viernes 15/1/21
ENTREVISTA LEONARDO GONZÁLEZ PERAFÁN

Colombia: el dilema de las armas o la paz

Leonardo González Perafán
Leonardo González Perafán

La ausencia del Estado en los territorios es caldo de cultivo para el conflicto social

Mientras la ‘gasolina’ para este conflicto siga, por más que un grupo se desmovilice, habrá otras personas que empuñen las armas

Cómo hacerle saber a la gente que es mejor la paz a la guerra

Leonardo González Perafán, analista, investigador, especialista en temas de justicia transicional, resalta que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es un hecho que se sigue repitiendo a cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz, en La Habana, entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Esto se debe a que el conflicto no ha terminado, permanece latente en los territorios donde la forma para resolver los diferendos es por medio de la violencia.

Pero “la línea no puede ser la violencia. No puede ser la muerte. Debe ser la negociación siempre”, exhorta González Perafán. Y añade: “Nuestra postura es que a pesar de todo lo que está sucediendo, lo mejor que ha pasado es el proceso de paz, y lo que debemos hacer es fortalecer este proceso”.

En entrevista por Zoom, el también coordinador de proyectos en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), describe que en Colombia se estigmatiza y macartiza fácilmente al otro, al adversario. “Tratar de cambiar esa forma de pensar es lo más complicado, de largo aliento, pero hay que empezar desde ahora”, recomienda.

¿Cuál es su balance del Acuerdo de Paz suscrito en 2016?

—Se podría hablar de un balance agridulce. Positivo porque estamos en un proceso de paz, en una transición y porque desde 2002 parecía haber una reducción de homicidios sociopolíticos, secuestros, desaparecidos forzados, en falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales.

Pero un apunte muy agrio es que desde 2018 empezaron a subir todas las victimizaciones. Es decir, están apareciendo cada vez más líderes sociales asesinados, se incrementan los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales y las víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, en lo que veíamos como positivo, donde la sociedad estaba abriendo camino a una nueva forma de ver la vida, se están dando pasos hacia atrás. Hay una estigmatización por parte de líderes de un partido, el Centro Democrático, lo cual repercute en la base de la sociedad y va en contra de líderes sociales y ex combatientes de las Farc.

En estos momentos nos encontramos en una etapa crucial porque podemos ir nuevamente al conflicto armado, caer en la degradación más violenta como en los peores años o retomar el camino hacia la paz.

¿La violencia tiene una expresión nacional o territorial?

—En 50 años de conflicto, las expresiones de la violencia siempre han sido a nivel territorial y rural, y diferente en cada zona. Ahora se han acentuado las diferencias. Hay regiones donde el narcotráfico es el eje del conflicto, por ejemplo, en la parte sur. En otros casos, el punto central de la discordia son las tierras por megaproyectos de palma, agroindustriales o petroleros. Hay sitios donde la lucha es por la minería ilegal. Entonces, todo depende del lugar que se trate y de la ausencia del Estado.

Cuando hablo de ausencia del Estado no solo me refiero a la falta de la fuerza pública, sino del Estado integral: educación, créditos al agro para no tener que cultivar la hoja de coca y asegurar un futuro distinto. No hay presencia del sistema de salud, del sistema de justicia. La ausencia del Estado en los territorios es un caldo de cultivo para el conflicto social.

Por eso se ha hablado de que en Colombia existe un conflicto social, político y armado.

Lo que se logró en la negociación entre el gobierno y las Farc es quitar la parte armada. Pero se dejó el conflicto social y político. Las inequidades y las injusticias continúan. Donde existe la ausencia del Estado se radicaliza la violencia.

¿El problema es la ausencia del Estado o la falta de presencia del gobierno?

—Entiendo la tesis. El Estado no solo es el gobierno, sino también las otras ramas del poder. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es una rama del poder que sí está haciendo presencia paradójicamente en todos los territorios. Las instituciones presentes son las paliativas, humanitarias; no las preventivas. Están los médicos que curan la herida, pero no están los agentes que pueden evitarla. Se encuentran las personerías, los encargados humanitarios para atender a los desplazados, mas no las instituciones que evitan el desplace forzado de las personas. No están las instituciones que evitan las masacres. Brillan por su ausencia las entidades que impidan el estado de cosas causante de la violencia. Y esas agencias son especialmente del gobierno. En la rama judicial, quien garantiza que un juez pueda estar en un municipio alejado, con seguridad, pagado y no lo maten, es el ejecutivo. El ejecutivo es el garante de la seguridad; no es el juez, ni siquiera los congresistas.  

Cuando se habla de la ausencia del Estado es especialmente del vacío de gobierno y se evidencia en la falta de política para hacer presencia en los territorios. Aunque hay una forma diferente de presencia, como ceder los territorios a las multinacionales. Dicen: ‘Nosotros no podemos ir, pero vayan ustedes. Incluso, les hacemos la carretera, les bajamos aranceles y otorgamos todo tipo de prebendas para que puedan estar en nuestro territorio y utilizar los recursos naturales’. Ahí sí está el Estado haciendo concesiones.

El Acuerdo contempla la creación de una Unidad de Búsqueda de desaparecidos. Algunos reportes calculan que las víctimas de desaparición forzada suman alrededor de 200,000. ¿Cómo van los esfuerzos de búsqueda?

—Es muy difícil. Es una de las tareas más complicadas. Con la desaparición forzada, lo que el delincuente quiere es no dejar ningún rastro de prueba para dar con la persona desaparecida. Hace lo posible por borrar toda huella. En este momento, Colombia es el país con más desaparecidos en América Latina. Más incluso que en la época de las dictaduras del Cono sur.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene una tarea de más largo aliento para acompañar a las víctimas y encontrar los cuerpos. En días recientes tuvimos una gran noticia. Por primera vez en la historia del conflicto armado se encontró a una persona dada por desaparecida hace 35 años. Ocurrió en el Departamento de Arauca.

La UBPD está avanzando. Con todas las dificultades, lentamente está dando frutos. Cómo encontrar a los desaparecidos en medio del conflicto. Y es que los problemas continúan. Se firmó el acuerdo, pero el conflicto sigue porque hay muchos grupos: permanece el narcotráfico, la minería, la corrupción dentro de las fuerzas militares. Mientras la ‘gasolina’ para este conflicto siga, por más que algún grupo se desmovilice, habrá otras personas que empuñen las armas.

En los años recientes, es evidente que varias sociedades en el mundo se encuentran muy polarizadas. ¿Cómo observa el caso colombiano?

—La polarización que existe en Colombia es muy primaria. No por las ideas. Es una división del capitalismo básico donde quienes ostentan el poder y la explotación de los recursos naturales, pretenden seguir usufructuando ese poder. Esto se enfrenta con una realidad del mundo, donde ya no es la oposición entre izquierda y derecha, sino tiene que ver con la sobrevivencia. Tratando de sobrevivir a la pandemia, al cambio climático, a todo. Y ese capitalismo arrasador no es garantía de ninguna sobrevivencia. Quienes están a favor de este orden interpretan, con tinte político, que son sectores de izquierda los que reclaman un cambio. Pero esto va más allá. Toca a la política de la vida o la muerte.

Las discusiones son todavía muy básicas y, por tanto, las respuestas son igualmente básicas a través de la violencia.

Estamos también en un país ignorante políticamente. Las discusiones que se pueden dar son muy de pasiones. Se macartiza fácilmente al contrario. Cuando en Colombia se tiene a un adversario, es fácil amenazarlo y mandarlo a matar. No hay una discusión madura frente a cualquier problema. Se buscan soluciones de manera violenta, no de forma dialogada.

¿Será la desigualdad persistente la que condiciona estos comportamientos?

—Más allá de eso. Es la falta de conciencia de que hay desigualdad. Es triste ver cómo personas de escasos recursos son las que defienden en este momento a los que detentan el poder. Cuando el poder tiene un pueblo ignorante es más fácil dominarlo. La desigualdad y las injusticias pasan a un lado cuando a las personas se les da pan y circo. Todo se arregla con un partido de fútbol, identificar al comunismo y al castrochavismo como el enemigo ideológico interno o señalar que a todos nos convertirán en homosexuales. Es lo que se encuentra en los discursos de políticos y candidatos a la presidencia.

En eso estamos enfrascados. En un misticismo traído del viejo catolicismo. Es la locura. Cómo hacerle saber a la gente que es mejor la paz a la guerra. Eso que es lo más lógico, la gran mayoría no lo entiende. Frente a los violentos prefiere más violencia. Nosotros decimos: ‘frente a los violentos hablemos con ellos y acabemos con la raíz de la violencia’.

Algunas voces críticas del Acuerdo señalan que se trató más bien de un pacto entre victimarios, de un arreglo entre élites. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Si se revisa con cuidado, el eje del Acuerdo son los derechos de las víctimas. Para en una teoría de la justicia transicional porque no se avanzó en la justicia tradicional que es ‘delito igual a cárcel’. Es decir, el que comete un delito va a la cárcel. Eso no se va a lograr en medio de un conflicto armado porque a las personas se les detiene o las matan. En la justicia transicional el centro de todo es la víctima. Es el tema de la verdad, justicia, garantías de reparación y no repetición. Louis Joinet de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lo había venido repitiendo en los años 90. Se siguió esta vía tomando la experiencia de otros países y de la misma Colombia con la Ley de Justicia y Paz. Se dijo: ‘vamos a sustituir la justicia de cárcel por verdad, por reparación y garantías de no repetición’. La gran mayoría de las víctimas prefieren que el victimario diga la verdad, por qué hizo las cosas y que ese delito no se vuelva a repetir. En el caso de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, no hubo verdad, ni reparación. La justicia fue de cinco a ocho años de cárcel. La mayoría ya están afuera, pero las víctimas no supieron qué pasó con sus seres queridos, quién los mandó a matar o por qué.

No coincidimos con la afirmación de que es un acuerdo entre élites. Es un pacto con mucha participación de la sociedad civil. Cada punto se discutió. Todos los ciudadanos colombianos pudimos participar en foros y otras formas, aportando nuestra voz. Las decisiones tomadas en Cuba finalmente fueron avaladas por el Legislativo y la Corte Constitucional colombiana. Antes de esto, fue elevado como si se tratara de un convenio entre dos naciones o dos gobiernos. También tiene la aprobación del Consejo en pleno de Naciones Unidas. Es difícil considerar que es solo un acuerdo entre élites o actores armados del conflicto.

¿Qué razones han motivado el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos?

—Después de 2016, se ha venido acrecentado el asesinato de líderes sociales por varias razones. No se puede decir que sea una sola; pero destaca especialmente, la ausencia de la implementación del Acuerdo de Paz. Los conflictos sociales en el territorio continúan. Sigue la presencia de grupos armados. Los líderes sociales se encuentran tratando de proteger su territorio ante esos grupos y frente a las multinacionales. Pero esa exposición los pone en jaque ante una notable ausencia del Estado. ¿Por qué los están matando? Porque los conflictos continúan y se resuelven de una manera violenta.

¿Cómo percibe las agresiones hacia periodistas en Colombia?

—Ha aumentado la victimización. Lo que se pretende es callar al periodista. Aquí se realiza mediante la amenaza, el destierro, el desplazamiento forzado y, en algunos casos, se llega al homicidio. Creo que el problema principal es de los medios, que no garantizan la libre expresión y opinión de los informadores. Cuando un medio tiene un dueño que decide qué se debe decir y qué no, se viola la libertad de prensa. Ese es el principal derecho que hoy se está violando. Además de que, en la región, no hay una garantía de sobrevivencia para quien practica esta profesión. Le toca al propio comunicador buscar apoyo de quien sea para poder pautar. Pero ese apoyo tiene sus bemoles. El periodista no puede reportar los conflictos en los territorios porque su patrocinador es la persona que se encuentra en medio de la disputa. Hay censura, autocensura y violencia permanente contra el periodismo.  

¿Tal vez esto se explica porque los medios están en manos de grandes grupos empresariales?

—Así es. El hombre más poderoso del país es dueño de varios medios de comunicación. La revista más importante está en manos de un grupo económico muy influyente. Cada vez son menos los buenos periodistas que están en los grandes medios. Buenos periodistas hay en todas partes, lastimosamente no todos tenemos acceso a ellos. Hoy Twitter está dando una revolución en los medios. No cualquiera puede ser periodista, pero todos podemos emitir un juicio y eso provoca que las verdades se desfiguren. Hace falta el buen juicio del periodista que investiga, confronta fuentes, con raíces de estudios para poder orientar a la sociedad. Porque el periodista es guía, no solo informa. Ayuda a interpretar o entender lo que está pasando.

¿Qué referencias tiene de grupos como El clan del Golfo, que por sus acciones han llamado la atención de la opinión pública internacional?

—El clan del Golfo o Autodefensas gaitanistas son grupos narcoparamilitares. Viven del narcotráfico, del contrabando y todo lo ilegal que se pueda presentar en una región; pero también de lo legal. Requieren de otras economías como la trata de personas, la minería ilegal, el lavado de dinero del narcotráfico y actividades legales. Es un monstruo de varias cabezas. Hemos denominado el fenómeno como “el complejo paramilitar” porque tiene una diversidad de variables. Hoy vemos un paramilitarismo más aliado del narcotráfico que no necesita del poder político porque ya lo tienen. Alcanzaron el 33 por ciento del Congreso y pudieron poner un presidente, como ellos mismos lo afirmaron. Ese poder no está en peligro. No lo necesitan pelear. Sí necesitan garantizar que el producto de cultivos ilícitos vaya a los cárteles mexicanos, por el lado occidente, y también hacia Brasil y Europa.

¿Qué noticias tiene de la organización denominada Águilas Negras?

—Ellos aparecen a través de panfletos o amenazas, pero no físicamente. Es decir, no se presenta un grupo que se denomine Águilas Negras, con su comandante, en un campamento militar. No. Nadie sabe quién es el líder porque ese grupo no existe, solo el nombre. Es un nombre que se viene utilizando por quienes hacen parte, en algunos casos, del trabajo de inteligencia del Ejército o la policía. Cuando quieren hacer algo y que no aparezca su nombre, entonces utilizan el nombre de Águilas Negras, como la chapa que se han puesto desde hace varios años. Pero realmente no existen. Algunos dicen no, no son Águilas Negras, sino “Águilas Verdes”.

¿Parece que han llamado la atención por sus amenazas a líderes sociales?

—Especialmente, a líderes políticos. Por eso se han caracterizado. Por tener posiciones en contra de políticos, líderes sociales, de organizaciones sindicales opositoras al gobierno. Todo opositor al gobierno tendrá una amenaza de las Águilas Negras.

¿Y han consumado sus amenazas?

—Varias veces. Como en el caso de Colombia Humana, partido que encabeza Gustavo Petro. Ellos ya han tenido varios muertos. Solo en este año han registrado como cinco.

¿Entonces es real el asunto?

—Es real, no solo propagandístico. Es paradójico: no existen, pero sí hacen daño. No son un grupo aparte, sino un apéndice ilegal, por supuesto, del Estado.

¿Del Ejército?

—Del Ejército y la Policía Nacional, lo que ellos denominan “manzanas podridas”.

En otro orden, ¿cómo ha impactado la pandemia del Covid en el cumplimiento del Acuerdo de Paz?

—Ha impactado bastante porque cada vez es más difícil implementarlo. La implementación se complicó por la pandemia, pero también porque la protección a líderes y ex combatientes ha sido cada vez menor. Mientras que los grupos armados se han fortalecido en los territorios y están ejerciendo un control social y militar.

La pandemia ha hecho que nos resguardemos en nuestras casas y ha provocado que los líderes estén mejor ubicados.

El Acuerdo no se cumple como excusa de la pandemia.

Grupos armados incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), utilizan la pandemia para ejercer un control social sobre el territorio. Emiten toques de queda, prohíben salir, con el pretexto del coronavirus. Y si salen, cometen las masacres. Muchas masacres se han perpetrado por violar las normas que imponen los grupos armados.

¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en el proceso de pacificación en Colombia?

—Ha sido un factor determinante casi desde el inicio del conflicto. El conflicto armado en Colombia no ha sido entre dos partes: del Estado contra la guerrilla o del gobierno frente a las guerrillas. Ha sido de Estados Unidos, Reino Unido; es decir, son varios actores en el conflicto. Por eso fue tan importante la presencia estadounidense en el Acuerdo de Paz de La Habana. Ellos tenían a una persona permanentemente sentada en la mesa de las negociaciones. Más aún, el punto 4 sobre los cultivos del narcotráfico se tuvo que llevar a Barack Obama con el fin de explicárselo.

Para bien o para mal, la presencia de Estados Unidos ha sido fundamental en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Hoy lo estamos viendo de la misma forma. Se ha demostrado que la DEA inventó las pruebas para asegurar que Iván Márquez y Jesús Santrich (líderes de la agrupación conocida como la Segunda Marquetalia) estaban realizando cultivos ilícitos para mandar cocaína a México. Por eso es que esas personas volvieron otra vez a la guerra. La DEA, con montajes de la Fiscalía, cometieron esa perfidia, afectando el proceso de paz. Era lo que querían: quitar a uno de los grandes negociadores del proceso como Iván Márquez. Márquez violó el Acuerdo al volver al conflicto armado. Pero ya se demostró que la Fiscalía junto con la DEA plantaron esas pruebas que eran absolutamente falsas.

¿Qué propone la organización no gubernamental (ONG) que usted representa para transitar a una “paz estable y duradera”?

—Tenemos propuestas a mediano y largo plazo. A mediano plazo, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en todos sus términos y condiciones, en especial, el Punto 1 que es sobre tierras y el Punto 4 sobre cultivos de uso ilícito, ya que es el motor de este conflicto. Obviamente también seguir discutiendo y abriendo puertas para una negociación con el ELN, grupos paramilitares y disidencias. Hay que negociar con todos y dependiendo de quién se trate, saber qué se negocia. Con unos puede ser la no cárcel, a cambio de otras cosas. Aquí en Colombia, hemos negociado con todo el mundo, incluso en algún momento hasta con Pablo Escobar.

Nosotros siempre hemos estado a favor de la negociación. Nuestra línea es la solución de los conflictos de una manera dialogada.

¿Llama la atención su postura de negociar incluso con quienes han violado la ley?

—Ha habido posturas de gobiernos que han dicho “cero” negociaciones con cualquier delincuente, mientras otros han querido negociar con todos. Uribe negoció con los paramilitares, Gaviria con Pablo Escobar; todos los presidentes han intentado establecer acuerdos con los grupos armados. Pastrana trató de pactar con las Farc y el ELN. Samper también. Santos lo hizo con las Farc. Es decir, se ha buscado negociar con todos y seguir en esa vía. La línea no puede ser la violencia. No puede ser la muerte. Debe ser la negociación siempre, con todos. Hasta con los más bandidos porque, lo hemos comprobado, al bandido se le mata y nace otro. A Pablo Escobar lo mataron, pero no se terminó el narcotráfico. No se acabó la violencia. Continuó y transmutó a otras dimensiones y velocidades muchísimo peores. Entonces, lo más importante hoy es tener el diálogo con cualquiera.

Y a largo plazo, ¿cuáles son sus planes?

—A largo plazo estamos pensando en las elecciones del próximo año. Que los candidatos realmente estén dispuestos a la implementación del Acuerdo y que se fortalezca la democracia porque es nuestro futuro.

A más largo plazo es tratar de cambiar esta cultura violenta y la estigmatización contra los líderes de las comunidades. Aquí se estigmatiza al indígena por ser indígena, al afro por ser afrodescendiente, a las comunidades campesinas, a los líderes de izquierda, a cualquier persona por no opinar igual que yo. Tratar de cambiar esa forma de pensar es lo más complicado, de largo aliento, pero hay que empezar desde ahora.

¿Acaso el racismo ha tomado carta de naturalización?

—Hay de todo. Pero más allá del racismo, existe la lucha de clases, por el territorio, por intereses. Se mira al otro y al contrario de una forma donde se dice que ´esa persona no sirve y no va a utilizar la tierra como yo quiero´. Hay zonas como en el Departamento del Cauca donde se estigmatiza a los indígenas porque tienen alguna tierra y no la usan según las multinacionales. Señalan que ‘estos viven sembrando papa cuando deberían cultivar la caña de azúcar porque genera más riqueza para la nación’. Hoy la discusión es qué hacer con la tierra.

A eso por supuesto se le suma el racismo. Existe el racismo, el clasismo, la mirada diferente hacia los pobres. Esto repercute en la forma violenta de la reacción de cada persona con algún interés sobre el territorio.

¿Parece que Colombia no ha resuelto el problema de la diferenciación racial?

—Aquí la estigmatización es permanente. El pastuso por ser pastuso se dice que es bruto. El indígena por ser indígena es perezoso. El afro por afrodescendiente es ladrón. Con esto la gente estigmatiza y justifica la violencia garantizada por la impunidad. En el país existe un 90 por ciento de impunidad. La triada estigmatización, justificación e impunidad produce violencia.

¿Qué impacto ha tenido el movimiento #Me Too?

—Hoy las mujeres están denunciando a las personas que están ejerciendo algún tipo de violencia sobre ellas. Se denuncia todo tipo de violencia sexual. Es la voz que toda Latinoamérica se ha dado. En España, Chile, México. En Colombia también ha tenido su fortaleza y cada vez ha ido ganando más espacios en derechos de las mujeres. Para muchos un piropo no era violento, ahora se torna violento siempre y cuando así lo sienta la mujer. Un comportamiento machista, puede generar violencia.

¿Cuál es su opinión sobre las recientes expresiones de la minga?

—La minga lo que significa en lengua indígena nasa es movimiento en ayuda colectivo. Esto lo hemos ido interiorizando y apropiando. Ya le llamamos minga a todo movimiento de protesta. La última minga fue muy importante por exigir el respeto de la vida. Tenía unos principios. Era una minga contra una política violenta ejercida desde el mismo gobierno. Una reacción a medidas de seguridad no apropiadas ni consultadas a las comunidades indígenas y campesinas. Vinieron a Bogotá a manifestar su desacuerdo con la política de guerra y plantearon la política que ellos tienen. Fue una minga de principios, no solo de reivindicaciones.

¿Sobrepasó la protesta por el despojo de territorios de los pueblos originarios?

—Ellos llegaron con unos principios a favor de la vida. Le hicieron saber al gobierno que sus políticas generan desarraigo, violencia y pérdida de territorio.

¿Algo más que considere agregar?

—Hoy, lo más importante es estar pendiente de la implementación del Acuerdo de Paz y cuidar la vida de los líderes ex combatientes. El 29 de noviembre mataron a otro sumando 244 en el año. Sin embargo, debemos ser positivos. Estamos escuchando voces de diferentes partes donde se dice que el proceso de paz no sirvió o que fracasó. Eso es lo que menos debemos pensar. Sostener que un proceso de paz no funcionó es como aceptar que la única opción sería la guerra. Nuestra postura es que a pesar de todo lo que está sucediendo, lo mejor que ha pasado es el proceso de paz, y lo que debemos hacer es fortalecer este proceso. Es como tener una dosis de positivismo todos los días.

¿Pero hay voces también muy pesimistas?

—Permanentemente. Y además con intereses, por supuesto. Como el ELN que tiene un pesimismo bajo un interés en la negociación. No les interesa que el proceso de paz con las Farc funcione.

Perfil | Leonardo González Perafán es coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) con sede en Bogotá, Colombia. Graduado en Derecho por la Universidad del Cauca, ha sido profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Externado. Sus líneas de trabajo comprenden temas sobre conflicto armado, justicia transicional y derechos étnicos. Tiene experiencia en resolución de conflictos y acompañamiento de víctimas de desplazamiento forzado. Es autor de los ensayos: “El asesinato de líderes y defensores de la paz en Colombia”, “Reasentamientos y otros impactos de la operación minera en La Guajira” y “Homicidio de defensores y defensoras de paz: una tragedia que no se detiene”, entre otros.

Colombia: el dilema de las armas o la paz