Existen dos formas de encarar un análisis sobre las condiciones socioeconómicas de Chile. Una desde la óptica economicista, por la que se mide la evolución del PIB, el PIB per cápita y la caída de la pobreza medida por ingresos. Y otra que incorpora una mirada del bienestar de la población, las condiciones laborales, la posibilidad de acceso a la educación, los niveles de seguridad social y la desigualdad entre iguales.
Desde la primera óptica es imposible entender el estallido social en el que vive Chile desde octubre del año pasado, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera aumentó $30 el precio del transporte público. Desde la segunda, el estallido estaba anunciado.
En este informe se intentará profundizar en aquellos aspectos sobre la realidad social chilena que permitan echar luz sobre las razones por las cuales el pueblo reclama un cambio constitucional urgente.
Mercantilización de la vida
Como es bien sabido, las movilizaciones por la educación pública, el movimiento contra las Administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los reclamos por un sistema de salud universal [1] vienen haciendo eco sobre los distintos gobiernos que han asumido desde 1990. Estos gobiernos adoptaron una política economicista y focalizada para mejorar las condiciones sociales de la población y, sin embargo, estos parches no pudieron enmendar las premisas de una Carta Magna instaurada durante la dictadura militar cuyo resultado fue que el 45% de la población quedara bajo la línea de la pobreza.
Este aspecto de la vida en Chile condiciona todas las decisiones de su población; no se parte de un piso mínimo de seguridad social, hay que ganárselo. Considerando este punto, puede distinguirse entre la pobreza medida por ingresos, que fue de 8,6% en 2017, menor en comparación a 2015, y la pobreza multidimensional que fue en 2017 de 20,7% [2] y mantuvo su nivel comparado con 2015.
Inseguridad laboral
En el país modelo del neoliberalismo se aplicaron todas las medidas posibles de flexibilización laboral (salvo la de flexibilización de la jornada laboral, que quedó pendiente ante el estallido). Como es sabido, entre otras cosas estas medidas permiten a los empleadores tener un nivel de rotación de personal alto que vaya adaptándose a sus necesidades de acuerdo a la temporada, el nivel de actividad, etc., para poder reducir los costos laborales.
Por supuesto, aquello que es beneficioso para el empleador, generalmente no lo es para el empleado. La rotación laboral en Chile es alta, sobre todo en empleos de baja productividad, que son los que más necesitan de personal, como los servicios. Este aspecto genera grandes niveles de inestabilidad social, donde cada cierto período las personas quedan desempleadas (6,9%), o con un empleo que no alcanza a cubrir la jornada mensual. La tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario es de 16,6% [3] y, aun así, los niveles de informalidad se mantienen en 30% [4], acompañando la reducción de posibilidades de alcanzar un mejor salario. En este sentido, si se hace zoom sobre las diferentes condiciones sociales en la población, la desocupación en el decil más bajo aumentó, entre 2015 y 2017, de 25,8% a 29% mostrando un foco de pobreza estructural.
Estas condiciones son consistentes con que el 50% de los asalariados de más de 30 horas cobra el salario mínimo (USD 390) [5], que el ingreso medio mensual de los ocupados sea de USD 743,79[6] y el PIB per cápita de USD 15.924 [7] pierdan sentido como una forma de mirar las condiciones de la población.
Desigualdad
Existen dos respuestas repetidas al dato de que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. El primero es que siempre fue desigual (como si esa justificación permitiera reducir el peso del problema) y la segunda es que está disminuyendo. Sin embargo, los datos de desigualdad a largo plazo muestran que, efectivamente, la desigualdad en Chile es alta históricamente, pero también que ésta logró reducirse en determinados períodos, como durante el Gobierno de la Unidad Popular, que aumentó por arriba de la media durante la dictadura militar y que la disminución de los últimos tiempos logró estar por debajo de la media histórica (0,53) de Chile, pero no que el país sea menos desigual que hace 170 años [8].
Otro dato a considerar es que la encuesta de CASEN para 2017 arrojó un coeficiente de Gini superior al de la encuesta 2015, mostrando un cambio de tendencia que podría profundizarse si se considera el estancamiento en el crecimiento de los últimos años y el aumento del desempleo. En 2015 el 10% más rico lo era por 33,9 veces más que el decil más bajo, mientras en 2017 lo era 39,1 veces más.
Asimismo, los datos se ponen más interesantes y explicativos cuanto más se profundiza. Según el estudio “Desiguales”, del PNUD, para 2015 el 5% más rico se quedaba con el 51,5% de los ingresos del país, el 1% con un 33% y el 0,1% con 19,5%.
Comentarios finales
Durante los últimos 20 años Chile tuvo un crecimiento medio a nivel regional [9], tiene de los PIB per cápita más altos de la región, la desocupación y la pobreza en niveles bajos, y sin embargo como hemos podido ver, estos indicadores reflejan parcialmente las condiciones de vida en Chile.
Los indicadores macro parecen describir a una porción menor de la sociedad, dueña de los grupos económicos y de la elite chilena que se apropia del crecimiento. Mientras la mayoría de la población recibe el derrame, a veces mediado por el Estado y a veces no, que permite que los indicadores estandarizados para medir las condiciones sociales mejoren sin medir la presión de la olla.
Notas
1- https://www.celag.org/servicios-sociales-chile-garantia-de-desigualdad/
2- Datos de la encuesta CASEN 2015 y 2017.
3- Ine septiembre , octubre noviembre 2019
4- Encuesta Nacional de Empleo, INE-Chile. Sep – Nov 2019.
5- Ley 21112 a tipo de cambio oficial
6- INE 2018
7- Cifra del Banco Mundial para 2018.
8- Desiguales, PNUD. Gráfico de desigualdad del ingreso personal (Gini) en Chile en el largo plazo (1850-2009)
9- https://www.celag.org/latinoamerica-dos-decadas-de-crecimiento-economico/
Artículo originalmente publicado en el portal el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
