La Década Moderada a partir de 1844 fue fundamental en el asentamiento del modelo territorial centralizado provincial del Estado español
@Montagut5 | La organización territorial de Cataluña en la época liberal se ajustó al modelo de Estado centralizado a través de las Diputaciones Provinciales, pero con los vaivenes propios de la inestabilidad generada hasta la estabilización del Estado liberal con Isabel II.
Como precedente debemos recordar el proyecto afrancesado de José María Lanz, un ingeniero matemático al que el Gobierno de José Bonaparte encargó una profunda reforma territorial de España. El territorio se dividiría en prefecturas y subprefecturas, llevando las primeras el nombre de algún accidente geográfico importante, siguiendo el modelo francés centralista y uniforme, y que distorsionaba, en cierta medida, los límites de Cataluña. Para el caso concreto catalán se diseñaron la prefectura del Cinca y Segre con capital en Lérida y subprefecturas en la propia Lérida, Seo de Urgel y Talam; la prefectura del Ebro con capital en Tarragona, y subprefecturas en Tarragona, Tortosa y Alcañiz; la prefectura del Ter con capital en Gerona, y subprefecturas en Gerona, Vich y Camprodón; y la prefectura del Llobregat con capital en Barcelona, y subprefecturas en Barcelona, Manresa y Solsona. En 1812, Napoleón anexionó Cataluña a Francia, creando cuatro departamentos.
La Constitución de Cádiz creó las Diputaciones Provinciales. En su artículo 325 se establecía que en cada provincia existiese una Diputación para promoverla: fomento de la educación y de los distintos sectores económicos. La Diputación estaría presidida por el jefe superior y formada por el intendente y siete miembros elegidos. Al parecer, el carácter de esta nueva institución generó cierto debate, estableciéndose al final una especie de dualidad o equilibrio entre lo estrictamente representativo y lo puramente gubernamental. Con el general Lacy, como capitán general, se sustituyó la Junta Superior por la Diputación Provincial de Cataluña, constituida el 30 de noviembre de 1812. Al año siguiente, esta institución reclamaba la Casa de la Diputación a las Cortes.
La restauración del absolutismo provocó la abolición de la Diputación de Cataluña, como todo lo emanado de la Constitución de 1812. Con la llegada del Trienio Liberal se recuperó dicha Diputación, pero en 1822 se produjo un importante cambio. La Diputación Provincial de Cataluña, en realidad, podía considerarse como una organización que mantenía la estructura de Cataluña, algo que no terminaba de encajar en el liberalismo español que pretendía estructurar el Estado desde la base de las provincias, evitando instituciones que pudieran recordar los antiguos reinos. Ya en 1813 hubo un proyecto general, y en el que para el caso catalán se creaban tres provincias: Barcelona, Tarragona y Urgel. En 1822, como decíamos, se creó una cuarta: Gerona. Al final, el liberalismo estableció las cuatro provincias catalanas. Sobre las Diputaciones provinciales en toda España es fundamental una Ley de 1823 porque refleja el espíritu de control del poder central sobre las Diputaciones a través del jefe político, luego gobernador civil. La vuelta al absolutismo desbarató todo lo proyectado.
Como es sabido, la división provincial definitiva se produjo con el decreto de 30 de noviembre de 1833. Las nuevas Diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona no se establecieron inmediatamente, dada la inestabilidad política del inicio de la Regencia de la Reina Gobernadora. El Gobierno de Mendizábal dio un Decreto en septiembre de 1835 que estableció las Diputaciones, que luego encajarían en el sistema constitucional posterior.
La guerra carlista trastocó el modelo ideal. No olvidemos la importancia del carlismo catalán, por lo que se crearon Juntas ciudadanas encargadas de acopiar fondos para la guerra, siendo más operativas que las Diputaciones, en sí. Las Juntas estaban bajo la autoridad del capitán general, pero, curiosamente, este hecho, por su excepcionalidad, era más favorable a los intereses propiamente catalanes, ya que la máxima autoridad necesitaba el mayor apoyo posible frente al enemigo, y pactaba muchas decisiones, algo impensable en una institución bien reglada, como sería una Diputación provincial.
La Década Moderada a partir de 1844 fue fundamental en el asentamiento del modelo territorial centralizado provincial del Estado español. El sistema se estabilizó con la Ley de 1845. La Diputación se convirtió en un organismo consultivo y deliberativo, porque el poder decisorio pasaría al gobernador civil, representante del Gobierno. En el caso catalán habría que aludir también a la importante Junta de Carreteras, articulada en torno a las cuatro Diputaciones, y creación del general Pavía, y que tuvo una labor destacada en el desarrollo de las infraestructuras viarias catalanas durante el resto del reinado de Isabel II.
