@jgonzalezok / Los medios argentinos de este lunes (13) coinciden en la definición y los calificativos para mostrar la derrota que tuvo el gobierno en las elecciones primarias del domingo, previas a las parlamentarias de noviembre: terremoto, debacle, catástrofe, o humillación, son algunos de los términos usados para explicar el resultado. El presidente, Alberto Fernández, había planteado antes de la votación que consideraba la misma como un plebiscito de su gestión, justo cuando se cumple la mitad de sus cuatro años de mandato. Por tanto, no cabe la habitual excusa en estos casos, de que solo se trata de una elección parlamentaria.
El resultado no deja dudas: el gran vencedor es la coalición Juntos por el Cambio (JxC), entiéndase el centro derecha del expresidente Macri, que le sacó nueve puntos al peronismo a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, territorio históricamente hostil al peronismo, se descartaba la derrota. Pero no así en la provincia de Buenos Aires -donde se concentra el 37% del padrón electoral-, bastión histórico del peronismo y en los últimos años refugio de Cristina Kirchner. Ahí el peronismo sacó el 33,64 % de los votos, frente al 37,99 % de JxC. Antes de las elecciones el peronismo consideraba que si ganaba con menos del 5% en este distrito era un muy mal resultado; las urnas dijeron que perdió por 4,35 puntos. En las elecciones de hace dos años, el actual gobernador, Axel Kicillof, le sacó 14 puntos de ventaja a María Eugenia Vidal, que aspiraba a la reelección.
Y no fue la única derrota peronista en provincias donde gobernaban desde hace décadas: Es el caso de La Pampa o Chaco, donde era fuerza hegemónica. Lo mismo sucedió en Santa Cruz, origen del poder político de la familia Kirchner, cuya gobernadora actual es Alicia Kirchner, hermana del expresidente. El peronismo solo ganó en las provincias más pobres del norte, como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa, donde caciques locales someten a las poblaciones al más crudo clientelismo.
Las elecciones primarias en Argentina, con voto obligatorio, funcionan como la mejor encuesta a tiempo real
La pesadilla, de cara a las elecciones de noviembre, puede ser peor. Pueden repetírselo los números dentro de dos meses, pero la experiencia pasada indica que el gobierno podría incluso perder por un margen aún mayor. Las elecciones primarias en Argentina, con voto obligatorio, funcionan como la mejor encuesta a tiempo real. Lo que es casi seguro es que la oposición tendrá mayor presencia en la Cámara de Diputados y es muy posible que el peronismo pierda el control del Senado, algo también inédito desde 1983.
Es la primera vez, desde la recuperación democrática de 1983, que el peronismo unido es derrotado. Siempre perdieron como consecuencia de haberse presentado divididos. Pero aun cuando fueron vencidos, como en las elecciones presidenciales de 1983 (Alfonsín), 1999 (De la Rúa) o 2015 (Macri), tuvieron resultados en torno al 40% de los votos. Unidos ahora bajo la férrea dirección y disciplina de Cristina Kirchner -la vicepresidenta que detenta el poder real-, perdió en casi todo el país y el porcentaje es más que pobre, apenas sobrepasando el 30%.
Las explicaciones para este descalabro son variadas y todas tienen parte de razón, aunque para el gobierno se resume en las consecuencias de la pandemia y la herencia del gobierno de Macri, es decir, ninguna culpa por su parte. Pero estas razones ya no alcanzan y la contundencia del resultado invita a abandonar la pereza intelectual y reconocer los errores del gobierno, especialmente los no forzados.
En primer lugar hay que fijarse en la economía y la situación social. Argentina vive una situación comparable a las siete plagas de Egipto, siendo la pandemia la última de sus tragedias. Desde hace 11 años su economía está estancada. La pobreza golpea a casi 20 millones de personas, lo que supone un 42% de la población, porcentaje que llega al 51% en el llamado conurbano de Buenos Aires. La inflación sigue fuera de control (una media del 3,8% en el primer semestre del año, a pesar de que las tarifas de los servicios están congeladas), lo que significa cada vez más pobreza. La OCDE estima que para fines del año próximo casi todos los países habrán recuperado su PBI per cápita previo a la pandemia, pero en la Argentina habrá que esperar al segundo trimestre de 2026.
Entre los errores no forzados hay que hablar del manejo de la pandemia. Argentina rechazó la vacuna de Pfizer por razones ideológicas, apostando por la rusa Sputnik V, que acabó no cumpliendo con las promesas de entrega para la segunda dosis. Se perdieron meses en los que se podría haber vacunado a millones de personas y se habrían evitado miles de muertos. Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que firmar con Pfizer.
Relacionado con las vacunas también hay que señalar el episodio del llamado “vacunatorio VIP”, cuando se descubrió que amigos del poder se vacunaban antes de lo que les correspondía, en secreto. Un pecado grave para un gobierno que se dice nacional y popular. La Justicia investiga una lista de 65 personas -aunque la lista podría ser mucho más larga-, que se habrían vacunado burlando los requisitos establecidos por el propio gobierno, gracias a sus contactos políticos. Aunque el escándalo le costó el cargo al ministro de Salud, el presidente dijo después que saltarse la fila no era delito. Peor aún fue la explicación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, justificando su vacunación y la de su esposa -vacunados como personal de salud-, al considerar que era “una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”.
Pero la gota que parece haber rebalsado el vaso de la paciencia de los argentinos fue la publicación de una foto en la que el presidente participaba del cumpleaños de su pareja, en el momento más duro de la cuarentena y las restricciones, sin ninguna norma de seguridad e incumpliendo el duro decreto firmado por el propio mandatario, que prohibía al resto de los ciudadanos mantener reuniones privadas.
Y más grave aún fue la forma en que el presidente trató de quitarse la responsabilidad. Afirmó que “como está probado que no hubo contagios (sic) no hay configuración de la figura penal”. Hubo que recordarle al profesor de derecho penal que el contagio no es delito, el delito es violar las normas dispuestas para evitar el contagio, como establece explícitamente el Código Penal. “Se acabó el país de los vivos (aprovechados)”, se había jactado el presidente. Pero el comportamiento de la clase dirigente demostró la existencia de una casta privilegiada, empezando por el propio mandatario.
Al gobierno le quedan dos meses para tratar de revertir, aunque sea en parte, este duro revés
Al gobierno le quedan dos meses para tratar de revertir, aunque sea en parte, este duro revés. En principio, el presidente descartó una remodelación ministerial, pero ya se sabe que el poder reside en su vicepresidente, Cristina Kirchner. La lógica indica que el gobierno tendría que tener una actitud más abierta a forjar acuerdos con la oposición, pero la tendencia de Cristina Kirchner es siempre doblar la apuesta y radicalizarse.
Hay que esperar una profundización de las medidas populistas, que ya se pusieron en marcha antes de la votación del domingo: impresión de dinero sin respaldo, ampliación de programas sociales, bonos a jubilados, créditos a tasas subsidiadas, etc., para incentivar el consumo. Según un informe del Estudio Broda, estos gastos extra alcanzan un 1,4% del PBI. Cristina Kirchner reconoció que ella hizo lo mismo en 2015: se destinó un 1% del PBI para apuntalar la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia.
Pero el gobierno hizo más. En los últimos días escrutó qué partidas del presupuesto nacional no se habían aún ejecutado y redireccionó enormes cantidades de dinero. Solo en el ministerio de Transportes, se sacaron de partidas destinadas a mejorar el ferrocarril por valor de 1.104 millones de pesos, para “servicios profesionales” -entiéndase, contratos para militantes y seguidores- y propaganda y publicidad, para machacar con el relato oficial. Es decir, se seguirá con el más crudo clientelismo. En Argentina la mitad de los votantes está a sueldo del gobierno, como recordaba hace unos días el ex consultor político de Macri, Jaime Durán Barba. El director del Observatorio Social de la Deuda, Agustín Salvia, alertaba hace unos días que “la pobreza pone muchos límites a la democracia”, ya que hay una gran población que depende de la asistencia pública y es inevitable que se creen vínculos electorales “en términos de quién es el que brinda la ayuda y quién no”.
El presidente, Alberto Fernández, asumió personalmente la responsabilidad de la derrota, admitiendo que algo debieron hacer mal. O, más bien, le obligaron a dar la cara y salvar la cara de su vicepresidenta, Cristina Kirchner. Pero las consecuencias políticas alcanzan a todo el arco del gobierno: desde el peronismo más tradicional, por un extremo, al kirchnerismo. Al igual que el presidente, Cristina Kirchner pierde también capital político. Y lo mismo puede decirse del hijo, Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados, y de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ambos pensaba Cristina para las presidenciales del 2023. Pero todo está abierto y si hay algo que caracteriza al peronismo es su voraz apetito de poder -y de cargos- y su capacidad de mutación para conseguirlo.
