Aunque Evo Morales haya salido victorioso en los comicios del 20 de octubre (por un margen un poco mayor al 10 por ciento) la oposición declaró inválidos los resultados y provocó una escalada de violencia para justificar un golpe de Estado cívico, policial y militar.
Por lo menos desde el 21F los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron matrices de opinión falsas para deslegitimar a Evo y al proceso de cambio ante la opinión pública.
Finalizados los comicios, la oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados Americanos (OEA) a propuesta del Gobierno boliviano, tras el informe preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de los votos.
Dicho informe contribuyó con un recuento de sufragios que no fue representativo y con declaraciones de su representante, que contrastaban con otros informes más completos, como el de CEPR1 o la investigación del profesor de la Universidad de Michigan y experto electoral, Walter R. Mebane.
Los comités cívicos (dirigidos por empresarios de ultraderecha) salieron a “calentar” las calles con grupos de choque, amenazando y golpeando a ciudadanos, sobre todo indígenas. La Policía Nacional se replegó a los cuarteles exigiendo un alza salarial. Grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar, y prendieron fuego a sus casas, incluso, violentando a sus familias.
Finalmente, el Ejército se volteó y pidió/sugirió la renuncia de Evo. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente, Álvaro García Linera, presentaron su renuncia.
Artículo Publicado en CELAG 21 de Noviembre 2019 Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa Tirado
