Esta fue la lógica que rigió los gobiernos que se sucedieron desde que terminó la dictadura militar (1964-1985). Pero cuando llegó a la presidencia en 2019, Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que basó su posterior carrera política en la justificación de la dictadura y en la defensa de las pautas apreciadas por el estamento militar, llenó su gobierno de uniformados.
Bolsonaro llevó como vice a Hamilton Mourão, general de la reserva. Cuando asumió, los cuatro ministros con despacho en el palacio presidencial eran militares: los titulares de la Casa Civil, el Gabinete de Seguridad Institucional, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría General. A lo largo de los casi cuatro años de su mandato, otros ministerios fueron entregados a generales -como la cartera de Defensa- y más de seis mil militares, en activo o en la reserva, fueron nombrados para cargos en la administración federal.
Con actuación fuera de los cuarteles, los uniformados volvieron a interferir en asuntos civiles por primera vez desde que el país volvió a la democracia. Un caso emblemático afecta justamente al pleito del domingo. El ministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira, y otros militares se sumaron a la ofensiva del presidente contra el sistema electoral, las urnas electrónicas y el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que está muy atrás de Lula en todas las encuestas, se dedicó a poner en duda la limpieza del método de votación usado en Brasil hace 25 años sin que nunca haya sido cuestionado.
El ministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira, y otros militares se sumaron a la ofensiva del presidente contra el sistema electoral
La asociación con el gobierno Bolsonaro viene provocando desgastes en las Fuerzas Armadas. La imagen de eficiencia de que disfrutaban fue puesta a prueba en actuaciones desastrosas de ministros generales. Uno de los casos más graves fue el del general Eduardo Pazuello, que asumió el ministerio de Salud en el auge de la pandemia del Covid-19, sin ningún conocimiento en la materia.
Pazuello sucedió a dos médicos que dejaron el ministerio en desacuerdo con la política negacionista de Bolsonaro. El presidente minimizó la enfermedad, descartó las vacunas y recomendó tratamientos ineficaces. El general abrazó el negacionismo del jefe: “Es así de simple, uno manda y el otro obedece”, dijo en octubre de 2020, bajo la atenta mirada de Bolsonaro, en una frase que quedó asociada a su figura. Su gestión retrasó la compra de vacunas y dejó al país sin directrices en el combate a la dolencia. Elogiado por Bolsonaro como especialista en logística, mostró una total incompetencia en esta área al enviar 78.000 vacunas al estado de Amapá cuando su destino era el de Amazonas.
Una Comisión Parlamentaria de Investigación indicó que la gestión de Pazuello fue marcada también por la corrupción, con intentos de negociar la compra de vacunas con superfacturación y con intermediarios que pidieron sobornos. Como resultado de la política negacionista del gobierno, Brasil fue uno de los países más gravemente golpeados por la pandemia. Murieron hasta ahora 668.000 personas por el Covid-19.
“Después del fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas dedicaron tres décadas a recauchutar su imagen pública. Bastaron tres años de gobierno de Bolsonaro para que ese esfuerzo sumiera aguas abajo”, escribió el columnista Bernardo Mello Franco en el diario O Globo en abril de este año. Y añadió: “El primer mito en caer fue el de la eficiencia uniformada. Los oficiales vendieron la idea de que su formación rígida, basada en la jerarquía y la disciplina, produciría super cuadros para funciones civiles. Entonces Bolsonaro nombró a Eduardo Pazuello para comandar el ministerio de Salud en plena pandemia”.
Después del fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas dedicaron tres décadas a recauchutar su imagen pública. Bastaron tres años de gobierno de Bolsonaro para que ese esfuerzo sumiera aguas abajo
No fue este el único escándalo involucrando a militares: a finales de julio de este año se conoció que el Tribunal de Cuentas de la Unión había condenado a por lo menos 28 militares -entre ellos 4 generales- por mala utilización de los recursos públicos desde el comienzo del actual gobierno.
En 2020, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) Bruno Dantas encargó al organismo una auditoría sobre la presencia de militares en el gobierno, considerando que era posible “una militarización excesiva del servicio público civil”. El resultado dio la cifra de 6.157 militares, más del doble de los que existían en 2018, en el gobierno de su antecesor, Michel Temer (2.765).
Bolsonaro no solo nombró militares en ministerios: en distintos momentos de su gobierno, 16 de las 46 empresas estatales pasaron a ser comandadas por uniformados, incluyendo Petrobras y Eletrobras, que tienen 49 y 69 subsidiarias, respectivamente. Y un número aún más importante entró en los Consejos de Administración de estas mismas empresas.
Al ingresar en la administración federal, los militares pasaron a controlar una porción significativa del presupuesto del Estado. Al mismo tiempo se vieron beneficiados por una deliberada actuación para favorecer sus salarios -durante la pandemia aumentaron, mientras los de otros servidores públicos fueron congelados- y otros privilegios.
El juez Luis Alberto Barroso, integrante del Supremo Tribunal Federal, se mostró preocupado en su momento por el hecho de que los cargos del gobierno sean ocupados por militares: “Eso es lo que sucedió en Venezuela. Cuando se multiplican los militares en el gobierno, comienzan a identificarse como gobierno y empiezan a identificarse con las ventajas y los privilegios, y eso es un desastre”.
El uso político de los militares por parte de Bolsonaro
En medio de la campaña de 2018, que llevó a Bolsonaro al poder, quien encabezaba las encuestas era el ex presidente Lula, que enfrentaba una condena por corrupción pasiva. Con un mandato de prisión en su contra, el ex presidente presentó entonces un habeas corpus. La víspera de la votación en el alto tribunal sobre el pedido de Lula, se conoció un mensaje en Twitter del comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas amenazando implícitamente al Supremo. El habeas corpus fue negado en una votación apretada, de 6 a 5. El día que asumió, Bolsonaro agradeció públicamente al general por “haber influenciado en los destinos de la nación”.
No hay casi discurso de Bolsonaro que no utilice a los militares, siendo común el uso de la expresión “mi ejército”. El cargo de ministro de Defensa, que desde la redemocratización era ocupado por un civil, pasó a ser manejado por militares. Las Fuerzas Armadas consintieron en ser usadas, incluso más allá de las propias normas que rigen a los uniformados. Fue emblemático el caso del general Pazuello, ministro de Sanidad, que, siendo todavía militar en activo, fue a un acto de proselitismo político por el presidente. El asunto fue llevado a consideración de la Justicia Militar que dictaminó que no había cometido ninguna falta. No solo no fue sancionado, sino que la investigación fue sometida a secreto por 100 años.
No hay casi discurso de Bolsonaro que no utilice a los militares, siendo común el uso de la expresión “mi ejército”
El caso de Pazuello se contrapone al del contra-almirante retirado Antonio Nigro, que participó en un programa televisivo sobre el papel de los militares en las elecciones. Según contó la periodista Miriam Leitão, su entrevistadora, fue sometido a un Proceso Administrativo Disciplinario, aunque el Reglamento Disciplinario Militar vigente establece que los militares inactivos pueden opinar libremente sobre cualquier asunto político. El contra almirante dijo en el programa: “Los militares saben que no entraron en las escuelas navales o en las academias militares para ser fiscales de elecciones o ejercer cualquier otra actividad policial”.
El marino retirado habló de “la partidización de las Fuerzas Armadas”. La periodista afirmó que existe en el gobierno un doble rasero: “Porque las Fuerzas Armadas aceptan la indisciplina de (militares) activos si son bolsonaristas, y actúan contra un retirado por haber manifestado opiniones que desagradan al actual gobierno”.
El anuncio de Lula respecto al futuro de los miles de militares que se encontrará en la administración del Estado, caso que se confirme su victoria, enfrentará resistencia. La investigadora Adriana Marques, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro le dijo a BBC News Brasil que “ellos (los militares) ya están actuando para no perder el espacio que conquistaron”.
Esto se refleja también en el alto número de candidatos vinculados a las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y los Bomberos (cuerpo militarizado). En estas elecciones del 2 de octubre se presentarán 1.520, entre ellos figura el general Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente con Bolsonaro. Hace cuatro años, el número fue menor, aunque importante: 1.186. El PL, el actual partido del presidente, es el que más militares presenta como candidatos, 181. Y Río de Janeiro es el Estado con más uniformados candidatos, 219.
