“El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con las facultades que otorga la ley, dispone la aplicación de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que tendrá que ser cumplida en el plazo de cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro”, indicó el juez Sergio Pacheco.
La audiencia se desarrolló de manera virtual en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz. Fue instalada de manera oficial a las 17.45 con la presencia de todas las partes procesales, quienes fundamentaron su posición. La audiencia duró más de siete horas.
Pese a que la defensa de Camacho presentó un “incidente de ilegalidad de aprehensión”, las partes querellantes pidieron que sea rechazado porque no se presentó las pruebas.
Camacho fue aprehendido la tarde del 28 de diciembre en la capital cruceña -en cumplimiento a una orden fiscal emitida el 31 de octubre- horas más tarde llegó a la ciudad de La Paz con un fuerte despliegue policial hasta un local de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Sede de Gobierno, donde pasó la noche.
La Comisión de fiscales -en la imputación formal- solicitó que Camacho sea detenido preventivamente durante seis meses en la cárcel de Chonchocoro del municipio altiplánico de Viacha, municipio vecino de la ciudad de El Alto.
Tanto el Ministerio Público como la defensa de la exdiputada Lidia Patty (denunciante) fundamentaron que en este caso existen los peligros procesales de fuga y obstaculización del imputado por el delito de terrorismo y por ello sustentaron su detención preventiva.
Asimismo, anunciaron la apelación al fallo, por considerar muy corto el tiempo de detención preventiva.
Minutos más tarde, una caravana de vehículos policiales trasladaron al excívico al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumplirá lo señalado por el juez.
Caso Golpe de Estado I
Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellos Camacho y su padre.
El cruceño es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una ruptura constitucional. Su declaración informativa fue suspendida en dos oportunidades, la primera fue en septiembre de 2021, en La Paz, porque su padre no llegó hasta la Sede de Gobierno a brindar su declaración, argumentando motivos de salud y el Ministerio Público suspendió la declaración del excívico.
El 11 de julio de este año, una comisión de fiscales se trasladó hasta Santa Cruz para tomar las declaraciones de Camacho y su padre José Luis Parada, este último se acogió a su derecho a guardar silencio. Más tarde los fiscales determinaron suspender la toma de declaración del excívico ante presuntas amenazas de muerte. Fue hasta el 25 de octubre que se anunció la reactivación de este caso.
Expresidente del Comité cívico Pro Santa Cruz
El cruceño reveló -en un video que circuló en redes sociales- que su padre, José Luis Camacho, coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces. “Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (Con) la Policía, de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía de Santa Cruz, trasladarse a La Paz (…). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores.
Con esas palabras el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que se aventuró a dar al expresidente Evo Morales el plazo de 48 horas para dejar el poder en noviembre de 2019.
Posición de Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado al Gobierno boliviano a abstenerse del uso excesivo de la fuerza contra la oposición y sus protestas y un portavoz de la ONU señaló que, si bien no conocía los detalles del caso, “se debe permitir que la gente de todas partes exprese sus puntos de vista y proteste pacíficamente”. “Además, nos oponemos a las detenciones arbitrarias ya que violan los derechos humanos fundamentales de un individuo”, añadió, en declaraciones a agencias como AP.
En España la organización Izquierda Unida ha emitido un comunicado sobre la situación de violencia creada en el departamento de Santa Cruz.
Izquierda Unida “rechaza y condena de forma contundente” la “violencia política protagonizada por miembros del partido de ultraderecha Creemos y seguidores de Fernando Camacho -gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra- en un nuevo intento de desestabilización golpista en Bolivia, dirigida contra el Gobierno democrático del presidente Luis Arce”.
IU ha tenido conocimiento directo y en detalle de los disturbios, graves amenazas y agresiones dirigidas contra personas pertenecientes al MAS (Movimiento Al Socialismo) y la vinculación de estas acciones a los seguidores de Camacho, siniestro personaje político detenido el pasado día 28 por orden de la Fiscalía, debido a su implicación en el golpe de Estado de octubre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
Los golpistas violentos de extrema derecha han llegado a incendiar varios edificios de la Fiscalía y dependencias vinculadas con la Administración estatal en Santa Cruz, así como la vivienda del ministro Edgar Montaño. De la misma forma, invadieron las pistas de aterrizaje del aeropuerto en un intento fallido por impedir que Fernando Camacho fuera trasladado a La Paz.
Ante estos gravísimos hechos, Izquierda Unida manifiesta que:
1º) Rechazamos y condenamos contundentemente la violencia política de miembros del partido de ultraderecha Creemos y de seguidores de Fernando Camacho, en un nuevo intento de desestabilización golpista en Bolivia contra el Gobierno democrático del presidente Luis Arce.
2º) La detención de Luis Fernando Camacho se ha producido en el marco de la más absoluta legalidad democrática y del Estado de Derecho. No es cierto que se trate de un ‘secuestro ilegal de la policía’, como se ha dicho desde la gobernación de Santa Cruz en un comunicado, sino de una detención ordenada por la Fiscalía Departamental de La Paz, donde Camacho es investigado en el ‘caso Golpe de Estado’ por su implicación en los hechos del 20 de octubre de 2019.
El gobernador de Santa Cruz de la Sierra es perfectamente conocedor de dicho proceso, dado que la investigación se abrió el 28 de noviembre de 2020. Camacho había retado públicamente a los jueces y al Gobierno a que lo detuvieran ‘si se atrevían’.
3º) Luis Fernando Camacho fue durante el proceso electoral de octubre de 2019 uno de los principales instigadores de la violencia callejera y golpista en el país. En un Estado de Derecho como es la democracia boliviana corresponde a las autoridades judiciales la investigación de los hechos criminales y delictivos y, por tanto, es obligado que Camacho responda por esas actuaciones.
4º) Es de sobra conocido en Bolivia que la Fiscalía investiga ocho denuncias contra Camacho por éste y otros delitos, de los cuales debe responder ante los tribunales como cualquier otra persona y donde podrá ejercer su legítimo derecho de defensa. Entre otros delitos se le acusa de la promoción del separatismo y la ruptura del Estado boliviano.
5º) Izquierda Unida exige que se respete la división de poderes y la democracia boliviana, así como a sus instituciones y a la investigación de las autoridades de la Fiscalía. Un golpe de Estado y las masacres que se sucedieron después, como la de Senkata y Sacaba, son hechos muy graves contra la vida y contra la democracia que de ninguna manera pueden quedar en la impunidad.
6º) Izquierda Unida apoya decididamente al Gobierno legítimo y democrático del presidente Luis Arce ante este nuevo intento de desestabilización por parte de la ultraderecha boliviana; respaldamos a las autoridades judiciales del país y al pueblo boliviano que viene sufriendo desde hace años el golpismo y la violencia promovida por la oligarquía económica y su brazo político, la ultraderecha de Luis Fernando Camacho.
Esta violencia que busca crear una tensión política permanente en Bolivia no es nueva. La última ocasión hasta ahora fue durante el paro de 30 días que Camacho promovió en octubre y noviembre pasado en Santa Cruz, donde durante las protestas violentas de sus seguidores se llegó a quemar una comisaría y se sucedieron las amenazas y agresiones a periodistas.
