sábado 8/8/20

Los militares brasileños, la democracia y la pandemia

Un miembro del Tribunal Supremo advierte que el Ejército se está asociando con el genocidio del Covid-19.

Bolsonaro en un desfile militar en julio de 2019.
Bolsonaro en un desfile militar en julio de 2019.

@jgonzalezok | A pesar de que Brasil es el segundo país del mundo más comprometido por la pandemia del Covid-19 -después de EEUU, con más de mil muertos por día-, el ministerio de Salud está interinamente en manos de un general en activo, Eduardo Pazuello, desde el pasado 15 de mayo. El anterior ministro, Nelson Teich, había durado menos de un mes en el cargo. Renunció cuando se dio cuenta que era imposible convencer al presidente, Jair Bolsonaro, de la necesidad de tomarse en serio la enfermedad y tomar las medidas que recomiendan los científicos, empezando por el confinamiento. El antecesor de Teich, Nelson Mandetta, fue cesado por Bolsonaro por las mismas razones.

El general Pazuello lleva, por tanto, dos meses al frente de un ministerio para el que no tiene ninguna idoneidad. Aunque su nombramiento tenía carácter provisional, ha nombrado a otros 30 militares en puestos clave de dicha cartera, sin experiencia previa en el área de salud. Y ha dado prioridad al tratamiento con cloroquina, como pregona el presidente, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que el tratamiento sea eficaz contra el coronavirus. Es más, hay científicos que advierten de graves daños colaterales.

Hasta la aparición de la pandemia, el ministerio de Salud no formaba parte del bloque ideológico del gobierno, que se centró en carteras como Educación, Derechos Humanos, Familia y Mujer. Pero después del paso de los ministros Mandetta y Teich por el ministerio, el manejo del mismo se ha politizado para seguir los dictados y las políticas ultraderechistas de Bolsonaro.

Brasil registró el primer caso de coronavirus el pasado 26 de febrero. Hasta este 14 de julio el número de muertos llegaba a 72.921 y el de infectados a casi 1,9 millones. El ministerio de Salud, bajo el comando del general Pazuello, cambió los criterios de divulgación de los datos, en lo que parece un intento de falsear los mismos, por lo que los principales medios de comunicación se unieron para hacer un recuento propio.

Uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acaba de hacer unas polémicas declaraciones, que tensan aún más la relación entre el gobierno, los militares y la Justicia. Dijo Mendes, refiriéndose al manejo de la pandemia por parte del gobierno: “No podemos tolerar más la situación que se está dando en el ministerio de Salud. Es inaceptable que exista ese vacío de poder. Se puede decir que la estrategia es sacarle protagonismo al gobierno federal y atribuir la responsabilidad del control de la pandemia a los estados y municipios. Si fuera esa la intención, es necesario hacer algo. Esto es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas”. Pero la frase más polémica vino a continuación: “Es necesario decirlo claramente, el Ejército se está asociando a este genocidio, y eso es inaceptable”.

Los comandantes de las tres fuerzas, Edson Pujol (Ejército), Ilques Barbosa (Armada) y Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea), junto al ministro de Defensa, Fernando Azevedo, emitieron un comunicado que dice: “Comentarios de esta naturaleza, completamente alejados de los hechos, causan indignación. Se trata de una acusación grave, además de infundada e irresponsable. El ataque gratuito a instituciones del Estado no fortalece la democracia”.

El gobierno de Jair Bolsonaro -un ex capitán del Ejército con una pobre hoja de servicios, que se caracterizó por varios episodios de indisciplina-, llevó a los militares al centro de la vida política del país. Su vicepresidente es el general Hamilton Mourão. Se calcula que hay unos 3.000 militares designados en distintos cargos civiles. Y hay nueve militares en cargos con categoría ministerial, encabezando las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Minas y Energía, Infraestructura, Gabinete de Seguridad Institucional, Defensa, Secretaría de Gobierno y Controladuría General de la Unión. Bolsonaro superó así los militares que tenían algunos gobiernos durante la dictadura (1964-1985): los generales João Figueiredo, Ernesto Geisel y Emílio Garrastazu Médici, tuvieron 7 uniformados en sus gabinetes ministeriales. El general Costa e Silva tuvo ocho ministros militares. Y solo quedó por detrás de los 12 que tuvo el general Castelo Branco.

Bolsonaro suele referirse a las Fuerzas Armadas como “nuestras fuerzas”, sugiriendo una unidad de pensamiento entre él y los cuarteles, aunque se sabe que su influencia está sobre todo en los rangos más bajos

Bolsonaro suele referirse a las Fuerzas Armadas como “nuestras fuerzas”, sugiriendo una unidad de pensamiento entre él y los cuarteles, aunque se sabe que su influencia está sobre todo en los rangos más bajos. El pasado 19 de abril, el presidente se subió a la caja de una camioneta frente al comando en jefe del Ejército, en Brasilia, para dirigirse a un grupo de seguidores que pedían una intervención militar, con Bolsonaro a la cabeza. “Se acabó la época de la indecencia”, “ahora es el pueblo en el poder” y “no queremos negociar nada”, fueron algunas de las polémicas frases que lanzó el mandatario, dejando poco lugar a la imaginación de lo que quería decir.

El politólogo Octavio Amorim Neto, de la Fundación Getulio Vargas, dijo recientemente al diario O Estado de S. Paulo que la decisión del presidente de involucrar a un gran número de militares en su gobierno estableció una enorme ambigüedad en relación al lugar de las FFAA en la política: “El proceso debilita el control civil sobre las corporaciones, hace menos transparente la política de un régimen democrático y es perjudicial para los uniformados”.

Teniendo en cuenta que la dictadura acabó hace 35 años, hay generaciones de brasileños que no vivieron la dictadura. Pero siempre hubo grupos de uniformados que no soportaron que los gobiernos posteriores a 1985 fueran erosionando su poder. La decisión de crear un ministerio de Defensa, para colocarlos bajo el control civil, fue una decisión del presidente Fernando Henrique Cardoso, en 1999. Con el gobierno del PT (Lula y Dilma), fue creciente el número de civiles que intervinieron en la elaboración de documentos relativos a la Defensa. Y la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad (diciembre de 2014), sobre los crímenes de la dictadura, aunque no llevó a ninguno ante la Justicia, supuso una humillación con la publicación de los nombres.

Pero las Fuerzas Armadas, como institución, han expresado también discrepancias con el gobierno. No quieren verse pegados a las acusaciones de distinto tipo, incluyendo algunas de genocidio que podrían llegar al Tribunal Penal Internacional de La Haya. No solo por el manejo irresponsable y criminal de la pandemia, sino también por haber desprotegido a la población indígena, especialmente vulnerable al coronavirus.

Brasil tiene unas Fuerzas Armadas compuestas por unos 400.000 hombres en activo, con estructuras de salud y educación propias. El sistema salarial se puede considerar privilegiado en comparación con el resto de la sociedad. Con la reciente reforma del sistema previsional salieron favorecidos. Y mantienen una justicia militar con un tribunal supremo propio.

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