viernes 23/10/20
PERU

Informe preelectoral de las legislativas en Perú 2020

Sebastián Furlong, Yair Cybel y Sergio Pascual

En un clima de fuerte apatía política y niveles alarmantes de indecisión, el domingo 26 de enero se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias al Congreso en el Perú. Se celebran por primera vez disociadas de la elección presidencial y como consecuencia de la controvertida disolución constitucional del Congreso de la República que dispuso el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre. Los futuros congresistas tendrán un mandato de poco más de un año, ya que terminarán el periodo de 5 años asignado al Legislativo que surgió de las elecciones presidenciales de 2016 y no podrán volver a postularse en abril de 2021.

Casi 25 millones de peruanos se encuentran habilitados para sufragar en las elecciones congresales extraordinarias del próximo domingo. Según el padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), casi 24 millones se encuentran en territorio nacional y aproximadamente un millón reside en el extranjero.

A tan sólo una semana de las elecciones, el dato clave es que apenas el 28% de la ciudadanía había decidido su voto por algún partido político. El último simulacro de Ipsos arrojó que el 43,1% de los electores a nivel nacional viciaría su voto (haciendo que sea nulo) o no marcaría la casilla de ninguna agrupación. Este simulacro también dio cuenta de que en Lima la cantidad de votos blancos y viciados podría llegar al 50%, en tanto que en el resto de las regiones esta cifra podría rondar el 40%.

¿De dónde venimos?

Hasta la fecha, las elecciones legislativas en Perú han estado guiadas por el voto presidencial, ya que la primera vuelta de las presidenciales tradicionalmente coincidió en fecha con las elecciones al Congreso, de modo que la mayor visibilidad de los candidatos presidenciales siempre actuó arrastrando y orientando el voto a las legislativas, garantizando así una bancada significativa al ganador de las presidenciales.

No obstante, en escenarios de primera vuelta muy disputados (como el de 2016, en el que Pedro Pablo Kuczynski logro el pase al ballotage con un respaldo exiguo en primera vuelta) y con un reparto de escaños no proporcional, el presidente puede verse ante un Congreso hostil.

Efectivamente, la profunda crisis política que atraviesa el Perú se manifestó principalmente a través de la férrea oposición a Vizcarra que ejercieron Fuerza Popular (el fujimorismo, primera fuerza en la primera vuelta de las presidenciales del 2016 y la principal bancada en el Congreso disuelto) y su principal aliado, el APRA.

Vizcarra arrancó su presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuchinsky (PPK), implicado en el entramado de corrupción Odebrecht. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, sobre el que no se depositaban grandes expectativas, logró ensanchar su capital político gracias al apoyo popular que recibieron sus propuestas de reforma política y judicial para enfrentar a la corrupción.

En el marco de una creciente tensión entre Ejecutivo y Legislativo, en septiembre de 2019 el presidente Vizcarra invocó la “cuestión de confianza”, un particular resorte propio del sistema político híbrido peruano consistente en una suerte de muerte cruzada entre su Ejecutivo (el presidente de su Consejo de Ministros y todos sus ministros) y el Legislativo. En términos prácticos, este mecanismo permite al presidente de la República disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones ante el rechazo de apoyo reiterado del Legislativo a un plan del Ejecutivo. Al mismo tiempo está obligado a remodelar el conjunto del gabinete ministerial.

Así fue como el 30 de septiembre de 2019 Vizcarra emitió una orden suprema para disolver el Legislativo, al tiempo que sacrificaba a su premier, Salvador del Solar (el presidente del Consejo de Ministros). Del Solar es hoy, por otro lado, el principal activo político del vizcarrismo y su previsible sucesor en las elecciones presidenciales de 2021.

Un escenario fragmentado

En esta elección un total de 21 agrupaciones políticas logró los requisitos para participar, si bien muchas de ellas no tendrán alcance nacional. Apenas la mitad tendrá presencia en las 26 circunscripciones electorales del país (23 regiones más Lima, Lima Metropolitana y Callao) del país.

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos publicada el pasado domingo 19 (último día en que es legal publicar encuestas), de estas 21 agrupaciones sólo 5 tienen altas probabilidades de pasar el requisito de superar el 5% de voto nacional que requiere la normativa electoral peruana (“la valla”). Estas agrupaciones serían Acción Popular (del histórico expresidente Fernando Belaunde Terry), Fuerza Popular (fujimorismo), el Partido Morado (novedad electoral capitaneada por Julio Guzmán, tecnócrata educado en EE. UU.), Alianza para el Progreso (el partido con más implantación territorial y autoridades electorales) y Somos Perú (partido democristiano cuyo principal activo es la presencia en Lima, cuyos distritos suman un 30% del censo electoral, y donde estuvieron capitaneados por Alberto Andrade, que llego a ser uno de los más populares alcaldes).

Otros 5 partidos ven de cerca la posibilidad de superar la valla: APRA (el histórico partido peruano hoy identificado con Alan García y su alianza con el fujimorismo), Frente Amplio (frente de izquierdas hoy dividido y muy mermado), Frepap (partido ultraevangelista), Podemos Perú (derecha) y Juntos por el Perú (en el que concurre Nuevo Perú, el partido de la líder indiscutida de la izquierda peruana y excandidata presidencial Verónika Mendoza)

Intención de voto legislativas Perú 2020

Dos ejes dividen la orientación del voto en estas elecciones atípicas. De un lado, las organizaciones políticas que se presentan van desde diferentes espectros de izquierda hasta sectores de la derecha más tradicional y conservadora. De otro lado, su posición respecto al cierre del Congreso y, en cierta medida, a las medidas anticorrupción del presidente Vizcarra; demandas populares absolutamente transversales que, no obstante, no estaría capitalizando en términos de valoración Vizcarra ni en intención de voto los partidos que le apoyaron en ellas (Partido Morado, Juntos por el Perú y Frente Amplio).

Efectivamente, las encuestas reflejan que los ejes político/ideológicos ceden peso ante la solidez como orientador del voto de las marcas de los partidos más consolidados en la contienda (Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y Somos Perú, principalmente). Probablemente este escenario es producto de un contexto de alta desinformación y dispersión en el que el voto duro de las maquinarias puede acabar por imponerse (el partido con mayor intención de voto no alcanza el 15%).

Las candidaturas en detalle

Abundando en el detalle de las distintas candidaturas encontramos, en el lado de la izquierda, los sellos de Juntos por el Perú, Frente Amplio y Perú Libre. La izquierda ha dado un apoyo crítico en sus iniciativas anticorrupción al presidente Vizcarra, golpeándole por su política económica.

Juntos por el Perú tiene entre sus filas, entre otras fuerzas de izquierda, a candidatos/as del Movimiento Nuevo Perú, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, que en la anterior legislatura apadrinaba la candidatura del Frente Amplio y que no cuenta aún con sello electoral propio habilitado. Es la única fuerza que en las últimas semanas ha logrado un crecimiento exponencial en las encuestas que la deja cerca de alcanzar el objetivo del 5%.

El Frente Amplio, de Marco Arana, estaría también logrando este propósito, mientras que Perú Libre del controvertido Vladimir Cerrón está más lejos de esta posibilidad.

En ese marco, las fuerzas de centroderecha y derecha lideran las encuestas. En cabeza Acción Popular (AP). En esta legislatura AP votó junto al fujimorismo de Fuerza Popular y el APRA en debates destacados y argumentó en favor de la suspensión del presidente Martín Vizcarra tras disolver el Congreso, respaldando la efímera designación de Mercedes Aráoz como “presidenta encargada”. Esto provocó que hasta los actuales postulantes de AP marcaran distancia de sus predecesores

De otro lado Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori obtuvo su libertad tras cumplir casi trece meses de prisión preventiva, apuesta por la vieja guardia del partido con la candidatura en Lima de Martha Chávez, quien llegó a ser presidenta del Congreso bajo el mandato del hoy condenado Alberto Fujimori. El partido fujimorista apuesta por un discurso de extrema derecha sin ambages, orgulloso y dirigido a interpelar los valores conservadores que anidan en la sociedad peruana. No obstante, su historial de corrupción le juega en contra.

Más cercano a las posturas oficialistas de Vizcarra y favorecido por las encuestas se ubica el Partido Morado, presidido por el economista Julio Guzmán, futuro plausible candidato a la Presidencia en 2021. Diferentes sectores acusan al Partido Morado de ser un apéndice del oficialismo, lo que provocó que Guzmán tuviera que aclarar que sus futuros congresistas asumirán tanto posiciones de apoyo como crítica. Sin embargo, las aspiraciones casi victoriosas de esta joven formación política -autodefinida de “centro republicano”- fueron golpeadas con mucha severidad en este tramo final de la campaña a partir de dos episodios con fuerte calibre mediático: la denuncia por violencia familiar contra Daniel Mora, candidato al Congreso y uno de los fundadores del Partido Morado, y la acusación contra su propio líder al difundirse un video en el que se lo observa escapándose de un edificio tras producirse un incendio en medio de un supuesto acto de infidelidad ocurrido en mayo del año 2018.

A modo de conclusión. Sobre la campaña electoral, recuerdo y show

La campaña electoral está discurriendo en términos muy embarrados y con altísima dispersión. La ausencia de referencias nacionales presidenciables y la disputa entre candidatos del mismo partido por ocupar tiempo en los medios de comunicación para así acumular notoriedad y maximizar los votos preferenciales (en Perú se puede elegir no sólo el partido sino también a dos de los candidatos preferidos por el elector dentro de dicho partido) hacen extremadamente difícil seguir una campaña signada por el recuerdo del comportamiento histórico de las marcas electorales y los escándalos sobrevenidos en estas semanas.

El debate político televisivo formal con vistas a las elecciones congresales se dividió en tres sesiones carentes de brillo, sin rostros conocidos y predominaron atajos discursivos y puestas en escenas histriónicas para obtener votos. Desde plantear pena de muerte para sicarios y violadores hasta proponer cadena perpetua para los corruptos, pasando por partidos con candidatos exclusivamente religiosos (con atuendo de monja en pantalla) que acababan pidiendo el voto de rodillas.

Entre el ruido cabe destacar como ejes de la discusión en estas semanas la eliminación de la inmunidad parlamentaria (en el marco de un fuerte sentido común antipolítico), la reducción del sueldo de los congresistas, la reforma política y electoral en torno a la financiación de los partidos, el fortalecimiento del sistema de justicia (muy desprestigiada) y la lucha anticorrupción, así como la reforma de la actual Constitución (un reclamo de la izquierda peruana) y el debate, aún en marcos muy conservadores, sobre los enfoques de género (con la legalización del aborto por violación en un extremo y la lucha contra la “ideología de género” en el otro), entre otras cuestiones que han gozado de preeminencia en los principales medios de comunicación del país.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra se mantuvo equidistante de una contienda en la que no cuenta con un partido propio en liza. No obstante, el mandatario se permitió recordar que está en franca oposición a las bancadas mayoritaria del Congreso disuelto (fujimoristas y apristas): “Elijan a los mejores, a los que estén comprometidos con el país, para eso los que estén comprometidos con la lucha anticorrupción, con el desarrollo, los que en su hoja de vida muestren un pasado que sea inobjetable”.

En definitiva, el escenario más probable nos dice que el próximo domingo 26 de enero los peruanos podrían encontrarse con un elevado voto antipolítico en la forma de votos viciados, blancos y voto aleatorio y, a la postre, con un Congreso que se parezca más al Congreso saliente de lo que nadie hubiera esperado el pasado septiembre; también con un presidente con mermados apoyos, ni desde la izquierda crítica ni desde ninguna bancada que le responda. De ser así, estaríamos ante una nueva vuelta de tuerca de la polarización, el enfrentamiento y el desgaste de un sistema político, el de la Constitución fujimorista de 1993, que da claras muestras de agotamiento.

Informe preelectoral de las legislativas en Perú 2020