jueves 19.09.2019
BUENOS AIRES

Caso AMIA, 25 años de impunidad

El gobierno argentino incluyó al grupo libanés Hezbollah, el brazo ejecutor del atentado, en la lista de grupos terroristas.

Sitio donde se encontraba el edificio de la AMIA totalmente destruido por el atentado terrorista de 1994.
Sitio donde se encontraba el edificio de la AMIA totalmente destruido por el atentado terrorista de 1994.

@jgonzalezok / Argentina recordó este 18 de julio un nuevo aniversario del mayor atentado terrorista de su historia, el que destruyó la sede en Buenos Aires de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que causó 85 muertos. El tremendo golpe terrorista se produjo en 1994. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otro atentado había demolido la embajada de Israel en la capital argentina, con un saldo de 29 muertos. Ambos atentados sucedieron en el gobierno del peronista Carlos Menem.

Veinticinco años después del último de los atentados, sigue la impunidad. Las investigaciones judiciales y policiales de ambos hechos estuvieron plagadas de irregularidades, que contaron con la complicidad de los servicios secretos y del poder político de turno. Se celebraron dos juicios, un tercero está en marcha y un cuarto debe comenzar en los próximos meses. El primer juez de la causa, Juan José Galeano, fue procesado y condenado a seis años de prisión por mal desempeño. Usó dinero del estado para pagar a testigos falsos que acusaran a policías locales, pretendiendo presentarlos como la conexión local del ataque.

Veinticinco años después del último de los atentados, sigue la impunidad. Las investigaciones judiciales y policiales de ambos hechos estuvieron plagadas de irregularidades

Dos expresidentes, Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, fueron sospechados de encubrimiento. El primero fue absuelto de la acusación de haber pretendido desviar las investigaciones sobre un empresario sirio amigo del mandatario, aunque la sentencia todavía no está firme. En cuanto a Cristina Fernández, su situación es más complicada, sobre todo tras el asesinato del fiscal Alberto Nisman, muerto horas después de que la acusara de querer encubrir a los iraníes sospechados del atentado.

Las investigaciones apuntan a Irán como país organizador y a su brazo armado libanés, Hezbollah, como ejecutor en los dos atentados. El primer atentado, el de la embajada de Israel, se produjo un mes después de que muriera el secretario general de Hezbollah, en un ataque de helicópteros israelíes sobre la comitiva en la que viajaba por el sur del Líbano, junto con su mujer, su hijo de cinco años y otras cuatro personas.

Es muy posible que Hezbollah decidiera actuar contra intereses israelíes en uno de los países con una mayor comunidad judía en el mundo. A esto puede sumarse que el presidente Menem, que había recibido mucho dinero de Libia y Siria para su campaña política, no había cumplido algunas de sus promesas y había cambiado de bando, al alinearse incondicionalmente con las políticas de los EEUU.

Menem había prometido a Libia venderle misiles Cóndor, desarrollados por la Fuerza Aérea argentina, pero no cumplió. La información está confirmada en el libro El peso del poder, que escribió el que fuera el primer ministro de Exteriores de Menem, Domingo Cavallo, que luego asumiría la cartera de Economía.

A Siria e Irán les había prometido iranio enriquecido para sendas centrales nucleares, pero tampoco respetó sus promesas. Y el alineamiento de Menem con el gobierno de Bush se reforzó, llegando a calificar las relaciones entre los dos países como “relaciones carnales”.

La investigación de ambos atentados pareció encontrar una dirección sólida a partir de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, que a poco de asumir decidió crear la Unidad Fiscal de Investigación para la Causa AMIA, poniendo al frente de la misma al fiscal Alberto Nisman. Durante años esta fiscalía se dedicó en exclusiva a investigar el atentado contra la AMIA, contando con el apoyo del gobierno. Pero cuando Cristina Fernández asumió la presidencia dio un giro inesperado a la posición oficial de Argentina, que venía exigiendo en todos los foros internacionales posibles que Irán entregase a los sospechosos del atentado.

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Es en 2013 que la exmandataria negocia en secreto con Irán y firma un memorándum de entendimiento con dicho país, que establecía una “Comisión de la Verdad” y se posibilitaba que los acusados fueron interrogados en Teherán. El acuerdo fue votado favorablemente en el Congreso argentino -donde el gobierno tenía mayoría-, pero no por el iraní, con lo que nunca entró en vigor. La Corte Suprema de Argentina, además, dictaminaría después que dicho acuerdo era inconstitucional.

Antes de la sentencia del máximo tribunal, el propio fiscal Nisman venía señalando que el acuerdo con Irán significaba una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, violando la división de poderes. Y recordaba que el artículo 109 de la Constitución establece que en “en ningún paso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

El fiscal Nisman estableció que la decisión de atentar en Buenos Aires fue tomada formalmente por la dirigencia iraní en la ciudad de Mashad, en 1993

El fiscal Nisman estableció que la decisión de atentar en Buenos Aires fue tomada formalmente por la dirigencia iraní en la ciudad de Mashad, en 1993. El fiscal también dictaminaría que el objetivo del memorándum era favorecer el intercambio comercial con Irán, a cambio de que Argentina levantara las alertas rojas en Interpol, que afectaban a varios altos funcionarios del gobierno iraní. Alertas que, en todo caso, no funcionaron cuando alguno de estos funcionarios visitó países como Venezuela o Bolivia, aliados del kirchnerismo y también del régimen islámico de Teherán.

Pero el mayor escándalo llegaría a comienzos del 2015. En ese momento era evidente que el fiscal Nisman no contaba ya con la confianza del gobierno. Su denuncia contra la presidente y algunos altos funcionarios del gobierno, y su asesinato cuatro días después, provocaron una crisis política sin precedentes. El rabino que presidió el sepelio del fiscal dijo que Nisman era la víctima número 86 de la AMIA.

El tema iraní provocó una grieta política que incluyó a la comunidad judía, que sigue a día de hoy. Los actos de este 25 aniversario volvieron a celebrarse frente a la reconstruida sede de la AMIA, en la calle Pasteur, del barrio de Once, tradicional reducto judío de Buenos Aires. La oposición peronista estuvo ausente, mientras gran parte del gabinete del presidente Macri participó en el homenaje. El presidente no asistió, pero recibió después a un grupo de familiares de las víctimas en la Casa Rosada.

El gobierno tomó, además, tres medidas: declaró el 18 de julio como día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas; estableció indemnizaciones para exempleados de la AMIA; y creó un registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, incluyendo en el mismo a Hezbollah.

Caso AMIA, 25 años de impunidad
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