La revista argentina Cítrica difundió un video en el que se puede observar cómo un grupo de policías de la localidad de Fontana, en la provincia de Chaco, irrumpe en la vivienda de una familia de la Etnia qom. La integrante de Asamblea Permanente por los derechos Humanos (APDH), Cecilia Solá, relató el episodio que incluyó violencia física y psicológica por parte de la policía contra hombres y mujeres de esa comunidad, y que contó con el encubrimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco.
El hecho sucedió el domingo alrededor de las 4 de la madrugada cuando un grupo de policías de la Comisaría Tercera entró a la casa sin ninguna orden legal que se los permitiera. Patearon la puerta y una vez dentro de la vivienda sometieron a la familia a una salvaje golpiza.
“Le reventaron la cabeza de un culatazo a una señora que preguntaba qué querían y sacaron a la rastra a cuatro jóvenes qom, entre ellos, una piba menor de edad. En la comisaría, les apagaron la luz, les dieron una paliza, los chicos tienen las caras y los cuerpos reventados a golpes y las chicas hablan de abuso, manoseo y de métodos de tortura. La policía puso la excusa de que cascotearon la comisaría. Aunque hayan o no hayan cascoteado, el grado de tortura y violencia que han sufrido esos jóvenes y sus familias es inenarrable”, relató Cecilia Solá.
El presidente Alberto Fernández repudió el hecho. Aseguró estar consternado por la violencia policial y exigió que se investigue con urgencia lo sucedido en el operativo. El representante de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, advirtieron que la discriminación racial en el caso de violencia por parte de policías ocurrido en la provincia de Chaco exige una investigación para evitar la “revictimización”. “Estamos consternados por la violencia con que se realizó este operativo. La función policial debe en todo momento observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la prohibición internacional de tratos crueles o degradantes”, comentaron en el comunicado de la ONU tanto Valent como Jarab, quienes expresaron solidaridad con las personas afectadas.
La violencia policial contra los pueblos originarios ha sido sistemática. Los integrantes de las diversas comunidades han denunciado abusos, pero la justicia los ha desestimado. Sin embargo esta vez el gobierno pretende considerar la marginación e invisibilización histórica que enfrentan las comunidades indígenas de Argentina, y ya ha puesto en marcha una investigación pormenorizada de estas denuncias.
