Estamos navegando por mares turbulentos. Nuestro continente se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, la que no solo amenaza la vida de las personas, sino que también está siendo utilizada en algunos países para generar incertidumbre sobre la estabilidad de la democracia.
Parece obvio que para abordar con éxito la pandemia es necesario apelar a características inherentes a la democracia, como la participación ciudadana, libertad de expresión, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. Sin embargo, no es tan obvio cuando observamos en la región que algunos gobiernos buscan ampararse en la profundidad de la crisis para ir limitando paulatinamente normas e instituciones democráticas y degradarlas a tal punto que no quede evidencia alguna de sus ventajas y fortalezas. Por ello, aquellas restricciones transitorias que pueden estar justificadas por la situación excepcional que se vive tienen que estar sujetas a un estricto control institucional y social.
No se puede pronosticar cuáles serán todos los alcances sanitarios de la pandemia, pero sí sabemos que estamos ante la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con graves consecuencias sobre el empleo, la pobreza y la reducción de la desigualdad. La CEPAL afirma que América Latina tendrá una contracción económica promedio de - 5.3 % para 2020, una caída del empleo que bordeará el 4%, y un incremento de la pobreza de 4.5%, y de la miseria en algo más de 2 puntos. Esto implicará 270 millones de personas en la pobreza y 80 millones en la miseria. Las cifras llevan rostro humano, hombres y mujeres, niños y adultos mayores, los más vulnerables y vulnerados, los que habitualmente pagan los costos más altos en cada una de las crisis que se abaten sobre el continente, evidenciando que estamos todos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco.
En esta hora difícil e incierta, el miedo y el pesimismo parecen prevalecer en la mayoría de las personas. Pero no podemos resignar la esperanza. Si lo hacemos facilitaremos el camino al autoritarismo. Habrá una post-pandemia y ella no es solo incertidumbre, también es desde ya un escenario en construcción. Por ello es válido preguntarnos ¿qué enseñanzas sacamos de esta crisis? ¿qué es lo que realmente tiene valor para cada uno de nosotros? ¿en qué mundo queremos vivir?. Y las respuestas que ya emergen en el debate público conllevan deseos, intereses y también posturas ideológicas.
La pandemia nos obliga a repensar nuestras prioridades, las que tenemos que insertar en el escenario de una nueva economía moderna, solidaria y compleja orientada a un bienestar con igualdad y sostenibilidad
Para algunos, la post- pandemia parece ser solo el fin de un paréntesis, luego del cual retornaremos, quizás con algunas correcciones, a la primacía de un modelo concentrador de la riqueza, que delegó la distribución de bienes básicos en el mercado, minimizó el protagonismo del Estado y causó daños irreparables al medio ambiente.
Pero también, el efecto sísmico que ha producido esta crisis en el mundo está convocando a una amplia tendencia que buscará desplazar las fronteras de aquello que se nos ha mostrado hasta ahora como lo único posible y sensato, pero que en estos meses desnudó su extrema fragilidad ante la emergencia sanitaria del COVID 19 y sus consecuencias económicas y sociales.
Esta tendencia que busca abrir nuevos horizontes para la sociedad y la naturaleza, para ser eficaz, debe tener la voluntad de aunar esfuerzos, de convocar a los más amplios sectores en el plano global, regional y nacional, estimular espacios de acuerdo y sobre esa base ir construyendo una agenda con propuestas concretas y mecanismos de incidencia eficientes.
En esa perspectiva un primer asunto que estimamos fundamental es hacer de la salud un bien público global. La experiencia de este tiempo hace evidente que hay que contar con fuertes y eficaces sistemas públicos de salud y hacer que uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, el derecho a la salud, se haga efectivo a todas las personas. Esto requiere de arquitecturas financieras sólidas, de una planificación normativa y operativa y de la articulación del Estado y la sociedad civil.
En la medida que se logre ir conteniendo la crisis sanitaria deben volverse a encender los motores de la economía. Pero no para retornar a la situación anterior a la pandemia. Sería irresponsable. Ni el Estado, ni las empresas, ni los consumidores podrán ser los mismos. Tenemos que repensar juntos en una nueva economía, solidaria, circular y en la sostenibilidad ambiental. Tenemos que encaminarnos hacia nuevos modelos de desarrollo, donde las políticas fiscales progresivas y la cooperación internacional jugarán un rol determinante.
Se abre ante nosotros la oportunidad de hacer emerger una sociedad diferente de esta profunda crisis. Como afirma la CEPAL, "estamos ante una encrucijada civilizatoria. O se regresa a una globalización concentradora y autoritaria, o vamos hacia una más democrática con un nuevo paradigma de desarrollo que reconozca la interdependencia social, ambiental y económica".
Entre la salud y la economía está la bisagra de la crisis climática. Los hechos son contundentes. Si no modificamos radicalmente la relación con la naturaleza, el bienestar, el desarrollo y sobrevivencia de la especie humana estarán seriamente comprometidas. El actual modelo de producción, extracción, acumulación y consumo es incompatible con el desafío que representan la mitigación y adaptación al calentamiento global. Cuanto mejor gestionemos nuestros vínculos con la naturaleza, mejor gestionaremos la salud humana. Cuando los motores de la economía vuelvan a acelerarse, la naturaleza deberá ser parte de una economía diferente y de una forma distinta de vida. La salud de las personas y la salud del planeta son una y la misma cosa. ¿Tendremos todos la sensatez y voluntad política para avanzar en esa dirección? Los hechos nos enseñan que nada de esto será automático. Habrá que trabajar con decisión para conseguirlo. Aunque parezca absurdo este también es y seguirá siendo un ámbito en disputa.
Para los consumidores y sus organizaciones representativas, la salud, la alimentación saludable, la protección del medio ambiente, son temas habituales en sus agendas de trabajo. Ahora y como consecuencia de un desempleo que alcanzará a más de 40 millones de personas será necesario poner en primer plano ese derecho principal de los consumidores, que es acceder en plenitud a bienes y servicios básicos para la vida: alimentos, vestuario, salud, educación, saneamiento. Un derecho que se formuló por primera vez en 1979, en coincidencia con propuestas de la Organización Internacional del Trabajo.
Los consumidores y consumidoras están sintiendo con fuerza el impacto de la crisis en sus ingresos y estabilidad laboral. A ello se suma que la pandemia ha mostrado fragilidades en los sistemas de protección del consumidor para enfrentar con eficacia y dar solución a un conjunto de derechos que están siendo afectados. No es casualidad que en varios de los países de la región hayan aumentado los reclamos en un conjunto de mercados similares, tales como las telecomunicaciones, el e-commerce, el turismo, los servicios financieros y la educación. A lo cual hay que sumar las molestias y protestas por las alzas injustificadas de precios y el acaparamiento de productos esenciales para la salud.
La pandemia nos obliga a repensar nuestras prioridades, las que tenemos que insertar en el escenario de una nueva economía moderna, solidaria y compleja orientada a un bienestar con igualdad y sostenibilidad. Una economía que estimule, entre otros factores la producción de alimentos saludables, el desarrollo de energías renovables, de bienes de larga duración y bajo consumo de energía. Y como se ha señalado repetidas veces desde las organizaciones de consumidores, otras organizaciones sociales y la propia academia, se vayan eliminando los alimentos industriales no saludables, la producción con obsolescencia programada, el sobreendeudamiento que agobia hogares, los servicios básicos con rentabilidades monopólicas.
En estos procesos el rol del Estado será irremplazable, como un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. En la pandemia esto se mostró con creces, no solo en el ámbito de la salud, y las políticas sociales, sino incluso acudiendo en apoyo de miles de empresas de diferente tamaño.
Será necesario promover la elevación de los estándares de las agencias de protección del consumidor, muchas de las cuales no cumplen, por diferentes razones con eficiencia el rol que la sociedad requiere y espera de ellas. También ayudará a estos procesos acelerar la actualización normativa y el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores en aquellos países donde todavía no se ha implementado
Los antiguos y nuevos problemas de los consumidores y consumidoras tienen su causa de fondo en los problemas estructurales de los modelos de desarrollo predominantes. Por ello, como Fundación, y al mismo tiempo que participamos de iniciativas solidarias en la coyuntura, hemos decidido asumir estas causas, en conjunto con todas aquellas organizaciones e instituciones, preferentemente de la sociedad civil, que buscan abrir esos nuevos horizontes para la sociedad y la naturaleza, siempre sobre la base de un diálogo amplio y viendo en la democracia el único camino posible para construir una mejor sociedad.
Juan Trimboli | Presidente Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable | Santiago de Chile
