jueves. 03.10.2024
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Foto: Amnistía Internacional

La estrategia de la Unión Europea está siendo objeto de feroces críticas por parte de algunos comentaristas y opinadores, especialmente de los euroescépticos, por el ritmo de la campaña de vacunación. Sería útil que estas voces hipercríticas se preguntaran qué hubiera sucedido si, en lugar de la estrategia común de compra y distribución coordinada y equitativa de antivirales a nivel europeo, hoy estuvieran compitiendo entre ellos cada país de la UE por la compra de vacunas. En este caso es muy probable que estuviéramos viviendo lo que se respondió el Presidente francés Macron a esta pregunta: «Sería una escena de desorden, contraproducente desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista sanitario». Y posiblemente, España, por tamaño y poder económico, no seríamos los más beneficiados.

Entre los argumentos de esta crítica está la generalizada comparación con otros países que no pertenecen a la UE. Y el ejemplo más repetido, el más envidiado, el que se presenta a seguir sea el de Israel, que acapara titulares por su eficaz campaña de vacunación. Comenzó el pasado mes de diciembre y es el primer país del mundo en número de dosis por habitante, lo que le ha permitido, en muchos aspectos, entrar prácticamente en lo que podríamos llamar la normalidad social post-Covid.

Pero son muy pocos los medios que ponen de manifiesto, y está pasando desapercibida, la otra cara de la moneda del supuesto ejemplo de Israel. Me refiero al incumplimiento de su responsabilidad legal y moral de vacunar a los alrededor de cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel sólo ha decido vacunar a los 133.000 palestinos que trabajan como jornaleros en Israel. Hasta la fecha 24 de marzo, sólo había donado 5.000 dosis adicionales a las zonas palestinas, y ello tras la presión pública. Pero no tiene ningún plan para vacunar a los palestinos, aunque los colonos israelíes de Cisjordania ya hayan sido todos vacunados.

Amnistía Internacional la considera un ejemplo claro de la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno israelí hacia los palestinos

Israel ha rebuscado tecnicismos en el derecho internacional con los que argumentar que le eximen de la obligación de vacunar a los palestinos de los territorios ocupados, en concreto en los Acuerdos Interinos de Oslo de 1995 firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Interpreta que le corresponde a la Autoridad Palestina la supervisión de la sanidad pública, pero el consenso jurídico internacional defiende, y exige a Israel como potencia ocupante, que está obligada a vacunar a los palestinos de estos territorios.

Es la Convención de Ginebra, una ley superior a los Acuerdos de Oslo, la que exige que Israel se responsabilice de las millones de vidas palestinas que controla porque viven bajo el dominio militar israelí. En Cisjordania mantiene los puestos de control, los tribunales militares y la autoridad última sobre la distribución de la tierra en la mayor parte de este territorio. Es el árbitro último de la circulación de personas y bienes. Y en la asediada Franja de Gaza, Israel mantiene el control sobre el espacio aéreo, las aguas territoriales y los cruces terrestres, donde decide qué y quién entra o sale de este asediado enclave. Por esto el organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una declaración en la que reafirma que es responsabilidad de Israel proporcionar un acceso equitativo a las vacunas Covid-19 a los palestinos de Gaza y Cisjordania.

Pero más allá de tratados internacionales y de resoluciones, esta situación es moralmente inaceptable, como se ha expresado desde algunos sectores israelíes que afirman: “no podemos perdemos en debates tan mezquinos, no queremos una nación de insensibles. Ninguna disposición de ningún tratado puede obviar la realidad moral de que si podemos ayudar a vacunar a otros -especialmente a los que viven al menos parcialmente bajo nuestro control-, deberíamos hacerlo”. Vacunar a toda la población palestina "es un objetivo importante, desde el punto de vista de la salud pública y, por supuesto, también desde el punto de vista humanitario, y tenemos medios para hacerlo", ha dicho Itamar Grotto, ex subdirector general del Ministerio de Salud de Israel.

Es ésta una situación que está provocando la protesta pública de múltiples organizaciones internacionales de salud y derechos humanos. Amnistía Internacional la considera un ejemplo claro de la discriminación institucionalizada que define la política del gobierno israelí hacia los palestinos. Como ha escrito Matthias Kennes —referente médico de la respuesta COVID-19 de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Hebrón, Cisjordania— “si me preguntan por qué no se puede vacunar a las personas vulnerables en Palestina, no sé cómo responder: Es inexplicable e increíble. Peor que eso: es injusto y cruel”.

Ah, por cierto, en España parece que en esta semana ya empezamos a conseguir una buena velocidad de crucero en la campaña de vacunación. 

Israel y Palestina: la injusta y cruel vacunación desigual