@jgonzalezok | La revista mensual Piauí, con la firma de la periodista Mónica Gugliano, acaba de publicar un artículo sobre el día en que Bolsonaro decidió mandar tropas al Tribunal Supremo para destituir a sus once integrantes. Un verdadero golpe de Estado, al intervenir sobre uno de los tres poderes en que se asienta la democracia. Y que recuerda el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú, en 1992. De acuerdo a este reportaje, fue el pasado 22 de mayo, un viernes, cuando el presidente fue informado de que el magistrado Celso de Mello había consultado a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de requisar el teléfono celular del presidente y de su hijo Carlos.
Esta posibilidad tenía que ver con las investigaciones sobre la presunta interferencia del presidente en la Policía Federal. Bolsonaro estaba envuelto esos días en una polémica que lo enfrentó a su entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, que acabaría dejando el cargo. El presidente quería nombrar un nuevo jefe de la institución, que le diera información de inteligencia sobre las actuaciones policiales en torno a casos que afectaban a él y su familia. De hecho, uno de los ministros del Tribunal impidió el nombramiento del candidato del presidente, amigo personal de la familia, alegando interferencias políticas.
La posibilidad de tener que entregar su teléfono y el de uno de sus hijos a la Justicia dejó trastornado al presidente, que ya había dicho que de ninguna manera aceptaría tal orden. A primera hora de la mañana de ese día, Bolsonaro se reunió con tres de los generales que integran su gobierno: el ministro jefe de la Casa Civil, Walter Braga Neto, el ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, y el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno. A los tres les dijo: “Voy a intervenir”, lo que significaba mandar tropas a la sede del Tribunal, al otro lado de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, que comparten además el Congreso y el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
El día en que Bolsonaro pensó en enviar tropas a tomar el Tribunal Supremo puede ser, de momento, una anécdota, grave, pero anécdota. Sin embargo es seguro que el presidente brasileño no ha descartado soluciones antidemocráticas para enfrentar a los que considera sus enemigos políticos
Ese día Brasil vivió momentos que no por graves podrían sorprender a nadie. No hay que olvidar que uno de los hijos del presidente, Eduardo Bolsonaro, ya había dicho antes de las elecciones que bastaban un cabo y un soldado para cerrar el Supremo Tribunal Federal. Y que después de este 22 de mayo hubo manifestaciones de Bolsonaro y algunos de sus hijos abiertamente disruptivas. Cinco días después, el mismo hijo del presidente acusó a dos integrantes del tribunal de actuar de manera inadmisible y que no había más duda de que habría una ruptura: “Ya no se trata de una opinión de si, sino de cuándo eso va a ocurrir”. Y aseguraba que Brasil estaba camino de una dictadura “orquestada por el Supremo Tribunal Federal” (sic).
Para Bolsonaro, los integrantes del máximo tribunal del país estaban ultrapasando sus límites y riéndose de su autoridad. El plan, según reconstruye la revista Piauí, era que los militares desalojaran a los jueces titulares, siendo sustituidos por militares o civiles, nombrados por él mismo, y que seguirían en el cargo “hasta que aquello esté en orden”. En la reunión no quedó claro cómo sería la operación militar y si los jueces volverían a sus cargos una vez que el presidente considerase que la situación se había normalizado.
De los tres generales a los que Bolsonaro hizo partícipe de sus intenciones, uno estuvo abiertamente de acuerdo, pero los otros dos tenían dudas. El general Ramos, amigo personal de Bolsonaro desde hace décadas, consideró que la intervención del tribunal era la única forma en la que el presidente podría restablecer su autoridad, “que venía siendo abiertamente vilipendiada por el tribunal”. Los otros dos generales estuvieron de acuerdo en que el máximo tribunal había ido demasiado lejos, pero tenían reparos en cuanto a la forma y las consecuencias que tendría tal intervención. “No es el momento para esto”, le habría dicho a Bolsonaro el general Heleno.
Poco después se sumaron a la reunión otros ministros, que ya habían sido convocados con anterioridad. Entre ellos los de Justicia, André Mendonça, y de Defensa, Fernando Azevedo. Además del titular de la Abogacía General del Estado, José Levi. Entre todos intentaron estudiar cómo revestir de legalidad tal medida. Y ahí surgió el artículo 142 de la Constitución, que días después evocaría el jurista Ives Gandra da Silva Martins, de 85 años, en un artículo aparecido en la página del Consultor Jurídico.
La tesis era que las Fuerzas Armadas pueden moderar los conflictos entre los poderes del Estado, en caso en que se sienta atropellado por otro. Según el veterano jurista, en ese caso los militares actuarían como poder moderador con el objetivo de “restablecer la ley y el orden”. Una interpretación apoyada por los grupos más ultras del bolsonarismo, incluyendo los sectores militares que añoran la dictadura, pero rechazada por quienes rechazan una salida autoritaria al conflicto de Bolsonaro con los otros poderes. Y que causó espanto en medios jurídicos.
Lo que finalmente calmó a Bolsonaro es que no había orden todavía para aprehender su teléfono. De hecho, se trató solo de una consulta del tribunal, que finalmente decidió no seguir adelante. Aunque el Supremo también quiso dejar claro que el incumplimiento de una orden judicial “configuraría un gravísimo comportamiento transgresor”.
Finalmente se decidió mandar un mensaje, ese mismo día por la tarde, mediante la “Nota a la Nación Brasileña”, redactado por el general Heleno. En la misma se señaló que la aprehensión del teléfono del presidente sería “inconcebible y, hasta cierto punto, increíble”, que además sería una afrente a la autoridad máxima del presidente. El mensaje concluía con esta advertencia: “El Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República alerta a las autoridades constituidas que tal actitud es una evidente tentativa de comprometer la harmonía entre los poderes y podrá tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”.
Pero esta jornada trascendental no terminaría ahí. Aunque la nota elaborada por el general Heleno parecía dejar momentáneamente zanjado el conflicto de intereses, y alejaba la posibilidad de un autogolpe, el mismo tribunal le provocaría otro dolor de cabeza a Bolsonaro. Porque uno de sus magistrados, Celso de Mello, autorizó la divulgación del video de la reunión ministerial del 22 de abril, en la que Bolsonaro, apelando a un lenguaje de taberna, reclamaba que sus intentos de interferir en la policía para proteger a familiares y amigos no estaban siendo atendidos.
El día en que Bolsonaro pensó en enviar tropas a tomar el Tribunal Supremo puede ser, de momento, una anécdota, grave, pero anécdota. Sin embargo es seguro que el presidente brasileño no ha descartado soluciones antidemocráticas para enfrentar a los que considera sus enemigos políticos.
