@jgonzalezok / Como todo el planeta, Argentina está confinada y con su economía paralizada. La diferencia está en que antes de la pandemia se vivía ya una crisis que colocaba al país al borde del abismo y a punto de un nuevo episodio de default o suspensión de pagos.
El reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre Perspectivas Económicas Mundiales prevé para Argentina una retracción del 5,7% de su PBI, casi el doble que la media mundial (3%). Solo Ecuador y Venezuela tendrán resultados peores en la zona, con retrocesos del 6,3% y del 15%, respectivamente. Pero analistas locales son mucho más pesimistas y hablan de hasta un 12% de caída del PIB.
Con una nueva recesión, Argentina tiene el récord de 14 episodios depresivos en los últimos 40 años. Y ahora se teme que la pandemia lleve al país a vivir una crisis como la que soportó a finales del 2001, solo que mucho más concentrada en poco tiempo y, por tanto, más letal.
La crisis afecta a todo el país y atraviesa clases y geografía, pero es especialmente intensa en el llamado conurbano bonaerense, los municipios que rodean la capital federal, sobre todo hacia el sur. Allí los bolsones de pobreza ya eran dramáticos, pero ahora se agudizó la angustia y la miseria. Un estudio de la Universidad Nacional de La Matanza -uno de los municipios más pobres- estableció que el 75% de las personas vio afectada su economía familiar por la cuarentena obligatoria.
El presidente, Alberto Fernández, decidió decretar una cuarentena estricta -más o menos observada-, el pasado 19 de marzo, cuando solo había 9 infectados registrados y 3 muertos, ampliando después la medida hasta el 26 de abril. En España se había decretado unos días antes, pero con 7.750 contagiados y 228 muertos. Tuvo el acierto político de reaccionar con rapidez y, además, asociar a la oposición en las medidas, algo que no fue posible en los 12 años de gobiernos peronistas/kirchneristas (2003-2015).
Diputados oficialistas preparan un proyecto de ley para aprobar un impuesto extraordinario con el que se pretende recaudar hasta 3.800 millones de dólares
A pesar de las consecuencias económicas y sociales que todo el mundo imagina, la gestión de la crisis supuso para el presidente un aumento en sus índices de popularidad, llegando a subir algo más de 30 puntos. Que empezó a caer después de la grave improvisación que quedó patente dos semanas después del confinamiento general de la población, cuando en un solo día un millón de jubilados -el mayor grupo de riesgo- salió hacia los bancos para cobrar sus pensiones y ayudas, sin la más mínima precaución respecto a la distancia social. Otro hecho que le pasa factura al gobierno son los casos de compras de alimentos que hizo el ministerio de Desarrollo Social, con escandalosos sobreprecios y sin licitación.
No está claro todavía si al presidente le pasará factura también la liberación del exvicepresidente, Amado Boudou, condenado por corrupción, al que un juez le otorgó la prisión domiciliaria por la crisis del coronavirus. Aunque se trata de una decisión de la justicia, nadie duda que detrás hubo enormes presiones políticas. De hecho, el juez que tomó la decisión, diez días antes le había denegado la prisión domiciliaria. El magistrado, incluso, rompió la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre cuándo una pena de prisión debe ser efectiva.
No obstante todo esto, la más reciente encuesta sitúa a Alberto Fernández con un apreciable 60% de imagen positiva, lo que está ayudando a gestionar el trance, por oscuro que se presente el futuro.
A este altura, el gobierno debería haber avanzado en la renegociación de la deuda, pero la pandemia trastocó la agenda mundial. Y Argentina apuesta a que la crisis sea de tal magnitud que haya un consenso global para perdonar y/o aminorar las deudas de los países emergentes.
Para ayudar a enfrentar la situación que plantea el coronavirus, diputados oficialistas preparan un proyecto de ley para aprobar un impuesto extraordinario con el que se pretende recaudar hasta 3.800 millones de dólares. Antes se había descartado otro impuesto, al que bautizaron “Patria”, que pretendía gravar a quienes tuvieran bienes por 125.000 dólares, es decir, gran parte de la clase media argentina, ya muy golpeada y a un paso de descender a la categoría de pobres.
El presidente, Alberto Fernández, ya tiene en su poder un documento de unas 40 páginas, titulado “Coronavirus, ¿quién paga la crisis?”, que daría sustento a este impuesto, que propone que el mismo se concentre en los 15.000 argentinos más ricos del país. Pero hay más propuestas, dentro del propio campo del gobierno, por lo que no está ultimado el proyecto.
La parálisis de la economía está afectando seriamente la recaudación
La crisis afecta a la economía privada, pero también al sector público, que es el principal empleador del país. No hay que olvidar que en Argentina hay 3,6 millones de personas que son funcionarios públicos, entre los empleados de organismos municipales, provinciales o del estado central. A ellos hay que sumar 6 millones de jubilados, 5 millones de pensionados o beneficiaros de otros planes sociales y 4,5 millones que reciben la Asignación Universal por Hijo, que no tienen empleo formal.
El problema es que la parálisis de la economía está afectando seriamente la recaudación. El déficit fiscal, de hecho, venía creciendo antes de la pandemia, porque se había aumentado fuertemente el gasto. El primer bimestre del año, antes de la llegada del coronavirus, acabó con un aumento del déficit fiscal del 144% respecto a igual período del año anterior.
Y la principal solución de emergencia está siendo imprimir moneda a un ritmo descontrolado. Entre el 6 de marzo y el 6 de abril, la base monetaria aumentó un 39%, y se calcula que entre abril y mayo aumentará otro 50%. Con lo que hay que esperar un repunte importante en la inflación. Es más, hay quien teme ya una hiperinflación.
Los economistas están avisando también de la posibilidad de una gran devaluación, cuando la actividad bancaria vuelva a la normalidad. La brecha entre el dólar oficial y el libre ya supera el 50%. Al mismo tiempo se admite oficialmente que hay un atraso cambiario. Y ya se sabe que en Argentina si sube el dólar suben los precios, por más que muchos de ellos no tengan relación directa con la divisa norteamericana.
