viernes 28/1/22
VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN ARGENTINA

Cuando el que mata es el Estado

Las comunas más pobres del sur de Buenos Aires concentran la mayor cantidad de casos de violencia policial.
represion argentina
Policías de Buenos Aires agrediendo a persona en situación de calle

La violencia institucional en Argentina es el reflejo del racismo y la xenofobia ejercidos desde los medios de comunicación; y absorbidos como dogma por la facción más aporofóbica de la sociedad que siente una especial aversión y un férreo rechazo hacia los pobres por el simple hecho de serlo.   

Los discursos de odio hacia el inmigrante pobre, hacia miembros de pueblos originarios, hacia los “villeros”, los vagos y los “negros”, acaban dándole rienda e impunidad al dedo que presionará el gatillo, que disparará sin previo aviso contra los más vulnerables.  

Según el informe del Ministerio Público de Defensa, desde el 1 de julio de este año se registraron -solo en la Ciudad de Buenos Aires- 472 casos de violencia institucional; descontando, claro, aquellos otros tantos abusos graves que no logran hacerse públicos, dado que carecen de difusión en los medios de comunicación.

No hay negritud en la piel del “negro” argentino; lo que hay es un estigma que pretende invalidarlo en su derecho como ser humano

El blanco del odio es el “negro”. Y en este caso no se trata necesariamente del color de piel. “Negro” es la denominación con la que se pretende descalificar al ciudadano proveniente de las zonas más vulnerables del país, más abandonada por el Estado, más indefensa. “Negro” es la pseudocalificación que los pseudoargentinos europeizados e idiotizados han naturalizado a los largo del tiempo. “Negro villero” es ya un clásico, una aparente descalificación que coloca, al receptor del “agravio”, en un nivel inferior; en el nivel que la casta dominante decidió colocar a quienes tienen la mala fortuna de haber nacido en la pobreza. No hay negritud en la piel del “negro” argentino; lo que hay es un estigma que pretende invalidarlo en su derecho como ser humano.   

En marzo de 2019 el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU realizó un informe sobre la Argentina, recomendando al Estado poner fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de ascendencia africana. Esas víctimas, perseguidas por la policía comandada por el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sí eran negros; inmigrantes a los que se los persiguió y se los aporreó a discreción y con total impunidad. “Los operativos contra los manteros y vendedores ambulantes senegaleses son extremadamente violentos. Los inmigrantes denuncian golpizas y discriminación verbal por parte de los funcionarios de la Policía de la Ciudad”, manifestaba hace tres años atrás Agustina Mayansky, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Los 472 hechos de violencia institucional cometidos desde el 1 de julio hasta el 19 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, incluyen ataques a inmigrantes, a indigentes y a “villeros”. Es decir, a los pobres de la ciudad gobernada por quien se jacta de haber puesto en marcha la iniciativa “Contenedores Residuales Inteligentes” (ya mencionados en artículos anteriores en este medio), capaces de repeler al mendigo que procura sustento alimentario rebuscando en la basura.

El promedio del Informe del Ministerio Público de Defensa indica que en la capital argentina ocurrieron 94 hechos de violencia institucional por mes, y más de tres hechos por día.

Las comunas más pobres del sur de la Ciudad concentran la mayor cantidad de casos de violencia policial. La violencia va contra personas que se encuentran haciendo uso del espacio público de modo recreativo, contra personas que desarrollan actividades de subsistencia y situaciones de detenciones en contexto de violencia de género.  

A nivel nacional, el gobierno de Mauricio Macri dejó -entre 2015 y 2019- un muerto cada 19 horas, según lo establece el informe elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El ciclo del macrismo, uno de los más escandalosos fracasos en la historia de la democracia argentina, fue el más osado intento por consolidar el proyecto capitalista en su versión más salvaje: El Neoliberalismo. En un proceso global de recomposición hegemónica del capital, el gobierno de la Alianza Cambiemos cumplió a rajatablas las reglas del manual del buen neoliberal: concentración y consolidación de la riqueza en pocas manos, con comando concentrado del aparato represivo del Estado para garantizarlo.

De modo que no es extraño que sea la ciudad de Rodríguez Larreta –la más rica del país- la que concentra el mayor número de hechos de violencia, ya que el alcalde porteño no es sino una prolongación de su mentor, Mauricio Macri.

A mediados del año 2017, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel, marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva del gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri manifestar argumentos tan infantiles como por ejemplo “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la ciudad de Larreta el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro hay que incluir el “Informe sobre la RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, plagado de inexactitudes y mentiras para deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos originarios, y convertir de esta manera en el “enemigo interno” a quienes las protagonizan o son solidarios con ellas.

La irrupción de la DOCTRINA CHOCOBAR, en diciembre de 2017 (que daba vía libre a la policía a disparar sin previo aviso), completó un escenario que sólo se puede definir como  “estado de excepción”. Era evidente la suspensión provisional y extraordinaria del orden jurídico, con la restricción de derechos fundamentales de la población, convertida en paradigma normal de gobierno.

Los medios hegemónicos, Clarín y La Nación, contribuyeron al caldo de cultivo en el que se cuece el odio al pobre, al inmigrante, al “negro”. La criminalización de la pobreza, la “aporofobia” que caracteriza el mensaje de estos medios de desinformación masiva, produjo el inmediato contagio de una facción de la sociedad argentina que corre a contramano de los tiempos, que aboga por “mano dura”, y que no esconde la nostalgia por los años de plomo y el sonido de las botas militares golpeando contra la cabeza de los más frágiles.

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