Algunos conocidos me han preguntado, cuando hace ya casi un mes, me entregaron el certificado de reconocimiento y reparación del Dr Luis Calandre Ibañez, que si pensaba solicitar que se “anulara jurídicamente“ los consejos de guerra sumarísimos de mi abuelo”.
No entendía muy bien que es lo que yo podía hacer al respecto, ya que hace años, en el año 2007-2012, intente que se anularan esas sentencias que le condenaban, por auxilio a la rebelión, ante la sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Fue un largo proceso, desde el año 2007 que busque en el archivo militar los consejos de guerra sumarísimos, que no aparecían, hasta que finalmente, contrate a un abogado y solicite el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
El resultado fue decepcionante, ya lo comente en su momento, pues lo rechazaron, y no pude ni siquiera entrar en el fondo de la cuestión.
Algunas personas, me animaron a que siguiera en el Tribunal Constitucional, pero estaba ya cansada y me había gastado bastante dinero. No le veía futuro.
Ahora, leyendo el certificado del Ministerio de Justicia, me doy cuenta que mientras si reconocen que hubo dos consejos de guerra, con sus correspondientes sentencias, una absolutoria y otra condenatoria, el Tribunal Supremo, solo reconoció una sentencia, la condenatoria, Nº 63.831, pues dijeron que la absolutoria, la 24.548 fue anulada.
Esta anulación, siempre fue muy cuestionable, ya que lo hizo el auditor de guerra, mediante un decreto de 15 de abril de 1940, pero le faltaba el de la capitanía militar, así que, no se cumplió con la legalidad vigente en ese momento, tanto que se habla hoy en día, de que no se pueden anular las sentencias franquistas por ir contra la legalidad vigente de entonces (la seguridad jurídica).
Ya dudaba el Dr. Calandre, en su momento de que no llegara a ser firme, como podemos leer en su carta a su madre, Mariana, de 1940.
Lo único que se me ocurre, como ya he dicho en una reciente entrevista a la radio regional de Murcia, es que en la modificación de la Ley de la memoria que está preparando el Gobierno (donde se supone que van a anular todas estas sentencias y declarar ilegales esos tribunales), poner como ejemplo la sentencia del Dr. Calandre, donde claramente se ve, que va contra la propia legalidad franquista de ese momento, al dar por legal esa anulación de la sentencia absolutoria, como luego volvió a ratificar el Tribula Supremo, en su auto de 30 de marzo del 2012, con el voto discrepante de dos magistrados.
Y además, al ser Calandre, nombrado subdelegado de la Junta Para Ampliación de Estudios (JAE), en octubre de 1938, hasta el final de la guerra civil española, y por otro lado un decreto franquista intento, desde Burgos disolver el 19 de mayo de 1938 dicha JAE, traspasando sus bienes al Instituto de España
Aquí se va también contra la legalidad vigente, en este caso la republicana, bajo la que funcionaba la JAE en los territorios republicanos de Madrid, Valencia y Barcelona, hasta el final de la GCE en abril de 1939.
Posteriormente, tras la guerra, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se creó en base a ese decreto ilegal el 24 de noviembre de 1939, vulnerando la legalidad republicana.
Vemos dos legalidades, la republicana y el franquista fruto de un golpe de Estado.
¿Dónde está la inseguridad jurídica? Pues claramente dentro del propio CSIC, que lleva dentro de su seno la vulneración de la legalidad republicana.
