@jgonzalezok / La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro votó favorablemente y por unanimidad por el impeachment o juicio político al gobernador del Estado, el ex juez Wilson Witzel (PSC). Se le acusa de liderar una sofisticada organización criminal, compuesta por al menos tres grupos de poder, instalada en el gobierno del estado para desviar recursos públicos de la salud. La propia esposa del gobernador habría participado en el esquema.
Witzel, que fue apartado momentáneamente del cargo el pasado 28 de agosto por decisión de un juez del Tribunal Supremo de Justicia, será juzgado por un tribunal mixto, de cinco diputados y cinco jueces del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ). A partir de su instalación, estos jueces tienen un plazo de 120 días para concluir si hubo crimen de responsabilidad.
Witzel es el sexto gobernador del estado que cae por actos de corrupción desde 1999
Es el sexto gobernador del estado que cae por actos de corrupción desde 1999, lo que demuestra cómo el crimen organizado se ha instalado en las más altas instancias del estado. Un reciente reportaje del diario O Globo reveló que, en los últimos 20 años, fueron desviados 6.100 millones de reales de recursos públicos (algo más de 1.000 millones de dólares), que no incluye las alcaldías. Otro reportaje del mismo medio destacó que, en la última elección municipal, en 2016, la Justicia Electoral relacionó 468 secciones electorales (700.000 electores, o 12 % de la ciudad), que votaron por candidatos respaldados por milicias y narcotraficantes.
Una acusación especialmente indecente en momentos en que Brasil vive con especial dramatismo la pandemia del Covid-19. Solo en el estado de Río de Janeiro, el coronavirus se llevó la vida de más de 17.000 personas. El diputado Luiz Paulo (PSDB) habló de una alianza político-empresarial corrupta que tramó la candidatura para robar. Llegó a decir que Witzel tenía las manos manchadas de sangre, añadiendo: “Es imperdonable, en tiempo de pandemia, que los corruptos asalten lar arcas de la salud, la corrupción en pandemia es un crimen hediondo”.
El esquema corrupto se llevaba dinero de la compra de respiradores, de la instalación de hospitales de campaña y de la compra de medicamentos. El Ministerio Público Federal tomó también en cuenta la denuncia de un empresario de que, al menos siete prefecturas (alcaldías) del estado, fueron obligadas a devolver el 10 % de los recursos que a su vez les había otorgado el Fondo Estatal de Salud.
Corrupción en Río de Janeiro
Witzel era un perfecto desconocido cuando llegó a la política, hace poco más de un año, de la mano del bolsonarismo, de la “nueva política” o la “antipolítica” de la ultraderecha. Hay quien, haciendo un juego de palabras, se refiere al ex juez como Auschwitzel. Pregonó la mano dura contra la delincuencia, en un momento en el que Río pasaba por un momento especialmente difícil en el tema de la seguridad. Se exhibió en algunas operaciones contra el crimen bajando de un helicóptero en plena acción policial. Y también se presentaba con la imagen de juez moralizador, que demostró ser un falso puritanismo.
Llegó a tener ambiciones presidenciales, lo que no fue bien tomado por Bolsonaro, que aspira a la reelección. Y esto, seguramente, fue decisivo a la hora de que el proceso de impeachment saliera adelante. El propio Witzel, en su defensa ante la Asamblea Legislativa, reconoció que su pelea con Bolsonaro tenía relación con su caída. La unanimidad de la votación en la Asamblea Legislativa, incluyendo los diputados bolsonaristas, parece darle la razón.
Sucesivos gobernadores de Río, desde 1999, han caído por distintos temas de corrupción. Es el caso, por ejemplo, de Anthony Garotinho y su esposa Rosinha, que también ocupó el mismo cargo, condenados por el sobreprecio pagado en la construcción de 10.000 casas populares por la empresa Odebrecht y por el desvío de fondos destinados a la salud. Sérgio Cabral suma casi 300 años de condena por lavado de dinero y sobornos. Y Luiz Fernando Pezão estuvo involucrado en la Operación Lava Jato.
Brasil tiene una Justicia Electoral que está alerta para evitar candidaturas de criminales y mafiosos. Existe la ley de Ficha Limpia, que impide la candidatura de personas condenadas en primera o segunda instancia. Pero el crimen encuentra la forma de presentar candidaturas de parientes o asociados.
El particular mapa de partidos políticos de Brasil, con 25 grupos en la Asamblea Legislativa de Río -y más de 30 en las dos cámaras de Brasilia-, hace muy fácil encontrar unas siglas para montar una candidatura. Hay nombres de partidos que conducen al engaño, que no se condicen con lo que sugieren, y que están al servicio del mejor postor.
Además de los últimos gobernadores, la corrupción en Río de Janeiro se llevó por delante diputados y hasta consejeros del Tribunal de Cuentas del Estado, órgano encargado, precisamente, de velar por el buen manejo de los recursos públicos. Y hay investigaciones en curso que darán más titulares. El propio vicegobernador, Claudio Castro, conocido cantor de Godspell, que sucedió momentáneamente a Witzel, también es citado en las denuncias y está siendo investigado, aunque todavía no hay ninguna decisión de la Justicia en su contra. Y la residencia del prefecto (alcalde) de la ciudad, Marcelo Crivella, también aliado de Bolsonaro, pastor evangélico y fanático homófobo, fue allanada estos días en el marco de otro operativo anticorrupción.
La corrupción salpica en la ciudad incluso al apellido Bolsonaro. Uno de los hijos del presidente, Flavio, está inmerso en otro caso de lavado de dinero, producto del método conocido como la rachadinha, que consiste en el nombramiento de funcionarios fantasma -no necesitan ir a trabajar-, pero a los que se les exige que devuelvan a quien los nombró parte de su salario. La familia Bolsonaro, además, tiene sospechosos vínculos con algunos conocidos milicianos, generalmente ex policías militares que se convierten en delincuentes.
¿Servirá todo esto para sanear la política brasileña? El politólogo Maurício Santoro, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, aseguró: “Infelizmente, no conozco ningún político en la historia brasileña cuya carrera fuera destruida por escándalos de corrupción. Ellos vuelven con poder y estatus reducido”. Es el caso, por ejemplo de Fernando Collor de Mello, que renunció a la presidencia en 1992, cuando estaba muy avanzado su juicio político en el Congreso. Años después volvió a la política y hoy es senador.
