El 26 de junio de 1891 es una fecha importante en la Historia electoral española, ya que se aprobó el sufragio universal masculino
@Montagut5 | A raíz del cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas en España después de las celebradas en febrero de 1936 se nos ha recordado la campaña institucional para enseñar a votar a muchos españoles y españolas que nunca lo habían hecho, o para aquellos que habían podido hacerlo en el pasado, estaban ante una legislación electoral muy distinta. Pues bien, no fue la primera campaña para enseñar a votar. Cuando se reconoció el derecho al sufragio universal masculino en 1891, los socialistas publicaron en “El Socialista” unas instrucciones para que los obreros pudieran ejercer su derecho.
El 26 de junio de 1891 es una fecha importante en la Historia electoral española, ya que se aprobó el sufragio universal masculino, gracias a la labor del Gobierno de Sagasta, dentro de su programa reformista de signo liberal en el denominado Parlamento Largo. La discusión sobre el sufragio universal generó una intensa polémica en las Cortes. El proyecto comenzó su andadura con su lectura por parte de Moret en el Congreso a comienzos del mes de diciembre de 1888. La polémica estaba servida, aunque tardaría en producirse la discusión parlamentaria propiamente dicha, ya que no se produjo hasta mayo del año siguiente. El 23 de mayo de 1889 el diputado conservador Lorenzo Domínguez cargó contra el proyecto, pero se quedó allí. La discusión quedó aplazada hasta enero de 1890 cuando Sagasta presentó un nuevo Gobierno a las Cortes. Como vemos, pasó más de un año hasta que se puso en marcha realmente el proceso parlamentario, pero, como decíamos al principio, la polémica se desató desde el primer momento dentro y fuera del Congreso.
Los partidarios del sufragio universal se basaban en que era necesario por su íntima relación con el principio de la soberanía nacional, aunque en la Constitución establecía el principio de la soberanía compartida. Los liberales lo defendían porque era un compromiso político que habían adquirido, aunque en realidad Sagasta no era un fanático del mismo, pero era consciente que su aprobación asentaría más a la Monarquía, le daría una mayor legitimidad con el fin de intentar restar argumentos a los republicanos, que defendían claramente el sufragio universal. Este mismo argumento era aplicado por Sagasta para el caso de la Ley del Jurado. Al aprobar las dos leyes consiguió el apoyo del republicanismo posibilista que terminó ingresando en su partido. Un joven Canalejas se destacó en esta misma tesis cuando asoció la Monarquía con el sufragio. Aquella se fortalecería si podían participar más ciudadanos en el juego político. Otros liberales consideraban que el sufragio universal domesticaría a los obreros, apaciguaría el conflicto social. Este argumento iba más encaminado a convencer a los conservadores, siempre obsesionados con el orden, ya que no estaban interesados en ensanchar el derecho al voto.
Las primeras elecciones generales con la nueva legislación tuvieron lugar el 1 de febrero de 1891. En estas elecciones, como en las anteriores y en las sucesivas, se impuso la manipulación electoral propia del sistema de la Restauración. En relación a este fraude los socialistas hicieron multitud de denuncias que se reflejaron en las páginas de “El Socialista”, cuestión que merece un estudio monográfico.
Los socialistas fueron firmes defensores de la política. Conscientes que había que movilizar a los trabajadores para que ejercieran su recién reconocido derecho, publicaron unas instrucciones en “El Socialista” en el número del 23 de enero de 1891, una semana justo antes de las elecciones, para poder votar. Interesa, además, porque nos informa sobre el derecho electoral a finales del siglo XIX. Debemos recordar que desde el Sexenio no había habido elecciones por sufragio universal, por lo que había muchos obreros que no habían votado nunca.
Podrían votar los españoles varones mayores de veinticinco años que no estuvieran incapacitados y se hallaran censados. Los electores solamente podrían entrar en su colegio electoral, donde no se podrían introducir armas, palos, bastones ni paraguas, aunque se establecía la excepción de las personas que necesitasen apoyo.
Los funcionarios que impidieran el libre ejercicio del voto o dificultasen el examen de las urnas antes de las votaciones o de las papeletas en el escrutinio podrían ser condenados a penas de arresto mayor y multa que podría ir entre las 500 y las 5.000 pesetas. Si estos delitos fueran cometidos por los particulares se les castigaría con pena de arresto mayo en el menor grado.
Se podría requerir la identificación de un elector. Si se dudase sobre la misma y no portase la cédula personal, bastaría la identificación por parte de testigos. En caso de ser favorable, podría votar; un aspecto que desde nuestra perspectiva actual es llamativo.
No se podría votar en más de un colegio.
La votación sería secreta y seguiría un procedimiento estipulado. El presidente de la mesa electoral haría el anuncio de que comenzaba la votación. Los electores votarían uno a uno en orden, diciendo su nombre, entregando al presidente la papeleta doblada donde estaba escrito impreso el nombre del candidato. El presidente anunciaría en voz alta que el elector votaba. La papeleta en poder del presidente siempre debía estar a la vista general hasta el momento en el que fuera depositada en la urna.
En la papeleta se podrían borrar los nombres que se quisiera y poner otros manuscritos, algo que hoy provocaría la declaración de nulidad de ese voto. Cuando hubiese varios nombres escritos solamente se tendrían en cuenta los primeros seis (se alude al caso de la elección en Madrid). Los demás se tendrían por no escritos.
Todo elector podría pedir, en caso de duda, examinar las papeletas, derecho que debía ser concedido automáticamente por el presidente.
La mesa electoral se constituiría a las seis de la mañana. Antes de las ocho se abriría el local donde se verificaban las elecciones, que concluirían a las cuatro de la tarde.
