viernes. 29.03.2024
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El 17 de octubre de 2016 se presentaba en rueda de prensa en el Parlament, la “ley de reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo“, con la presencia del presidente de la Comissió per la Dignitat, Josep Cruanyes, abogado, historiador y miembro del Institut de Estudis Catalans. En un vídeo podemos ver como explica claramente el objetivo de esta ley y que pretende declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas, ya que estos eran ilegales y entonces sus procesos y sentencias eran nulas y sin efectos jurídicos.

Encuadra estos procesos y sus sentencias entre los años 1938 y 1975, ya que durante ese periodo, una ley ilegal desde Burgos, firmadas por el Ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer y Franco, derogaba el 5 de octubre (BOE del 8 de octubre de 1938) por la fuerza al Estatut de Catalunya, que había sido aprobado por la II República en 1932, bajo la legalidad republicana de la Constitución de 1931, y que tenia plenas competencias en justicia y estando plenamente activo en Catalunya hasta la derrota, en marzo de 1939, con sus tribunales, como el de Casación y el Procurador General de Catalunya.

La Ley de las víctimas del franquismo fue aprobada por mayoría en el Parlament de Catalunya el pasado día 19 de octubre, en un pleno en donde asistieron en la tribuna familiares de asesinados por esos consejos ilegales de guerra sumarísimos, como fue Luis Compayns, Presidente de la Generalitat, ejecutado el 15 de octubre de 1940, siendo Ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, y Salvador Puig Antich en 1975, ejecutado a garrote vil.

Siendo el promotor de la iniciativa Josep Cruanyes de la Comissió per la Dignitat, y que pertenece al Institut de Estudis Catalans, (IEC) me atrevo a recordarle que también esta institución cultural catalana, fue derogada por un decreto ilegal franquista, el de 19 de mayo de 1938, ya que desde Burgos se disolvió ilegalmente a la Junta Para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica, que estuvo activa hasta marzo de 1939 en los territorios republicanos de Madrid, Valencia y Barcelona, y que tuvo una estrecha colaboración con el IEC, especialmente durante la Guerra civil española, cuando la JAE se trasladó a Barcelona a finales del año 1937. Incluso, las sesiones tenían lugar en la sede del IEC, como queda documentado en las sesiones que tuvieron lugar. 

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Muchos fueron los científicos involucrados en defender la legalidad republicana, como mi abuelo el eminente doctor Luis Calandre Ibáñez, director del Hospital de Carabineros situado en la Residencia de Estudiantes y subdelegado en Madrid de la JAE, desde octubre de 1938, Tomás Navarro Tomás, el gran filólogo, Secretario de la JAE, el Dr Márquez, famoso oftalmólogo, Antonio de Zulueta, genetista, Ignacio Bolivar, los catedráticos de la Universitat de Barcelona y miembros del IEC, Joaquin Xirau, Pompeyo Fabra, Carles de la Riva, Augusto Pi y Suñer, Agustín Millares, que luego fueron duramente represaliados,con cárcel, multa depuración y exilio, como el Dr. Calandre, con tres consejos de Guerra sumarísimos, otro del Tribunal de responsabilidades políticas y otro del Colegio de médicos.

Mientras, se creaba el 24 de noviembre de 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en base a la ley ilegal de 19 de mayo de 1938. Sería una institución dominada por el Opus Dei, y un proyecto científico fallido, consecuencia de haber exterminado a la JAE y a sus científicos.

Por ello sería una buena ocasión, para que el valiente Parlament catalan, aprobara también, a iniciativa del Institut de Estudis Catalans, la derogación de ese decreto ilegal del 19 de mayo de 1938, (BOE del 20 de mayo de 1938), que ilegaliza a esos científicos españoles y catalanes, ya que, aunque el propio CSIC, lo ha reconocido como ilegal, tanto en una placa que tiene en su Campus (Edificio Rocasolano) desde el año 2010, como recientemente en el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de México, del investigador del CSIC, Miguel Ángel Puig Samper, no hemos conseguido que sea derogado, ni que sean reconocidos “jurídicamente“ a dichos científicos y su labor y llevamos casi diez años intentándolo desde varios colectivos y algún partido político.

Lo que propongo, estaría en la misma línea que la ley que acaban de aprobar en el Parlament de Catalunya, que rompiendo con la legalidad franquista y recuperando la legalidad republicana, nos abre el camino a la restauración de la III República española y dignificaría a esos científicos de la JAE, que tanto lucharon por defenderla.

Recuperando la legalidad republicana, a través de la ley de 'Victimas del franquismo'...