@jgonzalezok | La designada embajadora argentina en Moscú, Alicia Castro, que no llegó a asumir el cargo por la pandemia, acaba de renunciar al puesto por diferencias respecto a la posición argentina respecto a Venezuela. Lo más notable del caso es que Castro -ex sindicalista, azafata de profesión, que en anteriores gobiernos kirchneristas fue embajadora en Venezuela y el Reino Unido- hizo saber su renuncia en carta a Cristina Kirchner y no, como correspondería, ante el presidente, Alberto Fernández y/o el ministro de Exteriores, Felipe Solá.
Castro aseguró que no se podía ignorar que Venezuela estaba siendo sometida a un “bloque criminal, que priva al pueblo de medicinas, alimentos, e insumos esenciales”. No hizo referencia, sin embargo, al segundo informe de Michelle Bachelet, comisionada de la ONU, que habló de terrorismo de Estado, con al menos 7.000 muertos, torturados y desaparecidos.
El episodio demuestra que las diferencias internas dentro del gobierno argentino son enormes. Y que el kirchnerismo duro, que responde a la vicepresidente, no solo socava la autoridad presidencial, sino que avanza para tratar de constituirse en el verdadero poder. En la práctica, se ha reeditado, cambiando los personajes, un viejo lema setentista. En el 73 fue “Cámpora al gobierno, Perón al poder”; ahora hay que entenderlo como “Alberto Fernández al gobierno, Cristina Kirchner al poder”.
La diplomacia argentina ya provocó temblores internos a propósito de Venezuela y éste sería el segundo capítulo
El antecedente inmediato tiene que ver con el discurso del pasado 27 de septiembre del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, un embajador político que responde al kirchnerismo fanatizado. A propósito del informe de la ONU, denunciando graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Raimundi, hizo una defensa explícita de Maduro, habló de información sesgada y de intervencionismo, poniendo en duda las denuncias recibidas por la comisión que encabezó la ex presidente chilena, Michelle Bachelet.
Este discurso se saltó las instrucciones que se le hicieron llegar desde la cancillería, cuyo titular es Felipe Solá. Y causó profundo disgusto en el presidente, Alberto Fernández. En un gobierno normal, el embajador ya estaría cesado; pero nada sucedió, quedando en evidencia que Alberto Fernández está subordinado a su vicepresidenta, en una situación inédita.
Según publicó en Infobae Román Lejtman, un periodista con línea directa con el presidente, el mandatario habló brevemente con Raimundi y le reiteró que “Argentina repudia las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen populista, que no está de acuerdo con el bloque comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y que apoya la realización de elecciones libres y transparentes en Venezuela con la participación de todos los sectores en pugna, incluido Nicolás Maduro”.
La insólita excusa de Raimundi fue que no conocía la posición de la cancillería (el ministerio de Exteriores) y que su titular, Felipe Solá, no hablaba con él. El mismo periodista aportó datos para desmentir este pretexto, al señalar que a mediados de septiembre el ministro de Exteriores había redactado un cable reservado, que llegó al despacho del embajador, con la posición argentina. Además, el embajador habría recibido instrucciones de otros altos funcionarios de la política exterior.
Lo único que le quedó hacer después al presidente fue dar instrucciones para que en la reunión en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la posición argentina fuera de condena al régimen de Maduro. Se anunció una conversación telefónica entre el presidente argentino y su colega venezolano, Nicolás Maduro, pero no se llegó a concretar. Y desde el entorno presidencial se dijo que no hay necesidad de dar explicaciones al gobierno de Caracas sobre la posición argentina.
En realidad la diplomacia argentina ya provocó temblores internos a propósito de Venezuela y éste sería el segundo capítulo. El pasado 15 de julio, el embajador argentino en los organismos de la ONU en Ginebra, Federico Villegas, ya expresó la preocupación argentina a propósito del primer informe de Bachelet. Solo un día después, el presidente Fernández tuvo que dar explicaciones ante uno de los periodistas que responde al kirchnerismo, Víctor Hugo Morales, que entendió que Argentina se había puesto de rodillas ante los Estados Unidos y había entregado la dignidad nacional.
En un reciente artículo, Graciela Fernández Meijide, que integró la Comisión Sábato y, por tanto, luchó en primera línea en defensa de los derechos humanos durante la última dictadura argentina (1976-1983), se preguntaba en qué tiempo se había quedado Carlos Raimundi, el embajador ante la OEA. Y recordó la reciente declaración del Club Político Argentino, que ella preside, en el que señala que “una dictadura, abierta o solapada, no importa en nombre de qué ideología lo haga, es una afrenta para todos los seres libres de la Tierra”.
A todo esto, quien no abrió la boca fue la vicepresidente, Cristina Kirchner, que está detrás de la defensa a ultranza del régimen de Maduro. Seguramente utilizará la táctica que más utiliza en los últimos tiempos. Esperará algún mensaje de Twitter de algún periodista que represente su posición para respaldarlo, poniendo en nuevos aprietos al presidente.
