MEMORIA HISTÓRICA

La burocracia sepulta la verdad de la Junta para la ampliación de estudios (JAE)

Hace un año, hice una petición al Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Peticiones, cuyo presidente es Jorge Fernández Díaz.

Solicitaba que se derogara el decreto de 19 de mayo de 1938 que disolvía a la JAE.

Aporte abundante documentación, asi como algunos artículos que había escrito sobre el tema de la JAE, desde el año 2007.

Como mi abuelo, el eminente Dr Luis Calandre Ibañez, había sido el subdelegado de la JAE durante los años 1938-39, pude incluir algunos documentos probatorios de su actuación en dicho periodo, desde la subdelegación de Madrid, que tenía en mi archivo personal y que obtuve en los archivos de la Residencia de Estudiantes y la Fundación Ortega y Gasset.

Según me informa el 21 de marzo del 2018 dicha Comisión, primero trasladó mi petición al Ministerio de la Presidencia y luego la respuesta vino del Ministerio de Justicia.

Este ministerio dio un informe, sin firmar, sin documentar, sin elaborar, y con una respuesta incongruente, y entiendo que dicho documento no tiene validez.

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Se basa en que no está vigente esta disposición de 19 de mayo de 1938 y tampoco la Orden posterior de noviembre del 2011, ya en que no es de carácter general. Y que ya han producido “sus efectos“.

Después de todo un año, que esta sea la respuesta dada por el Ministerio de Justicia a la Comisión de Peticiones, me parece un despropósito.

Por otro lado, todos los científicos que defendieron la legalidad republicana desde la JAE, como Tomas Navarro Tomas, Enrique Moles, Dr Calandre, Dr. Márquez, Antonio de Zulueta y muchos más, quedan como ilegales, pues ese decreto franquista de 19 de mayo de 1938 que no ha sido derogado.

En cambio si se consigue por parte del Ministerio de Justicia legalizar el franquismo de nuevo, y mantener su impunidad.

Añade, el Presidente de la Comisión de Peticiones, que: “se está a la espera de la remisión de otras informaciones requeridas por esta Comisión”.

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Le aconsejo al Sr Fernández Díaz, que solicite el completo dossier que enviamos en el año 2010 al Ministro de Justicia del PSOE, Sr Caamaño, solicitando el cambio de fecha de una placa que hay en la fachada del edificio del CSIC, Rocasolano, donde la fecha de finalización de la JAE ponía 1938 y nosotras, conseguimos cambiar a 1939.

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Con ello se reconoció la verdadera historia de esta institución científica durante la Guerra de España, y la de sus valientes científicos en apoyo del Frente Popular, y la legalidad de la Constitución republicana de 1931 que les amparaba, y que luego fueron duramente represaliados por el franquismo, con cárcel, depuración, multa y exilio.