viernes. 29.03.2024
FLOYD

Desde que el pasado viernes se conociera la condena a 22 años de cárcel al asesino de George Floyd, los medios de comunicación de los estados que presentan un mayor índice de crímenes raciales cometidos por las fuerzas de seguridad, han iniciado un debate respecto de la decisión del tribunal de Minneapolis que había solicitado, para Derek Chauvín, una pena de 30 años.

La crueldad y el abuso de la posición de autoridad acometidas por el responsable del crimen de Floyd, sucedido en mayo de 2020, fueron los atenuantes que los fiscales de Minesota, a cargo de la causa, expusieron ante el juez con el objetivo de hacer efectiva una condena ejemplar. Sin embargo Peter Cahill, quien dictaminó un total de 22 años de cárcel para Chauvín, afirmó que su resolución estaba fundamentada en los hechos sobre un caso específico e individual, y no en la opinión pública.

El crimen de Floyd, registrado por tres cámaras de teléfonos móviles, movilizó a la comunidad afroamericana de los Estados Unidos y a las asociaciones civiles de Derechos Humanos que desde hace décadas denuncian la violencia policial contra los ciudadanos afro-descendientes. “Si este crimen no quedó impune se debe en parte a que las imágenes son muy elocuentes. De no haber quedado registro de la brutalidad con la que actuó Chauvín, entonces estaríamos hablando de uno más de los tantos asesinatos cometidos por la policía que quedan impunes”, concluía ayer uno de los panelistas de los programas de debate que se han volcado en las últimas horas a analizar la condena recibida por el oficial de policía responsable del asesinato de Floyd.

La pena recibida por Chauvín marca un antes y un después en la relación histórica entre la policía y la comunidad afroamericana. A juicio de Ben Crump, abogado de la familia Floyd, “esta sentencia acerca a nuestra nación hacia la sanación al brindar un cierre y una rendición de cuentas”.

El movimiento “Black Lives Matter” mantuvo la atención internacional en este caso de brutalidad policial. Fue la presión de dicha agrupación la que actuó sobre la esfera política, impulsando los pedidos de reformas policiales que el gobierno de Joe Biden preveé implantar. Pero tanto Biden como su vicepresidenta, Kamala Harris, apoyaron leyes que promovieron masivas detenciones de afroamericanos. Durante su etapa como fiscal y letrada en California, Harris presionó a la justicia para que impusiera penas de cárcel desproporcionadas para procesados negros. Es por estos antecedentes que en los debates suscitados tras conocerse la condena, el ala más dura de la facción republicana ha salido al cruce con críticas a la gestión realizada por el actual presidente y su vice en relación a la persecución y a la violencia racial llevada a cabo por las fuerzas del orden.

Desde el crimen de George Floyd se han sucedido al menos doce nuevas muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía. Al igual que en un principio se intentó hacer creer a la opinión pública que Cahuvín había actuado el “legítima defensa”, en la mayoría de estos casos se repite el mismo patrón. Sin embargo las imágenes que muestran la crueldad del accionar policial son irrefutables. Y merced a esos videos la justicia actuó, por primera vez en casos de esta naturaleza, con una sentencia ejemplar e histórica. Quizás –y sólo quizás- a partir de ahora la tasa de criminalidad que esconde la policía estadounidense contra la población negra, al fin descienda.  

Una condena que hace historia