El proceso de negociación en curso entre el norte y el sur de la eurozona se inscribe en una situación catastrófica que parece capaz de poner en juego el futuro de la Unión Europea (UE) y, en consecuencia, el bienestar de la ciudadanía y la convivencia entre los Estados europeos. Palabras mayores.
Hay que recordar que la UE es un complejo artefacto político de 27 Estados miembros (ya sin el Reino Unido) y económico (un mercado único, una unión monetaria y una unión bancaria incompleta) gestionado por un inacabado e intrincado entramado institucional que, incluso en condiciones normales, hace muy pesados los procesos de diálogo y acuerdo. La negociación se complica aún más por las divergencias crecientes de estructuras y especializaciones productivas entre los socios, la disparidad de los desequilibrios macroeconómicos entre los Estados miembros y porque éstos, siguen conservando gran parte de su soberanía y competencias, aunque hayan cedido algunas a instituciones comunes para una mejor defensa de sus intereses nacionales y, aunque parezca paradójico, para reforzar sus capacidades de decisión soberana frente a las amenazas que suponen la globalización neoliberal y su crisis.
UNA PROVOCACIÓN DESPRECIABLE
Tampoco conviene olvidar, si se quiere entender el malestar de una parte significativa de la ciudadanía de los países del sur de la eurozona y la creciente agitación neosoberanista de la ultraderecha xenófoba en buena parte de Europa, las malas prácticas de negociación que terminaron en imposición, a sabiendas del desigual reparto de ventajas y de costes económicos y sociales que las medidas impuestas acarrearían. El ejemplo más claro y sangrante de esas imposiciones es relativamente reciente, el rescate en 2015 de la economía griega, cuando las instituciones comunitarias no dudaron en dar, con el daño causado al pueblo griego y el destrozo añadido provocado en su economía, un recado al resto de los países del sur de la eurozona: no hay salvación ni ayuda financiera sin aceptar recortes y austeridad.
En el actual momento negociador, una vez sabidos los nefastos efectos de las políticas de austeridad impuestas a partir de 2010 y confrontados a una crisis sanitaria global que nada tiene que ver con el despilfarro o la holganza de la ciudadanía meridional que se esgrimían entonces, la repetición de los mismos mantras y exigencias de austeridad que en 2015 sonaban en boca del actual ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra, como una provocación despreciable, porque la mayoría de la ciudadanía de los países del sur de la eurozona entiende ahora ese tipo de declaraciones como una provocación despreciable.
De negociación y cesiones en el último acuerdo del Eurogrupo
No siempre la negociación es posible o acaba bien. A veces, las opciones se reducen a desaparecer o aceptar la derrota. Hay muchos episodios históricos en los que las fuerzas en disputa intentaron aplastar o terminaron aplastando a la otra parte. El arte de la negociación consiste esencialmente en elegir los terrenos en los que hay que ceder: en ocasiones, para avanzar; en otras, para sobrevivir y mantener la resistencia por los objetivos e ideas que se defienden.
A pesar del mucho ruido que acompañan las negociaciones en las instituciones europeas, su marcha en las últimas semanas parece algo más favorable a la aprobación de medidas que suponen avances. La actual coyuntura europea es la más permeable a los cambios de la última década. Quizás, porque son constatables los resultados negativos de la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta en 2010 y porque hay más consciencia de las dificultades para gestionar esta catástrofe sanitaria, social y económica con las instituciones y políticas económicas que han predominado en la última década. Puede que influya también la existencia de altos riesgos de un deterioro irreversible de la UE que, por primera vez a lo largo de sus 63 años de historia, puede verse abocada a un desmantelamiento más o menos organizado o, en el peor de los casos, caótico. Y a ninguno de los países europeos beneficiaría tal fracaso.
Las economías de Italia y el resto de los países del sur de la eurozona cuentan, tras el acuerdo del Eurogrupo, con más financiación comunitaria sin otra condición que no sea su utilización en la lucha contra la pandemia
Para valorar con cierta objetividad los acuerdos logrados por el Eurogrupo (la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona) en las horas finales del pasado 9 de abril, conviene leer con atención lo escrito por Roberto Gualtieri, el ministro italiano, al terminar la reunión: “Los eurobonos están sobre la mesa, la condicionalidad del MEDE ha sido retirada. Enviamos al Consejo Europeo una propuesta ambiciosa”. ¡Qué lejos está esa valoración de Gualtieri de los exámenes rigoristas en los que el suspenso está escrito de antemano, porque ningún acuerdo posible puede ajustarse a la visión cerrada de los problemas y las soluciones que sostiene el examinador!
Las economías de Italia y el resto de los países del sur de la eurozona cuentan, tras el acuerdo del Eurogrupo, con más financiación comunitaria sin otra condición que no sea su utilización en la lucha contra la pandemia. ¿Podría haber sido un mejor acuerdo? Claro, pero esa respuesta de Perogrullo no exime de una valoración positiva de lo logrado. Tras el acuerdo, los países del sur de la eurozona y el conjunto de la UE están en mejores condiciones de superar la crisis sanitaria y sus destructivos impactos sociales y económicos. Ha sido una negociación con cesiones mutuas importantes que ha supuesto un avance en la respuesta común a la crisis.
El gobierno de Holanda, arropado por el de Alemania y sus aliados del norte de la eurozona, no ha cedido ni probablemente consentirá en un futuro próximo en la emisión de eurobonos, pero ha cedido en algo muy importante: eliminar la condicionalidad en la utilización de los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la lucha contra el coronavirus y sus efectos. Concesión que aproxima la aprobación de fórmulas más avanzadas de mutualización de la deuda pública europea, probablemente a través de la emisión conjunta por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar los déficits originados en las tareas de reactivación económica que necesariamente deberán emprenderse a partir de 2021. Téngase en cuenta, además, que ya se produjo una cesión previa, por parte de Alemania y Holanda, al hacer la vista gorda a la iniciativa del BCE de compra masiva y a voluntad de deuda pública, saltándose la proporcionalidad en las compras respecto al PIB de cada Estado miembro. Lo que viene a resultar una forma blanda de mutualización y monetización de la deuda.
Enfrente, los gobiernos de Italia, España y el resto de aliados del sur de la eurozona han cedido en su principal objetivo, la mutualización de deuda mediante la emisión de eurobonos, lo que implicaría un salto cualitativo de naturaleza política en la plasmación de la solidaridad entre los Estados miembros; pero han conseguido una fuente extraordinaria de financiación común procedente del MEDE que excluye la condicionalidad durante el periodo excepcional de lucha contra la crisis sanitaria y sus impactos económicos y sociales inmediatos. Hoy pueden afrontar con más garantías, financiación y seguridad la catástrofe. No han renunciado a nada y podrán seguir defendiendo su propuesta en el próximo Consejo Europeo del 23 de abril y posteriores, al tiempo que intentan ganar una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo y entre la ciudadanía europea.
Las medidas aprobadas por el Eurogrupo
Más en concreto, el Eurogrupo aprobó el pasado 9 de abril un potente muro de contención de daños: 240.000 millones de euros, procedentes del MEDE, para financiar los gastos públicos relacionados con la lucha contra la epidemia, sin las condiciones vinculadas a un rescate; 200.000 millones en créditos que podrá movilizar el BEI para financiar a pequeñas y medianas empresas y reducir la destrucción de tejido empresarial y la consiguiente pérdida de empleos y capacidad productiva; 100.000 millones para financiar la protección del empleo, por ejemplo, los ERTE que permiten mantener las plantillas y los ingresos de los trabajadores afectados. Pero la contención de daños no es suficiente, hace falta también un plan de reactivación económica para reforzar, cuando la crisis sanitaria haya quedado atrás, la recuperación económica. Y ese plan de inversiones, aún impreciso, es el que debe comenzar a debatir y llenar de contenido el próximo Consejo Europeo.
Lo acordado por el Eurogrupo se suma, complementa y concreta las grandes iniciativas aprobadas por el BCE y la Comisión Europea en las semanas previas
Podía haber sido mucho más o haber llegado antes, pero lo aprobado no es nada. No se puede decir que la UE se ha encastillado en la inacción, no hay ningún avance o que todo sigue igual. No es así ni es esa la valoración que hace el gobierno italiano, que es el que más necesitaba esas medidas.
Lo acordado por el Eurogrupo se suma, complementa y concreta las grandes iniciativas aprobadas por el BCE y la Comisión Europea en las semanas previas. Por un lado, para controlar las primas de riesgo y las tasas de interés mediante una compra masiva y extraordinaria de deuda pública hasta final de año por parte del BCE. Lo que no es sino una forma encubierta de mutualización de deuda. Por otro, una notable movilización de fondos para garantizar la liquidez de empresas y hogares e impedir que crezca una bola de nieve de impagos que desemboquen en insolvencia y quiebra masiva de empresas y en una reducción drástica de los ingresos de los hogares que podría convertirse en una tragedia social y fragilizar aún más la situación económica y financiera. Además, la relajación de las reglas presupuestarias establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (es la primera vez que se activa la cláusula de salvaguardia del PEC) permite a los gobiernos evitar las restricciones presupuestarias y desarrollar sus propios planes de lucha contra el coronavirus y sus impactos. Muy mal tienen que venir las cosas para que tal acumulación de medidas nacionales y comunitarias no permitan evitar en lo que resta del año el colapso económico o financiero que, en ausencia de tales medidas, podía haberse producido.
Aún faltan muchas medidas y mucha negociación para superar la crisis. Y las instituciones europeas tendrán que moverse para que esta crisis no se lleve por delante la UE ni descargue sobre las grandes mayorías sociales. Se puede evitar el colapso, pero todavía quedan por hacer muchos cambios. Es el momento de hacerlos. No va a ser fácil, pero las posibilidades de lograrlo son hoy mayores que antes de las medidas aprobadas por las instituciones europeas en las últimas semanas. El próximo 23 de abril, en la reunión del Consejo Europeo, podremos observar hasta donde alcanzan las inercias y cuanto pesan los afanes por poner a Europa a la altura de las circunstancias. Porque no basta con salvar la economía. Europa tiene que dar muestras fehacientes de su dedicación a proteger a las clases trabajadoras y a los sectores sociales más vulnerables. Y para ello debe seguir la pista de dos propuestas que siguen arrinconadas, por mucho que la Comisión Europea las haya hecho suyas: un reaseguro europeo de desempleo y una renta mínima garantizada comunitaria. Cuanto antes, mejor.
