proceder coercitivo, como en su “acción autónoma”. Se había convertido en un poder represivo dentro de otro poder, habiendo procedido en muchas ocasiones por su cuenta, más allá de lo que determinaban sus facultades, y con una enorme crueldad. Había dejado de ser auxiliar del Ministerio de la Gobernación para convertirse en “Ministerio de la Represión”, absorbiendo las facultades de aquel y hasta del Ministerio de Justicia, porque encarcelaba, deportaba y perseguía sin orden judicial alguna, incluyendo la etapa actual, justo cuando el Gobierno estudiaba restablecer las garantías constitucionales, “restablecidas de hecho”.
Nuestro protagonista aludía a cómo había ciudadanos encarcelados por orden de la Dirección General de Seguridad a instancia de la Brigada Social durante cuatro años y más, enlazando quincena en quincena. En toda España había detenidos sin procedimiento judicial, a pesar de las declaraciones del ministro de Justicia. Es más, tenía probado cómo ante el requerimiento de Justicia para que se pusiera en libertad a los “presos gubernativos” de la Cárcel de la Madrid, en vez de hacerlo inmediatamente, fueron conducidos a la Dirección General de Seguridad para que allí se dispusiera en última instancia el destino que habría que darse a los libertados.
El texto explicaba las continuas arbitrariedades cometidas por la policía, incluidas las torturas, con denuncias, aludiendo a una concreta de esos mismos días en los que se escribió el artículo.
La Dirección General de Seguridad tenía que cambiar sus procedimientos, como exigía Álvarez Ángulo, porque se había creado para la seguridad de los ciudadanos, pero no para reprimir a los “hombres de ideas liberales”. Había que limitar sus facultades a su propia función, no permitiendo que encarcelase, deportase o detuviese de forma arbitraria, ni que emplease desproporcionadamente la violencia.
Para el socialista esta realidad era fruto de un concepto determinado que el poder público inculcaba a sus organismos auxiliares, y que se transmitía a sus agentes. Esto no ocurriría si se nombrasen responsables civiles en la policía que supieran de derecho, para que no se diera el “triste caso” de un director general de Seguridad (aludiendo, efectivamente a Mola) que, ante un requerimiento notarial por la clausura del Ateneo de Madrid, manifestase que no entendía de derecho. Así se explicaban tantos hechos represivos acontecidos en esos momentos.
En conclusión, los españoles no podían estar a merced de la arbitrariedad de ninguna autoridad.
El texto puede consultarse en el número 6913 de El Socialista.
