Este domingo 26 de enero tuvieron lugar elecciones extraordinarias al Congreso en Perú. Como avanzábamos en el informe preelectoral, Perú dirimía así un enconado y largo contencioso entre el Legislativo, controlado por el fujimorismo, y el Ejecutivo de Vizcarra. De esta primera y fundamental contienda cabe extraer una lectura fundamental: no hay vencedores.
El ambiente de precipitación electoral propició que a 10 días de las elecciones las encuestas apuntaran a un voto viciado o nulo sin precedentes, ascendiendo a más del 40 %. Para una mayoría de peruanos que había de escoger entre 21 partidos y 513 candidatos para ocupar los 130 curules del Congreso de la República, ha sido un proceso inicialmente confuso que se ha traducido en una fragmentación elevada del número de votos.
Sumas imposibles para los intereses de Vizcarra y una nueva reordenación de fuerzas en el establishment de la derecha política peruana que podrá optar por hacer su propio juego o buscar reposicionarse abandonando definitivamente al fujimorismo
La segunda incógnita es ¿cómo se materializaría del desafecto con la política de los peruanos en unas elecciones en las que Congreso y Presidencia no se resolvían unidos? Se solventó con una participación menor a la habitual, del 76,49%, y un considerable descenso del voto en blanco, que se mantenía con mínimas variaciones promediando un 11,55% en los 3 comicios anteriores y bajó más de 10 puntos, a tan sólo 2,05%. Los votos nulos (o viciados, como se denomina en Perú a esta forma de voto protesta) se mantuvieron en la media, alcanzando un nada despreciable 15,95% (más que ningún partido participante).
Finalmente, respecto al reparto de fuerzas y a expensas de contar con los resultados definitivos de la ONPE (órgano electoral) que aún se demorarán y pudieran cambiar ligeramente las cifras, el conteo rápido ofrece un escenario de hiperfragmentación, en el que ninguno de los 10 partidos que superan la valla del 5% para poder acceder al Congreso supera la barrera del 10%, a excepción de Acción Popular (el histórico partido del expresidente Belaunde), con un pírrico 10,1% de los votos.
Partido a Partido
Como adelantaban las encuestas, los peruanos han expresado su descontento (y su desinterés por unas elecciones en las que no había grandes rostros disputando la Presidencia) optando por disgregar su voto. Para muestra un botón, el nivel de concentración de los dos partidos más votados Acción Popular (AP) y FREPAP, suman menos del 20% y menos lo que obtuvo en solitario el segundo partido, tanto en 2006 como en 2011.
Otro ejemplo: en 2006 los escaños se repartieron entre 7 fuerzas, en 2011 y 2016 entre 6. En esta ocasión subió a 10 el número de agrupaciones que van a tener bancada.
¿Cómo se materializaron los principales movimientos? A expensas de un más detallado análisis por regiones podemos afirmar que el fujimorismo -y especialmente el APRA- pagaron el coste de la corrupción. El primero pasa de ser primera bancada y controlar el Congreso a obtener un 7%, menos de la mitad de sus apoyos y una poco meritoria sexta plaza. El histórico APRA de Alan García desaparece del Congreso con un exiguo 2,6% de los votos.
Los ganadores de esta elección sin ganadores son dos partidos bien asentados y con estructuras territoriales sólidas en el Perú, ambos en el arco derecho y ambos tendencialmente obstruccionistas: AP y Alianza para el Progreso (APP). Su buen resultado da cuenta de la importancia de las maquinarias partidistas en una elección con pocos referentes nacionales claros y una fuerte lógica municipal/regional en la elección del voto.
La sorpresa la dieron, sin duda, los muy movilizados y activos ultrareligiosos del FREPAP que podrían estar siendo uno de los principales beneficiarios del derrumbe del fujimorismo en los estratos populares D y E. Con un 8,9% se alzan con el segundo lugar. Con un discurso neofascista de mano dura, huérfano con la caída del fujimorismo, habría obtenido réditos también el exministro Daniel Urresti, con el partido Podemos Perú.
Por el lado de la izquierda destaca con fuerza la pérdida de apoyos en el Sur del país, bastión tradicional del voto zurdo. En estas zonas la población habría optado por una versión radicalizada de las propuestas intervencionistas del Estado en la economía, y finalmente se ha decantado con claridad por Unión por el Perú, de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala y referente del etnocacerismo. Antauro Humala cumple condena de 19 años de cárcel en el penal Virgen de la Merced de Chorrillos por su implicación en una sublevación contra Alejandro Toledo en 2005. La etnocacerista evoca un pasado incaico idealizado y entronca con la tradición militar-nacionalista de Velasco en una suerte de amalgama nacional-socialista andina. Su capacidad para concentrar el voto en el Sur le permite tener la tercera bancada más numerosa a pesar de su séptimo lugar en voto.
De otro lado la sorpresa de la noche en la izquierda fue la superación de la valla electoral por parte de Juntos por el Perú, la apuesta in extremis del Nuevo Perú de Verónika Mendoza, que con exiguos recursos y todo en contra (partían en noviembre de un 0,7% en las encuestas y una marca electoral absolutamente desconocida) ha desarrollado una humilde pero imaginativa y meritoria campaña electoral que le ha valido una bancada electoral. Entre los congresistas de esta bancada destaca con fuerza Julio Arbizú, exprocurador de la República, que venció en el voto preferencial y se convirtió en un ícono de la lucha contra la discriminación en esta campaña. Un dato a tener en cuenta. Ni Unión por el Perú (UPP) ni Juntos por el Perú (JP) pasaban la valla en ningún simulacro.
El Frente Amplio, por su lado, retrocedió posiciones pero logró pasar la valla con solvencia y se verá beneficiado por el particular sistema de reparto de escaños por circunscripciones en Perú (con sólo 1% más que JP tendrá más del doble de diputados que este). La conocida como “cifra repartidora” de la ley electoral peruana en la práctica consiste en la clásica división de escaños por provincias. Es bien conocido que este tipo de sistemas electorales, en geografías con enormes disimilitudes en la concentración demográfica y con un número pequeño de escaños por repartir, acaba distorsionando enormemente la proporcionalidad leída a escala nacional. Entre las discusiones del nuevo Congreso está este espinoso asunto de difícil solución sin atentar contra la representatividad de las zonas más despobladas. En otros lugares del mundo se acabó por fusionar circunscripciones o aumentar el número de curules por circunscripción, ambas formas de aumentar la proporcionalidad. En cualquier caso, parece difícil que una reforma de este calado pueda adoptarse a tiempo de las elecciones de 2021.
Finalmente la decepción de la noche la pone el Partido Morado. El partido más claramente vizcarrista y el llamado a controlar el Congreso en los cenáculos limeños y tertulias de televisión hasta hace unos meses se descolgó al quinto lugar en votos y el octavo en escaños (9). Su capacidad de acción será mínima.
¿Quién controla el Congreso?
La respuesta es clara. Nadie. Si acudimos al reparto de escaños, los dos partidos que más curules obtienen suman 42 escaños, menos de los que tenía el partido más votado en las tres elecciones pasadas y mucho menos del número que garantiza la mayoría del Congreso, 66. Efectivamente, mientras que en el Congreso anterior Fuerza Popular tenía quórum propio ahora va a ser necesario que se junten al menos 4 fuerzas para aprobar cualquier ley.
La izquierda, con 17 escaños, está lejos de esa cifra. Aún con el centro-liberal de los Morados (9), los ubicuos de Somos Perú (7) y el etnocacerismo (17) apenas alcanzarían los 50 escaños.
De otro lado, no resultaría extraño ver votar (como en la legislatura anterior) a AP, APP y el fujimorismo, que podría aliarse con el partido de Urresti para sumar 64 escaños. En este caso, si el resto de fuerzas se le opusieran en bloque aún necesitarían al menos la abstención de los más volubles 7 votos de Somos Perú o de los religiosos del FREPAP para superar los 66 que impone la mayoría simple en el Congreso.
La suerte del nuevo Congreso estará marcada por la posibilidad de efectuar reformas políticas y electorales en un corto lapso de tiempo. Esta cuestión quedará supeditada a la voluntad política de las fuerzas mayoritarias y a la capacidad de negociación entre los diferentes actores. Pero lo cierto es que el Parlamento sólo puede aprobar normas que cambien las leyes electorales hasta un año antes de las elecciones generales, previstas para el domingo 11 de abril de 2021. Dado que los nuevos congresistas iniciarán sus labores en la primera quincena de marzo, tendrán menos de un mes para consensuar cambios en la legislación electoral que mejoren la calidad de la representación política y combatan la corrupción en los partidos. Esta es una de las preocupaciones de Martín Vizcarra, sin bancada propia en el Congreso, quien ve con buenos ojos la posibilidad de extender la fecha límite a través de un acuerdo político que modifique los plazos legales.
En definitiva, sumas imposibles para los intereses de Vizcarra y una nueva reordenación de fuerzas en el establishment de la derecha política peruana que podrá optar por hacer su propio juego o buscar reposicionarse abandonando definitivamente al fujimorismo para plantarle cara a un 2021 en el que, presumiblemente, el bloqueo tendrá malos réditos y Del Solar, el delfín de Vizcarra, ya apunta alto. Veremos.
