En septiembre de 2022, al conmemorarse el 49 aniversario del Golpe Militar, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció un plan de búsqueda de desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet, un proyecto de restauración histórica en el cual el gobierno chileno comenzó a trabajar junto a las organizaciones y entidades que reclaman justicia para las víctimas del exterminio orquestado desde el Estado.
El saldo de los años más oscuros del proceso iniciado por Pinochet en 1973 fue de 40.158 personas detenidas, asesinadas, torturadas o desaparecidas. La investigación de estos crímenes había sido, hasta el presente, una deuda que el Estado chileno tenía pendiente con la democracia.
La dictadura de Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973 y se extendió hasta el 11 de marzo de 1990. Fueron casi 17 años en los que se impuso el terror contra los opositores al gobierno, y durante los cuales se inició un plan sistemático de hostigamiento, persecución y encarcelamiento a cualquier persona considerada peligrosa para el régimen, ya fueran miembros del Partido Comunista, intelectuales o estudiantes universitarios.
El Informe Rettig recoge entre los españoles asesinados al diplomático Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó
En 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, un organismo creado para investigar y recoger testimonios de todos los casos de abusos, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura. Más de 35.000 personas presentaron su testimonio.
Las conclusiones de la Comisión se publicaron en 2004 y se ampliaron con un segundo informe en 2011. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas, entre las cuales hay al menos una treintena de españoles.
ESPAÑOLES ENTRE LAS VÍCTIMAS
El Informe Rettig, equivalente en Chile a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina, recoge cinco casos de españoles asesinados durante el régimen de Pinochet. Entre estos, tres de dimensión internacional: el diplomático Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina Hurtos y Antonio Llidó Mengual.
Según el informe, “el 16 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la Dina -servicio secreto de la dictadura- el economista español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis Soria Espinoza, militante del Partido Socialista. Había sido detenido el día anterior. Su automóvil fue arrojado por algunos agentes dentro del canal El Carmen, con las llaves en el contacto, las puertas cerradas, algunos cristales rotos, sin radio ni asientos, salvo el del conductor y una botella de pisco para simular un accidente. El cadáver de Soria fue arrojado en el mismo canal, y su cuerpo fue hallado al día siguiente a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto”.
Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas, entre las cuales hay al menos una treintena de españoles
La reconstrucción de la muerte de Soria es una más en los cientos de casos que relató la comisión creada bajo el Gobierno de Patricio Aylwin. El informe detalla, además, cómo la dictadura tenía en su mira a la Iglesia, institución que combatió el régimen durante los 17 años que Augusto Pinochet ostentó el poder. “Joan Alsina Hurtos, español de 31 años, sacerdote católico, ejercía su ministerio en la parroquia San Ignacio de San Bernardo y se desempeñaba como jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios. Fue ejecutado el 19 de septiembre de 1973”.
El sacerdote estuvo detenido en las catacumbas del hospital santiagueño durante varias horas para terminar siendo ajusticiado a orillas del río Mapocho. Su cuerpo fue hallado una semana después. El certificado de defunción da fe de su muerte por múltiples heridas de bala y lesiones apergaminadas en la cara.
Antonio Llidó Mengual, español, miembro del Grupo Cristianos por el Socialismo, estaba vinculado al Gobierno de Salvador Allende. El Informe Rettig no logró esclarecer las circunstancias de su captura pero establece conexiones entre el sacerdote y presuntos miembros del MIR. Según sus estimaciones, el cura fue secuestrado alrededor del 24 de septiembre de 1974, un año después del golpe de Estado.
En la extensa lista de desaparecidos también se recoge un total de 1.198 personas que fueron lanzadas al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile
Gracias a testimonios de supervivientes, pudo saberse que en su periplo previo a la muerte hizo escala en los sótanos de la Dina y en un par de centros clandestinos de detención: “Tenía grandes dificultades para moverse -relata un compañero de cautiverio- a consecuencia de los golpes y la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Tenía su camisa manchada de sangre y hemorragias internas y desgarros musculares (...). Mantuvo siempre una presencia de ánimo sorprendente y aún encontraba fuerzas para consolar a sus compañeros de celda con los que compartía lo poco que tenía para comer”.
El informe Rettig concluye que el titular de la Dina, Manuel Contreras fue el principal responsable de su asesinato. El entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, envió una carta a Pinochet solicitándole una investigación exhaustiva, entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001.
En la extensa lista de desaparecidos también se recoge un total de 1.198 personas que fueron lanzadas al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile, o sepultados en lugares ignorados.
Fuente: ACADEMIA.EDU
