La sangrienta dictadura de Augusto Pinochet contó con la complicidad de una buena parte de la sociedad chilena y de los grandes medios de comunicación que forjaron la idea de un enemigo interno para justificar el terrorismo de Estado que entre 1973 y 1990 dejó un saldo de 40 mil víctimas.
El Plan Cóndor, orquestado en los Estados Unidos e ideado para exterminar la vanguardia luchadora y reprimir la movilización obrera y popular, se implementó en las décadas de los 70s y 80s durante las dictaduras que asolaron Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. El objetivo fue la imposición de un modelo económico que arrojó como resultado la agudización de la desigualdad, el incremento de la pobreza y del hambre.
Chile ha sido escenario de un profundo experimento económico y social. Sebastián Piñera definió los supuestos logros del modelo hace apenas unos días atrás, antes de su declaración de guerra “En medio de esta América Latina convulsiona Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”.
En un país pacificado a la fuerza por el golpe de Estado de septiembre de 1973, y por cinco años (1973-1978) de cruenta represión de dirigentes políticos y sociales, los ministros civiles del gobierno militar pudieron despejar brutalmente toda traba institucional e implementar a través de decretos un modelo económico que, al igual que en otros países de la región, provocan un desequilibrio que sólo beneficia a la clase social dominante.
Piñera, admirador confeso del dictador que derrocó al gobierno de Salvador Allende, ha ordenado una represión sin precedentes en la historia de la democracia chilena
Pinochet contó con portavoces oficiales que desde El Mercurio y otros medios corporativos ocultaron la brutalidad y los crímenes que el Estado cometió contra su propio pueblo. Piñera, admirador confeso del dictador que derrocó al gobierno de Salvador Allende, ha ordenado una represión sin precedentes en la historia de la democracia chilena. Pero al presidente le será difícil ocular las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en las principales ciudades del país. Si bien los medios de comunicación pretenden imponer la idea de “vándalos” a los que no queda otro remedio que combatir, las redes sociales están denunciando las atrocidades de un ejército que asesina, secuestra y tortura con total impunidad.
Mientras los camiones hidrantes reprimen y atropellan a manifestantes en las calles de Santiago, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya presentó la primera denuncia por torturas interpuesta por un joven estudiantes detenido en la Estación Baquedano del Metro. Las denuncias de abusos por parte del Ejército se multiplican en las redes sociales que sirven de plataformas para hacer visible lo que la televisión chilena oculta.
Dirigentes políticos de la oposición también se hicieron eco de las denuncias de tortura. El jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, denunció que las detenciones ilegales y las torturas ocurren en dictadura, no en una democracia. El presidente tiene que hacerse responsable de aclarar estos hechos y garantizar a los chilenos que el estado de excepción no implica violación de los derechos humanos”
Lejos de hacerse responsable, Piñera insiste con la guerra contra el enemigo implacable, mientras que su mujer, Cecilia Morel, habla de “invasión alienígena”. La Organización de los Estados Americanos (OEA) tampoco se ha pronunciado respecto de los crímenes de Estado perpetrados en la Chile democrática de Piñera; aunque sí parece preocupada por la supuesta irregularidad en la elección presidencial que le dio la victoria a Evo Morales en Bolivia.
Chile pasó del oasis a la guerra de la noche a la mañana. Con muertos, desapariciones, torturas y ejecuciones en la vía pública. Y Piñera es el máximo responsable.
