lunes 13.07.2020

Fuego amigo sobre el presidente argentino Alberto Fernández

Se incrementan las presiones sobre el presidente para que libere a los presos kirchneristas.

Fuego amigo sobre el presidente argentino Alberto Fernández

@jgonzalezok / Quedan todavía muy lejos los 100 días de cortesía que habitualmente se le conceden a todos los gobiernos que empiezan su gestión, pero a Alberto Fernández ya le salen críticas, y desde el sector menos pensado, el propio. En concreto, desde las filas de su vicepresidenta, Cristina Fernández, que hace valer su condición de verdadera dueña de los votos y creadora de la candidatura presidencial.

Alberto Fernández está enfocado en la economía -campo que no le interesa por ahora a Cristina Fernández, por los riesgos de fracaso y para no asumir el costo político del ajuste-, mientras que la vicepresidenta alienta a su tropa a ocupar todos los espacios de poder posible, especialmente en el campo de la Justicia y la Cultura, así como aquellas dependencias estatales que manejan grandes presupuestos.

El presidente, que no tiene aún un perfil político definido, necesita construir una base de poder propio, no delegado por su vicepresidenta. Y aceptó un reparto de papeles en el que le toca hacer frente a la crisis social y económica. Pero, fundamentalmente, tiene que afrontar la crisis de la deuda, impagable si no hay una renegociación sobre monto y plazos con los acreedores. Para ello, debe proceder a un durísimo plan de ajuste, que incluye al sector más vulnerable, el de los jubilados.

Desde el kirchnerismo surgen iniciativas que ponen en apuros al presidente. La principal, la de los presos por corrupción del gobierno de Cristina Fernández

Entretanto, desde el kirchnerismo surgen iniciativas que ponen en apuros al presidente. La principal, la de los presos por corrupción del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que insisten en calificar de presos políticos. Alberto Fernández, que es jurista de formación, tiene que hacer equilibrios en la materia. Trata de deslegitimar las causas que afectan a la expresidenta y su familia. Ya durante la campaña electoral había dictaminado que Cristina era inocente, aunque concedió que podría haber cometido alguna “falta ética”, pero advirtiendo a los jueces que tendrían que rendir cuentas de sus actos. Por otro lado, tuvo que admitir que en Argentina “no hay presos políticos, sino detenidos arbitrarios”.

Así se lo dijo a una delegación de organismos de derechos humanos, identificados con el kirchnerismo, en una reunión en la Casa Rosada. En este encuentro no estuvo Hebe de Bonafini, presidente de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, la más radicalizada, y que afronta personalmente una causa por corrupción. No se sabe si no estuvo invitada, siendo la referente del sector más identificada con el kirchnerismo.

Dos días después se conoció una carta de la señora de Bonafini al presidente, que tituló Hablemos claro, en la que le instaba a que se definiera de qué lado está, “si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos”. Entre ellos destacó al exvicepresidente, Amado Boudou, condenado en firme a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función público.

En realidad, el presidente ya había explicado que los que habían sido detenidos preventivamente ya estaban libres y que los que quedan en prisión fueron condenados, con lo que corresponde a la Justicia su eventual liberación. Quienes reclaman por la libertad de los presos, por otra parte, no parecen aceptar la separación de poderes. O apuestan a un indulto, solución que fue descartada por Alberto Fernández durante la campaña electoral.

Ante el peso simbólico de la señora de Bonafini en el kirchnerismo, la recibió a solas dos días después de su carta. Una reunión que duró dos horas y en la que el presidente tuvo que ejercer sus mejores dotes de equilibrista. Ese mismo día había recibido, también en la Casa Rosada, al exjuez Baltasar Garzón, integrante del tribunal ético que pretende juzgar al lawfare y que encabeza el argentino Eduardo Barcesat. Una iniciativa que pretende investigar a periodistas y jueces por la presunta persecución política a dirigentes progresistas de América Latina, utilizando la Justicia y los medios. El encuentro con Garzón -que durante el gobierno de Cristina trabajó en la secretaría de Derechos Humanos-, fue un gesto hacia el kirchnerismo. Pero al ser consultado por el diario La Nación si avalaba este tribunal ético, el presidente contestó seco y cortante: “Es obvio que no comparto nada de eso”.

Pero la ofensiva adquirió nueva dimensión cuando otras figuras se sumaron a la petición a favor de los presos. Entre ellos Oscar Parrilli, actual senador y el hombre en quien Cristina Kirchner delega desde hace años todo tipo de gestiones. El ahora senador dijo no tener dudas de que había presos políticos en la Argentina y habló de un “plan sistemático” del anterior gobierno para encarcelar a dirigentes kirchneristas. Utilizó conscientemente la fórmula “plan sistemático”, que es la que condenó a los militares de la última dictadura para referirse al exterminio de los opositores en los 70.  

El filósofo Ricardo Forster, con oficina en la Casa Rosada como asesor del presidente, también se sumó a la presión, añadiendo que celebraba “que dentro de un gobierno haya diferencias y matices que no sean obviamente decisivas respecto a lo que es lo común”.

El ministro del Interior es uno de los más importantes dirigentes de la agrupación La Cámpora, que responde al liderazgo de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina

Pero el caso más llamativo fue el del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que días después de la reunión del presidente con la señora de Bonafini publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Milagro Sala lleva cuatro años detenida, no queremos más presas y presos políticos en Argentina”. Se refiere a la dirigente de la organización Túpac Amaru, muy cercana a Cristina Kirchner, condenada por corrupción a 13 años de cárcel, que ahora cumple en su domicilio. La Justicia la culpó por una defraudación millonaria en el manejo de los fondos que el Estado le dio para la construcción de viviendas populares.

Con el caso de Wado de Pedro se pone de manifiesto la influencia decisiva que tiene en el gobierno Cristina Kirchner, al punto que un ministro puede rebatir al presidente, sin que haya ninguna consecuencia política. Una situación así hubiera sido imposible durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. El ministro del Interior es uno de los más importantes dirigentes de la agrupación La Cámpora, que responde al liderazgo de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, y uno de sus principales peones de la actual vicepresidente, que es su verdadera jefa política.

El exministro de Planificación, Julio De Vido, que acompañó a los Kirchner de forma ininterrumpida desde 1991 hasta 2015 -primero en la provincia de Santa Cruz, después en el gobierno nacional-, lanzó sus dardos contra el gobierno, con declaraciones como: “No hacen nada para que estemos en libertad”. El exministro consideró increíble que “teniendo un presidente del mismo signo político, nuestro vicepresidente (por Amado Boudou) esté preso”.

A pesar de su cercanía con los Kirchner, De Vido nunca fue amigo personal del matrimonio, a pesar de los servicios prestados. Y Cristina no tuvo el más mínimo gesto de solidaridad con su exfuncionario. De hecho, no lo tuvo con ninguno de sus antiguos colaboradores, y cuando habló de persecución judicial se centró en su propia persona. De Vido, al que recientemente se le concedió la prisión domiciliaria, vio cómo la expresidenta no movió un dedo cuando el Congreso le quitó sus fueros, propiciando su ingreso en prisión.

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