jueves. 28.03.2024
chile carabineros

La violación sistemática de los Derechos Humanos perpetrada por los Carabineros en Chile fue denunciada en más de una oportunidad ante organismos internacionales. Fue Amnistía Internacional el ente que difundió en octubre de 2020 un extenso reporte en el que se denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por esta fuerza durante las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en Santiago de Chile y que se replicaron a lo largo y ancho del país. 

Desde iniciadas las marchas en protesta contra la suba del boleto del transporte público los mandos estratégicos de la policía militarizada chilena permitieron la comisión de actos de asesinatos, torturas y vejaciones contra los participantes de las marchas. La finalidad de estos “abusos” tuvo base en una política hiper-represiva cuyo fin era desalentar la protesta social. Sin embargo la violencia y la irracionalidad de los uniformados chilenos no se detuvo al finalizar la ola de reclamos; ni tampoco cuando Chile comenzó a ser noticia en los medios internacionales a causa de las denuncias por crímenes de lesa humanidad. Con un Sebastián Piñera decidido a negar lo que las evidencias dejaban al descubierto, la fuerza represiva de Carabineros continuó con una práctica cuyo origen se remonta a los primeros años de la dictadura pinochetista. Asesinar se transformó en una de las “maniobras” más habituales de la nefasta policía militarizada chilena.


Así es la "democracia" de Piñera


No se trata de simples y aislados hechos de uso excesivo de la fuerza, sino de un plan sistemático de terror a través del cual se le da continuidad a la naturalización del crimen por parte de la policía; tal como sucedía en los años más oscuros del gobierno de facto de Augusto Pinochet. La represión en las manifestaciones multitudinarias de 2019 y 2020 dejaron un saldo de 46 personas fallecidas y más de 2.600 heridos. La consternación de un hecho tan significativo ocurrido en un país democrático debió ser mundial; sin embargo el presidente chileno no escatimó esfuerzos en la criminalización de las víctimas para, de esta manera, justificar lo injustificable. “Carabineros siempre ha actuado dentro del marco de la ley y el respeto por los derechos humanos”, mintió Piñera, mientras el periódico de derechas El Mercurio forzaba la realidad para que coincidiese con el relato oficial.


Sebastián Piñera se equipa para la represión


La urgencia por refundar el cuerpo policial chileno volvió a cobrar relevancia luego de que se difundieran las imágenes de un nuevo crimen perpetrado por un miembro de carabineros. El hecho ocurrió el pasado viernes en Panguipulli, una ciudad situada a 720 kilómetros al sur de Santiago.  Allí, un carabinero asesinó a Francisco Martínez Romero, un joven malabarista. El crimen provocó una ola de indignación que recorrió el país; mientras la imagen de la víctima, siendo ultimada de un balazo en el pecho por un miembro de la policía, se viralizó en las redes sociales.  El oficialismo nuevamente respaldó el accionar policial argumentando que el uniformado “utilizó su arma en legítima defensa”; una aberración fácilmente refutable mediante el repaso de las imágenes registradas por varios testigos.

Las etiquetas “Pacos Asesinos” (nombre popular con el que se conoce a los carabineros) ya circulan en las redes sociales. Se esperan masivas manifestaciones en varias ciudades chilenas. En inicio de una nueva ola de protestas es inminente. La tradición de impunidad de la policía militarizada de Chile tiene un responsable, y no es otro que Sebastián Piñera, el presidente de un país que desconoce el funcionamiento de la democracia.  

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