La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que exime a Apple de devolver 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda por haberse aprovechado de ayudas fiscales ilegales es, sin lugar a dudas, un revés para el proyecto comunitario. Más allá de echar por tierra los esfuerzos de la Comisión Europea para evitar que las multinacionales evadan los impuestos que deberían pagar por los beneficios que obtienen en la UE, supone una amenaza para el bienestar de los ciudadanos europeos y pone palos en las ruedas al desarrollo de medidas tan pertinentes como la implantación de la “tasa Google”.
La sentencia debería ser apelada para que el Tribunal considere que Irlanda prestó una ayuda de Estado ilegal a Apple. Además, la UE tendría que replantearse el actual statu quo respecto de la toma de decisiones, para poder adoptar normas fiscales exigentes contra la elusión de las grandes empresas, los paraísos fiscales y la competencia fiscal a la baja entre territorios.
Con su veredicto, el Tribunal General ha sentado un mal precedente para otras multinacionales domiciliadas en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo. Y resulta alarmante, pues en estos momentos urge incrementar los ingresos para sufragar el aumento de gasto público necesario para superar la crisis económica y social derivada de la pandemia en la mayoría de los países del club comunitario.
De ahí nuestra confianza en que la Comisión Europea presente un recurso en el plazo de dos meses para que el TGUE pueda revocar la sentencia, tal como ha informado la vicepresidenta del Ejecutivo, responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.
En este contexto, conviene recordar que, según la OCDE, las pérdidas de recaudación en todo el mundo por la ingeniería fiscal de las multinacionales oscilan entre los 100.000 y los 240.000 millones de dólares al año, o lo que es lo mismo, entre el 4 y el 10% de los ingresos mundiales de los impuestos sobre Sociedades. Y que en nuestro país, 134 multinacionales españolas cuentan con 10.967 filiales, buena parte de ellas en el extranjero
Por ello, el Ministerio de Hacienda debería promover cláusulas de contribución real de pago de impuestos en España por los beneficios obtenidos para contratar con las Administraciones Públicas, para disfrutar de beneficios fiscales de cualquier naturaleza, o para obtener autorizaciones, concesiones o subvenciones administrativas. Una tarea para la que resulta imprescindible aumentar las competencias y funciones de los técnicos para intensificar el control tributario y de las subvenciones y ayudas públicas percibidas por las multinacionales.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
