miércoles 27/10/21
ARGENTINA

Buenos Aires se moviliza por el derecho al aborto legal

Amnistía Internacional reclama a la máxima autoridad judicial de la Ciudad de Buenos Aires protección para las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

aborto argentina 2Amnistía Internacional reclama a la máxima autoridad judicial de la Ciudad de Buenos Aires protección para las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

La ciudad de Buenos Aires se moviliza este viernes en vísperas del Día de Acción Global por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En julio de este año, Amnistía Internacional presentó ante el al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una acción judicial con el objetivo de brindar seguridad a las mujeres que acceden a abortos legales en la ciudad y de que se declare definitivamente la inconstitucionalidad de las barreras a este derecho.

“Desde hace años las mujeres venimos reclamando nuestros derechos. El año pasado fue el reflejo histórico de ese reclamo. La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los escenarios más visibles de dichas manifestaciones. Actualmente, el TSJ tiene la oportunidad de remover las barreras que aún se interponen en derechos que ya deberían estar garantizados”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

¿Cómo es la situación del aborto legal en la Ciudad?

Hace siete años, la Ciudad de Buenos Aires intentó obstaculizar el acceso de las mujeres a servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de la resolución 1252/12 que incorporaba barreras adicionales a los requisitos que deben seguir las mujeres y niñas para acceder a un aborto legal de acuerdo al marco jurídico vigente.

Desde 2013 se suspendió parcialmente la vigencia de la resolución 1252/12; y si bien se han realizado abortos legales en la Ciudad, es obligación de todos los poderes de la Ciudad asegurar que sus regulaciones no sean contrarias al derecho vigente.

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Un breve recorrido histórico:

Marzo de 2012:  la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo “F.A.L” y encomendó a la Nación y las provincias la implementación de protocolos “para la concreta atención de los abortos no punibles” con el objetivo de remover las barreras de acceso a los abortos que son legales según el Código Penal.

Septiembre de 2012:  quien era el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, firmó un protocolo (resolución 1252/2012) de aborto no punible más restrictivo que lo planteado por la Corte Suprema.

27 de septiembre de 2012: la Legislatura porteña aprobó la ley 4.318, que regulaba “el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles”, que se adecuaba al fallo F.A.L.

Octubre de 2012: el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó a través del decreto 504 la ley 4.318 que había sido aprobada por la Legislatura y volvió a poner en vigencia el protocolo restrictivo firmado por Lemus (resolución 1252/2012)

2013: organizaciones de la sociedad civil (ADC, CELS, ELA y REDI) y la legisladora María Rachid junto con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentaron respectivamente acciones de amparo ante la máxima autoridad judicial de la Ciudad cuestionando la Resolución.

El Poder Judicial de la Ciudad dictó dos medidas cautelares que suspendieron los requisitos restrictivos que incorporaba la Resolución.

2018: seis años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó la acción presentada por las organizaciones y sugirió que la demanda sea presentada bajo otra figura legal.

Julio de 2019: atendiendo la sugerencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Amnistía Internacional presentó entonces una acción declarativa de inconstitucionalidad del protocolo restrictivo de derechos (resolución 1252/12).

La situación actual

El 17 de septiembre, el fiscal general adjunto, Juan Manuel Corvalán, entendió que la acción interpuesta resultaba admisible, y que correspondía entonces revisar la constitucionalidad de las barreras que incorpora la resolución.

Actualmente el Tribunal Superior de Justicia debe resolver si admite o no la acción presentada por Amnistía Internacional, que permitirá analizar la constitucionalidad de las barreras introducidas por la resolución 1252/12-.

Amnistía Internacional espera que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA se pronuncie a favor de habilitar la vía para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en la Ciudad y que brinde oportunamente una efectiva protección a sus derechos humanos, entre ellos al aborto legal.

Obstáculos del protocolo restrictivo (resolución 1252/2012)

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Fuente: Amnistía Internacional

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