jueves. 28.03.2024
ApruebloChile

@jgonzalezok  (Santiago de Chile) | Si en octubre de 2020 un plebiscito aprobado por el 78 % de los votos aprobó la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución para Chile, dos años después otro plebiscito parece encaminado a rechazar el texto que se le somete a la ciudadanía. Este 4 de septiembre es la fecha, con voto obligatorio -contrariamente a las elecciones generales- y en juego está no solo la Constitución sino el destino del gobierno de Gabriel Boric.

Aunque no se permiten encuestas en los días previos al referéndum, las conocidas con anterioridad marcan unánimemente que el proyecto será rechazado, aunque por poco margen. Boric reconoció a la revista norteamericana Time que él no puede imponerse, añadiendo que “sería legítimo”.

El proyecto de Constitución es un texto largo, con 388 artículos y casi 60 normas transitorias. Los defensores destacan temas como derechos indígenas, derechos sociales y descentralización. Los críticos subrayan su maximalismo y que dañaría la estabilidad política y el dinamismo económico que el país tuvo en los últimos años. Fruto de la configuración de la Asamblea Constituyente, con una muy amplia representación de sectores y tendencias, pero con escasa experiencia política, es un texto que tiene errores y sectarismos. Y también curiosidades, como el artículo 28, que reconoce el derecho al ocio.

Antes de que acabara la labor de la Asamblea Constituyente, una encuesta de Cadem mostraba cómo los trabajos de los constituyentes parecían estar ajenos a las preocupaciones de la población. Ante la consulta de cuáles serían los temas más importantes que debía contemplar la nueva Constitución, solo el 2 % dijo que el estado plurinacional y el 3 % que la descentralización. Por el contrario, el 62 % respondió que debía ser la garantía de los derechos sociales, como la salud y la educación.

Sea aprobada o no, el tema constitucional será una cuestión que por añosa ocupará a la clase política y la sociedad. Si vence el Apruebo, queda un enorme trabajo para implementarla. Y si fuera rechazada, hay consenso en que hay que encontrar la fórmula para que Chile se libre de la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Pinochet. La actual Constitución sufrió 60 modificaciones en estas últimas décadas de democracia, acabando con los puntos más controvertidos heredados del pinochetismo: los senadores designados, comandantes inamovibles en las FFAA y Carabineros, sistema electoral binominal. Pero enterrar esta constitución tiene un alto contenido simbólico.

Las encuestas conocidas con anterioridad marcan unánimemente que el proyecto será rechazado, aunque por poco margen

Los principales cambios

El artículo 1, en su primer parágrafo, establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. A continuación dice que se constituye como una República solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.

Después de esta declaración de principios vienen los temas polémicos:

  1. Desaparece el Senado -aunque continuará funcionando hasta 20026-, siendo sustituido por una Cámara de las Regiones. El Senado es una institución que tiene 200 años en Chile, muchos lo consideran elitista y reacio a los cambios. Si prospera, se entrará en una fase de bicameralismo asimétrico.  
  2. Hay un proceso de descentralización, otorgando nuevos poderes a las regiones, comunas y territorios indígenas. Hasta ahora Chile era un país muy centralizado y solo en 2021 los gobernadores pasaron a ser elegidos popularmente. Los críticos temen que la autoridad del Estado desaparezca de las zonas indígenas, en momentos en que arrecian los conflictos con grupos mapuches radicalizados en el sur del país. Frente a las críticas de fragmentación del país, también se destaca que se establece que Chile es un territorio único e indivisible y la autonomía no permite la secesión. 
  3. La nueva Constitución define a Chile como un país plurinacional, reconociendo las leyes y costumbres indígenas. Los críticos hablan de un sistema paralelo de justicia. El nuevo texto también establece que los indígenas (un 12 % de la población, 11 grupos diferentes) deben ser consultados sobre determinados temas, como la minería, una cuestión delicada ya que es el principal sector exportador del país.
  4. Chile es definido como un estado social, en el que el Estado debe hacerse cargo de la salud, la educación y la vivienda. Se le adjudican también derechos a la naturaleza. Esto creará un Estado con un tamaño mayor, con un impacto fiscal importante, que puede ir más allá del 5 % de aumento de impuestos prometido por Boric en la campaña.
  5. El agua, que de acuerdo a la Constitución de 1980 era propiedad privada -único país en el mundo-, volvería a ser un bien del Estado. El uso del agua en la minería es un tema controvertido, por la gran cantidad que usa y por la contaminación que provoca.
  6. Paridad de género: la nueva Constitución establece que en todas las instituciones públicas, al menos el 50 % de sus integrantes sean mujeres

El politólogo Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales (Chile), señaló que los peligros de la nueva Constitución comenzaron cuando los constituyentes decidieron partir de cero, sin tener en cuenta constituciones anteriores. “Dejando volar su creatividad, la convención ha presentado ideas y conceptos que nunca se han probado o, peor aún, han fallado dondequiera que se hayan probado”.

Para Navia, al exigir el desmantelamiento del modelo neoliberal impuesto por la Constitución de Pinochet, la Constituyente destruyó incluso principios constitucionales y tradiciones que remitían a las Constituciones de 1925 y 1833, incluyendo la eliminación del Senado, que tenía una historia de 200 años. “Llena de detalles innecesarios y excesivos, la extremadamente larga nueva Constitución, ha generado una entendible preocupación entre la gente que quería arreglar el país, no encontrarse con uno nuevo. Mientras que el texto propuesto garantiza una larga lista de derechos sociales, fracasa a la hora de establecer cómo se financia. Al reconocer nuevos derechos a los pueblos indígenas, dándoles derecho a voto en cuestiones que afecten su forma de vida, puede verse afectado el sector minero, que es el sector exportador más importante del país”.

Sergio Bitar, ex ministro de Allende y firmante del texto “Ex ministras y ex ministros por el Apruebo”, reconoce que el texto propuesto contiene aspectos riesgosos, pero sostiene: “Es nuestro deber político y moral decir que creemos que para tener una nueva Constitución que deje atrás la que existe, que ya está obsoleta, necesitamos una base sobre la cual corregir lo que no nos gusta y eso es mejor que rechazar y quedarnos sin nada”. Añadiendo: “Los grandes retos de Chile requieren una organización de la sociedad que sea más solidaria y colaborativa, una institucionalidad capaz de enfrentar los desafíos de la desigualdad, la fragmentación social, la destrucción de la vida en el planeta, la digitalización y los temas éticos que surgen también del avance de la biología genética. Una institucionalidad que proteja del autoritarismo y la parálisis”.

La derecha pura rechaza el texto del principio al fin. Pero también hay sectores centristas que están en desacuerdo. Para Carolina Goric, ex senadora y ex candidata presidencial, del Partido Demócrata Cristiano, el texto no solo no alienta a la unión de los chilenos, sino que sirve para dividirlos aún más: “Establece cambios que amenazan el concepto de un estado unitario y debilita muchas de las instituciones que sustenta nuestra democracia. Es cierto que la propuesta constitución garantizaría muchos derechos sociales legítimos, que apoyamos. Sin embargo no es suficiente para aprobar una propuesta que, después de conocer su contenido, ha ido perdiendo apoyo entre los ciudadanos. El cambio del sistema político y un concepto equivocado de la plurinacionalidad son los principales problemas. El proceso, además, estuvo plagado de discursos maximalistas que alienaron a la ciudadanía. Creo firmemente que Chile necesita tomar una serie de cambios sociales sin demora, pero que deben hacerse bajo una Constitución que nos una y no nos divida, donde todos tengan los mismos derechos y oportunidades”.

Once representantes de otros tantos partidos políticos, que van del Partido Comunista, al Partido Socialista, Partido por la Democracia y otros, han firmado un acuerdo que han  denominado “Unidos y Unidas por una Nueva Constitución”, y que contempla que el texto de la nueva Constitución -caso se apruebe- sea modificado en cinco puntos, que son medulares: plurinacionalidad, derechos sociales, Poder Judicial y sistema político. El procedimiento es una maniobra para intentar salvar el texto aprobado por los constituyentes, pero con una fórmula inusitada, ya que se le pide al ciudadano que apruebe un texto que luego se modificará, sin ninguna garantía del sentido de los cambios.

Un Chile dividido decide sobre su Constitución