Policías y fuerzas especiales dispararon a familiares de víctimas de la represión que transportaban los ataúdes de sus fallecidos, agregando más muerte al luto. Disparos y gases sobre quienes transportaban hacia el cementerio a ocho de los 36 fallecidos como consecuencia de la barbarie desatada por la presidenta de facto Jeanine Áñez que, por decreto, dio impunidad a las fuerzas de seguridad bolivianas.
Llegados desde El Alto, familiares y amigos de los fallecidos recorrían las calles La Paz, cargando sobre sus hombros los ataúdes adornados con la insignia wiphala y coronas de flores. Indígenas y campesinos que desde hace una semana están siendo asesinados por lo que la autoproclamada presidenta Áñez ha llamado “operativo para el restablecimiento del orden”.
El masivo cortejo fúnebre era observado con recelo por los soldados de Áñez que no dudaron en abrir fuego. Esta nueva masacre, cuatro días después de ocurrida la de Cochabamba, cuenta con el visto bueno del decreto 4078 que firmó Áñez y que exime a las fuerzas militares y policiales de los asesinatos que cometan durante la represión.
Este es el panorama que se vive en Bolivia desde el golpe de Estado aplaudido por Trump. Las redes sociales se han transformado en medios de comunicación; son fundamentales para conocer las matanzas que se están produciendo en distintos puntos del país. La prensa, amenazada, acusada de desestabilizadora y perseguida, ha sido anulada. Y una docena de periodistas internacionales han debido abandonar el país o refugiarse en embajadas.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos condenó la intervención de las Fuerzas Armadas y tildó de inadmisible el decreto que violenta las obligaciones del Estado de velar por la seguridad y los derechos humanos, e impartir justicia a las víctimas. “Ni en las peores dictaduras hemos visto algo similar”, sostuvo ayer, antes de abandonar el país, uno de los reporteros internacionales que fue baleado por la policía.
