miércoles 16.10.2019

Las Diputaciones Provinciales en el siglo XX

La gran reforma de las Diputaciones provinciales se planteó en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera.

El Rey Alfonso XIII despachando con el general Miguel Primo de Rivera
El Rey Alfonso XIII despachando con el general Miguel Primo de Rivera

@Montagut5 | La gran reforma de las Diputaciones provinciales se planteó en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, a partir del conocido como Estatuto Provincial de marzo de 1925. Las Diputaciones se convertirían en corporaciones representativas con determinados fines relacionados con la creación, conservación y mejora de los servicios e instituciones. Para ello, había que establecer la consabida financiación. La Diputación pasaría a estar presidida por un diputado. El gobernador civil no tendría voto en las sesiones de la Diputación, y solamente los tribunales de justicia podrían suspender cargos o revocar acuerdos. Pero quedaba un resquicio para la actuación del gobernador, instrumento del gobierno, ya que podía suspender actuaciones de la corporación provincial en caso de infracción manifiesta de las leyes que generasen grave perturbación del orden público. El problema residía en que esto era al arbitrio del gobernador y, en última instancia, del gobierno.

La reforma provincial de Primo de Rivera se inscribe en la general de la administración no central del Estado que se intentó aplicar, y que incluía la local con el Estatuto Municipal de 1924. 57bf53aaa4e029ef35d89674f9eab126Se pretendía acabar con el caciquismo y dinamizar la administración, aunque realmente lo que se buscaba era crear una estructura afín al nuevo régimen. En todo caso, bien es cierto que la reforma de las Diputaciones de la Dictadura dejó consagrada la provincia como circunscripción territorial fundamental.

La Constitución de 1931 estableció en su artículo décimo, dentro del Título I sobre la organización nacional, que las provincias se constituían por los municipios mancomunados conforme a una ley posterior que debía dedicarse monográficamente a desarrollar esta unidad administrativa. La gran novedad sería que provincias limítrofes, dentro de una serie de circunstancias y cumpliendo una variedad de requisitos, podrían organizarse en región autónoma. Pero, realmente, la Segunda República no planteó grandes novedades en relación con el gobierno de las provincias ni con las Diputaciones provinciales.

El franquismo suprimió taxativamente todos los elementos o caracteres democráticos de las Diputaciones provinciales. Por otro lado, las Diputaciones adquirían más competencias de control sobre los Ayuntamientos. Se puede afirmar que la provincia ganaba terreno frente a la localidad en la dictadura franquista, pero también es cierto que, en última instancia, la Diputación y la provincia perdían poder frente al Estado, dentro del acusado centralismo de esta etapa histórica. Y lo hacían porque se creó la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que se hizo cargo de muchas atribuciones. Esta Comisión nació por la Ley de Bases del 17 de julio de 1945, desarrollada en la de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950. Fue una creación novedosa porque anteriormente no hubo nada parecido. La Comisión Provincial estaba presidida por el gobernador civil y se dedicaba al estudio y resolución de planes para el desarrollo de la cooperación provincial con los servicios municipales. La legislación posterior fue dotando de más competencias a estas Comisiones, y se fue perfilando la diferenciación de las mismas con las propias de las Diputaciones. Por fin, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 otorgaba las competencias urbanísticas provinciales a las Comisiones Provinciales de Urbanismo.

Las Diputaciones en nuestra época tiene funciones de colaboración con los Ayuntamientos y gestionan los intereses de cada provincia

La Constitución de 1978 consagra el artículo 141 del Título VIII a la provincia, que sería una “entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarían encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Como es sabido, las Comunidades Autónomas uniprovinciales no tienen ya Diputaciones. También conviene recordar el régimen especial de los Cabildos insulares en Canarias, los Consejos Insulares en las Baleares y el de las Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra.

Las Diputaciones en nuestra época tiene funciones de colaboración con los Ayuntamientos y gestionan los intereses de cada provincia. Están compuestas por un presidente, uno o varios vicepresidentes, la junta de gobierno y el pleno. Son órganos electivos por los concejales elegidos de los Consistorios de cada provincia. El número de diputados varía en función de los habitantes de cada provincia.

Las Diputaciones Provinciales en el siglo XX
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