Por segunda ocasión, que yo recuerde, el presidente Andrés Manuel se refiere en forma explícita al boicot aplicado contra el gobierno federal y en última instancia contra los pacientes y sus vidas por quienes manejaban el “negocio de las medicinas”; monopolios, los llamó, que ni siquiera son los laboratorios que las producen, sino las comercializadoras, las que más ganan y hacen muy poco.
Más de 80 mil millones de pesos es lo que gasta el gobierno de la Cuarta Transformación en medicamentos y su antecesor, Mover a México, con Enrique Peña compró a tres empresas 60.7% de los medicamentos en 2018.
Un problema mayúsculo es la corrupción que distingue al sector salud y de la que López Obrador es el crítico más tenaz y agudo, el miércoles 8 detalló que los medicamentos llegaban incompletos a las bodegas y más aún a los hospitales porque aparecían a la venta en farmacias particulares.
Lo notable es que Obrador no llame por su nombre a los coyotes, públicos y privados, y que no toque ni con el pétalo de una palabra a José Narro Robles, exsecretario de Salud del muy corrupto gobierno de Peña Nieto –al que ya no defienden los colegas a los que favoreció con dinero público– y precandidato presidencial priista, partido al que perteneció toda su vida adulta, pero se mantuvo embozado en la Universidad Nacional.
Al cuadro de corrupción generalizada ya se le puso un hasta aquí por disposición y política presidenciales, sólo que la batalla llevará más tiempo porque distinguidos y a la vez desacreditados personajes del oligopolio mediático persisten en hacerle el vacío, privilegiando informativamente las insuficiencias del abasto de los medicamentos, magnificando las insatisfacciones de algunos pacientes y familiares, dramatizando casos específicos y, por esa vía, justificando el gran negocio de los intermediarios de fármacos que con frecuencia son políticos, al decir de AMLO.
Se repite el esquema propagandístico opositor de la presunta disminución del presupuesto del Conacyt, cuando las becas de posgrado crecieron en 20 mil más en un año, como se informó el 1 de diciembre en el Zócalo; el achicamiento del presupuesto a las universidades, encabezadas por rectores que son caciques (AMLO, dixit), dilapidan los recursos y ganan sueldos escandalosos junto con su burocracia dorada, mientras la mayoría de los docentes cobran sueldos miserables por hora clase impartida.
Está bien quizá que el titular del Ejecutivo reincida en pronunciarse porque el servicio de salud sea gratuito en todos los niveles, como en algunos países europeos, “los populistas de Dinamarca y Noruega”, dijo con evidente sarcasmo, pero sería mejor si las metas fueran más realistas, acordes con los niveles de desarrollo de México y los recursos públicos para el próximo cuatrienio. No olvidemos que hace 12 años Felipe Calderón declaró conquistada la “cobertura universal de salud” y el depredador Peña Nieto entregó el sector salud, el energético, la seguridad pública… hechos un desastre.
Hace bien AMLO en subrayar una obviedad, que a pesar del cambio de Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, garantizar la atención médica a la población no se resolverá por decreto, debido a las resistencias que existen de las comercializadoras de medicamentos, el oligopolio mediático –donde destaca Ciro Gómez– y autoridades del ramo de niveles medios. Y que debe atenderse el caso de las cuotas que se cobran en hospitales de especialidades, aunque la reforma a la Ley General de Salud por la cual se creó el Instituto de Salud para el Bienestar incluyó una modificación a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud con el fin de que, por medio de contratos, otorguen los servicios médicos de alta especialidad y obtengan el pago de los mismos. Mas los contratos aún no se firman, lo que aprovecha Magú (https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/cartones/0) para persistir en la campaña contra la 4T, misma de la que Marcos-Galeano es precursor: https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/cartones/1
