Recientemente nos llegaron noticias tan intrigantes como inusuales de un país que suele pasar desapercibido, internacionalmente hablando. Se trata de El Salvador, un país tropical centroamericano desgraciadamente conocido por la violencia entre el Estado y los pandilleros, en una larga, encarnizada y al igual que ya conocida lucha contra el narcotráfico. Pese a que algo se llega a mencionar a los pandilleros, la noticia que va a sacudir la vida política en El Salvador toma una dirección muy distinta a lo que esperábamos.
La génesis de esta crisis política comienza el jueves 6 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele (mundialmente conocido por su alta actividad en las redes sociales,dando órdenes a sus ministros y por protagonizar un curioso episodio en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidasal hacerse un selfie en la tribuna del orador)convoca a la Asamblea Legislativa salvadoreña a una sesión extraordinaria para intentar la aprobaciónde un préstamo de 109 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para un plan de seguridad contra el narcotráfico, reforzando y modernizando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Ministerio de Defensa del país caribeño.Dicho préstamoha sido previamente rechazado tanto por la Comisión de Hacienda de la Asamblea (mayoritariamente formada por los partidos de oposición), como por los propios partidos: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Nacional Republicana Nacionalista (ARENA).
Esta negativa inicial a su plan no sentó bien a Nayib Bukele, por lo queha seguido insistiendo en la necesidad de aprobar su préstamo,tensando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y criticando ferozmente a la Asamblea por incumplir sus obligaciones constitucionales a la vista de la sesión extraordinaria aún por celebrarse, llegando a involucrar a las Fuerzas Armadas para intentar condicionar la voluntad de la Asamblea. En esta misma dinámica, el presidente también ha llamado a la insurrección popular, convocando una manifestación frente a la Asamblea el mismo domingo del pleno y ha retirado la seguridad personal a todos los diputados con la intención de dejarlos en una situación de vulnerabilidad. Los diputados de la oposición ya anunciaron previamente de que no iban a presentarse a la sesión extraordinaria por discrepancias de fondo con la convocatoria de dicha sesión.
Si repasamos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo son, en palabras de Bukele, y con relación a la no aprobación de dicho préstamo, que la oposición “no desea la seguridad en el país” y de “estar a favor de los criminales y en contra de la gente honrada y de las Fuerzas de Seguridad de Estado a los que están matando”. Frente a la anunciada negativa de asistir a la sesión extraordinaria, ataca a los diputados opositores de “pretender subvertir el orden constitucional rehuyendo a sus obligaciones de asistir a la Asamblea para la sesión extraordinaria” y anuncia consecuencias constitucionales contra los infractores invocando el art. 87 de la Constitución salvadoreña sobre “el derecho del pueblo a restablecer el orden constitucional mediante la insurrección contra quien realice graves violaciones de la Constitución” y ello justificaría la militarización del Legislativo. Por otra parte, el presidente se cree legitimado por el art. 167 de la Constitución que faculta al presidente del Gobierno a convocar una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa “cuando los intereses de la República lo demanden”.
Al otro lado del tablero nos encontramos a los diputados opositores, que interpretan como gravela falta de respetodel presidente a la separación de poderes, su uso de las fuerzas armadas con fines políticos que pueden afectar al orden constitucional salvadoreño, ya que el art. 211 de la Constitución enmarca al ejército como “institución permanente al servicio de la Nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante” y que llevar su el préstamo que solicitaba el presidente no cumple los requisitos de urgencia como para ser llevado a una sesión extraordinaria.
Pese a la intimidación de Bukiele, su plan deque los diputados opositores acudiesen a la Asamblea fracasa (pese a la existencia de cortes en carreteras por los militaresque daban acceso al Parlamento) y la sesión extraordinaria no se pudo llevar a cabo al asistir solamente 28 diputados y, por lo tanto, no haber quórum suficiente. De ese mismo modo, la Policía y Fuerzas Armadas que fueron desplegadas por el presidente entran en la Asamblea Legislativa, reportándose la presencia de francotiradores en edificios oficiales. La oposición izquierdista del FMLN ha denunciado la existencia de dotaciones policiales en la residencia de al menos una docena de diputados con el fin de sitiarlos y que Bukiele esté tratando de realizar un “autogolpe” y elpresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, tacha el movimiento del Gobierno de golpe de Estado. Tanto el ARENA COMO el FMNLhan hecho un llamamiento a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas y al conjunto de la comunidad internacional con el fin de velar por la supervivencia de la joven democracia salvadoreña. A esto se le tiene que sumar la ya anunciada manifestación frente a la Asamblea, en la que 300 personas se concentraron para mostrar su apoyo al presidente, que cuenta con un apoyo mayoritario entre la población que supera el 80%.
Para más inri, la Policía y las Fuerzas Armadas mostraron públicamente su apoyo al presidente Bukiele como garante de la Constitución una vez dentro de la Asamblea Legislativa y después de que éste último entrara en la casa del poder legislativo para dirigirse a la Nación desde la silla del presidente de la Asamblea en las que pronuncia las palabras “ahora creo que ha quedado claro quién tiene el control de la situación”. Una vez llegados a este punto, Bukiele da un ultimátum a la oposición para que aprueben su préstamo en el plazo de una semana, y como consecuencia última, la insurrección popular que anunció previamente.
Ante la escalada de tensión, los distintos organismos internacionales formulan sus opiniones sobre la situación acontecida: la UE emite un comunicado en el que anuncia que la situación se puede resolver de forma pacífica y dentro del diálogo constitucional. Por otro lado,la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDHM) ha pedido el pleno respeto a la institucionalidad democrática, al igual que la separación de poderes. Más tajante ha sido el portavoz del departamento de Estado de los Estados Unidos que declaró inaceptable la entrada de tropas en la Asamblea Nacional, condena al Gobierno de violar la separación de poderes de las instituciones democráticas y estima que no se debería de usar al Ejército para resolver disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que para ello están las instituciones civiles.
Cabe recordar que esta situación política recuerda a los salvadoreños uno de los episodios más terribles de la historia de este pequeño país, en el que hubo una guerra civil que duró 12 años quedejó más de 75000 muertes, y por la que una comisión de la verdad de la ONU reconoció al Ejercito salvadoreño como responsable de la mayoría de los crímenes cometidos.
Finalmente llegaría el primer revés a la estrategia de Nayib Bukiele, que apaciguaría la ya de por sí tensa situación, cuando la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia del Salvador admite el recurso de inconstitucionalidad sobre la convocatoria de la sesión de la Asamblea por parte del Ejecutivo suspendiendo sus efectos, y emite medidas cautelares ordenando el fin del uso de las Fuerzas Armadas. Esta decisión va a ser criticada por el Gobierno salvadoreño, pero anuncia que cumplirá con las medidas cautelares que impone la Sala de lo Constitucional.
Pese a que se ha conseguido evitar lo peor, los partidos opositores siguen críticos con la actuación gubernamental, y exigen que se depuren responsabilidades por esta actuación que muestra unos tintes peligrosamente autoritarios.
