El Pleno del Congreso de la República de Perú rechazó la propuesta para realizar elecciones generales en diciembre del 2023. Solo 49 congresistas votaron a favor de la misma y no se alcanzaron los 66 votos que, por lo menos, se requieren para que luego sea ratificado vía referéndum.
Fueron 33 los legisladores que votaron en contra de esta nueva propuesta de adelanto de elecciones, la cual fue presentada hoy por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.
La misma planteaba que el mandato de la presidenta Dina Boluarte, del Congreso y de los representantes del Parlamento Andino terminase en abril de 2024.
El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) presentó una reconsideración a la votación. Tras ello, el presidente del Legislativo, el general EP (r) José Williams Zapata, decidió suspender la sesión del Pleno.
Las bancadas que votaron en contra de este proyecto de adelanto de elecciones fueron Avanza País (8) y Perú Bicentenario (5). De igual forma, congresistas de Renovación Popular (5), Acción Popular (4), Perú Democrático (4), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (2), Integridad y Desarrollo (2), Alianza para el Progreso (1), Perú Libre (1) y No Agrupados (1).
La decisión del Congreso se da en un contexto de protestas en diversas regiones del país cuya consigna principal era el adelanto de elecciones.
Inicialmente, Dina Boluarte había indicado que trabajaría con el Congreso para que los comicios se realizaran en abril del 2024, pero luego aceptó que el proceso electoral podría adelantarse a diciembre del 2023.
Más de 20 fallecidos viene provocando la militarización del país decretada por el gobierno de Dina Boluarte para intentar reprimir la protesta ciudadana que pide el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
A estas alturas, el gobierno peruano ha perdido toda legitimidad y la indignación contra el Congreso se acrecienta por los heridos y muertos que se incrementan cada día.
Al mediodía de hoy se conoció la renuncia de los ministros Patricia Correa, de Educación, y de Jair Pérez, del sector Cultura, miembros del gabinete de Dina Boluarte.
El Congreso decidió ampliar la actual legislatura hasta el 31 de enero y viene discutiendo el adelanto de elecciones, pero también tiene en agenda algunos proyectos lesivos como el que afecta a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial y el de los Comités de Autodefensa.
La Defensoría del Pueblo anunció el viernes 16 que ha interpuesto una denuncia penal ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos de Huamanga, Ayacucho.
La finalidad es que se determine la responsabilidad por las graves vulneraciones que han afectado la vida y la integridad de las personas. Indican que realizarán una supervisión exhaustiva sobre las investigaciones, a fin de evitar la impunidad.
De igual modo, cinco abogados de Ayacucho presentaron una denuncia penal por delitos de lesa humanidad en la que se registran vídeos, fotografìas y otras pruebas documentales de las agresiones.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió al Ejecutivo y al Congreso dar una salida urgente a la crisis y detener la militarización y la violencia contra manifestantes.
En conferencia de prensa sostuvo que sacar a las fuerzas armadas a las calles no era la medida adecuada para controlar la situación pues ellas no están preparadas para el orden interno.
La consecuencia es la violencia indiscriminada de las fuerzas armadas y policiales en las protestas en diferentes partes del país y el asesinato de ciudadanos por armas de fuego.
Luis Villanueva, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), exhortó al Congreso a adelantar las elecciones para diciembre de 2023 y que se declaran en movilización permanente.
Cabe destacar que la CGTP – como gremio nacional – lideró el jueves 15 movilizaciones ordenadas y pacíficas en diversas partes del país al igual que organizaciones indígenas en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y la selva central.
La representante del Centro Federado de la Pontificia Universidad Católica del Perú expresó su rechazo al estado de emergencia y narró de qué manera este viene siendo usado para reprimir arbitrariamente a los estudiantes.
De otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que aceptó la invitación formal por parte del Estado para realizar una visita al país.
La visita técnica de la Secretaría Ejecutiva se efectuará del 19 al 21 de diciembre y habrá una segunda visita del Relator país, en enero de 2023.
Salida a la crisis
Los congresistas Susel Paredes, Guillermo Bermejo y Ruth Luque, entre otros, coincidieron en que la crisis de legitimidad del actual gobierno es tan endeble que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar.
El espúreo gobierno de Manuel Merino fue vacado por la muerte de dos jóvenes: Inti Sotelo y Brian Pintado y el actual tiene en su haber la responsabilidad política de más de veinte muertos.
La renuncia de Dina Boluarte daría lugar a un proceso de transisión donde la presidencia la llevaría temporalmente una personalidad independiente que genere confianza en la ciudadanía. “Un Valentín Paniagua 2.0” dijo Bermejo.
De ningún modo podría ser el actual presidente del Congreso de la República José Williams Zapata, un militar retirado, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y cuestionado por algunos antecedentes cuestionados.
De otro lado, la Defensoría reportó a las 6.41 p. m. que los fallecidos a consecuencia directa de las protestas suman 17 personas, y las fallecidas a consecuencia de ellas son 5, con lo que la cifra total alcanza 22 personas muertas por los acontecimientos.
Fuente : Servindi
