@jgonzalezok / Han pasado ya cinco años -18 de enero del 2015- desde que la Argentina se despertase con la noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado en su domicilio con un tiro en la cabeza. Un suceso que fue considerado como un magnicidio y marcó profundamente el tramo final de la presidencia de Cristina Kirchner. Nisman acababa de acusar a la entonces presidente y a un amplio grupo de funcionarios y colaboradores, de encubrir a los iraníes presuntos responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, en julio de 1994, el atentado más importante de la Argentina en democracia, con 85 muertos. La maniobra sería posible mediante el pacto firmado con Irán en 2013. Al día siguiente de su muerte, el fiscal iba a fundamentar su acusación ante el Congreso.
Las investigaciones sobre la muerte de Nisman no pudieron determinar hasta ahora el autor o autores materiales, tampoco el autor intelectual. Solo está procesado, como partícipe necesario del homicidio, un colaborador del fiscal, Diego Lagomarsino. Fue la última persona en verlo con vida y también el que le prestó la pistola con la que se disparó contra el fiscal, a pesar de que éste tenía dos armas registradas a su nombre. Nisman se la había pedido con el argumento de que temía por su seguridad. Lagomarsino hacía trabajos de computación para el fiscal, pero se sospecha que también trabajaba para algún servicio de seguridad. Y hasta ahora no pudo explicar por qué tenía una cuenta conjunta con Nisman, en el exterior, con 600.000 dólares.
La polémica coincide con el estreno de una serie documental de seis capítulos de Netflix, llamada El fiscal, la presidente y el espía, centrada en la muerte de Nisman. El documental, que tiene imágenes inéditas, le llevó cuatro años de elaboración al periodista británico Justin Webster, que entrevistó a 60 de los protagonistas, excepto a la ex presidente. Pero no llega a ninguna conclusión.
Las primeras pericias sobre el cadáver de Nisman dieron versiones divididas sobre la causa de la muerte: homicidio, suicidio y suicidio inducido
Las primeras pericias sobre el cadáver de Nisman dieron versiones divididas sobre la causa de la muerte: homicidio, suicidio y suicidio inducido. La primera versión complica al gobierno de entonces. Aunque nadie sostiene que hubiera una orden de asesinato desde los más altos escalones del gobierno, es evidente que tendría implicaciones políticas. Es por eso que, cinco años después, sigue firme la disputa por sostener una y otra versión. Y desde el entorno del gobierno se insiste en descalificar la última pericia judicial, efectuada por la Gendarmería, que establece que fue asesinado, y sostienen que se suicidó, al darse cuenta de que no tenía cómo respaldar su denuncia.
El problema es que las contradicciones son flagrantes. La propia Cristina Kirchner sostendría consecutivamente las dos versiones, en los días siguientes a la muerte de Nisman. Pero, ahora, el caso más llamativo es el del presidente, Alberto Fernández. El mandatario había sido jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina, pero en el momento de la muerte de Nisman estaba alejado del gobierno y era uno de los más firmes críticos de la presidente. Poco después de la muerte del fiscal, publicaba en el diario La Nación un artículo que decía, entre otras cosas: “Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar”.
En la serie de Netflix, filmada en 2017 -cuando Alberto Fernández no soñaba ser siquiera candidato y seguía enfrentado a Cristina Kirchner-, el actual presidente dice que “hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”. Ahora, forzado a proteger a su vicepresidente y mentora, dice que “hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que hubo un asesinato” y añade que la pericia de Gendarmería “parece carecer de todo rigor científico”. También dio un argumento poco serio para un profesor de derecho penal: “Yo soy un abogado y ante una muerte como esa siempre me permito dudar. Sin embargo, siempre dije que esa duda siempre me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial. Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino”. De ahí concluye que, como “Cristina era la única perjudicada”, debía quedar fuera de toda sospecha.
Ante estas declaraciones, la madre de Nisman, Sara Garfunkel, presentó un escrito en la Justicia acusando al presidente de entrometerse en la causa. Estima que las declaraciones del mandatario afectan la división de poderes, el normal funcionamiento de las instituciones y el debido proceso. La Asociación de Fiscales también mostró su preocupación, exigiendo la debida prudencia al presidente. Y sacó una nota afirmando: “Los cuestionamientos vertidos a través de los medios de comunicación sobre prueba pericial de la investigación, sin sustento legal alguno, proveniente de la más alta autoridad del poder ejecutivo y no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como un intento de injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que se revisará el peritaje efectuado por la Gendarmería, que concluyó que Nisman había sido asesinado por al menos dos personas. Según esta versión, alguien sostenía a Nisman de las axilas mientras otro hombre le disparaba, acomodando después el cuerpo. La iniciativa tiene el evidente propósito de cambiar las conclusiones. Ni el fiscal Eduardo Taiano, ni el juez Julián Ercoloni, a cargo de la causa, avalan un nuevo peritaje, ya que consideran que se hizo un trabajo excelente y que el mismo fue aceptado por todos los peritos de parte.
El cadáver de Nisman, en realidad, fue sometido ya a dos pericias. La primera, efectuada por el Cuerpo Médico Forense, el mismo día que su cuerpo fuera encontrado, no pudo concluir si se trataba de homicidio o suicidio; tampoco si hubo otras personas en la escena del crimen. Lo mismo dijo la Junta criminalística de la Policía Federal. Fue entonces que el fiscal del caso pidió a la Gendarmería que efectuara otro peritaje.
Las evidencias contra el suicidio parecen ser claras: no había restos de pólvora en sus manos; por los restos de sangre se estableció que murió arrodillado; la trayectoria de la bala no sería compatible con el suicidio; y la posición del cadáver sugiere que el cuerpo fue acomodado. Además, se encontraron en el cadáver restos de ketamina, un potente anestésico veterinario que se usa también como droga recreativa. Y una hinchazón en la nariz y un hematoma previos a la muerte que la primera autopsia había atribuido a la caída después del disparo. Pero la segunda autopsia considera que fueron golpes precisos hechos por profesionales para desarticular a la víctima.
Otros indicios son igualmente sorprendentes: murió a las dos de la madrugada, pero después de esa hora se borraron mensajes de su teléfono móvil y de su computadora. Y horas antes de que se descubriera su cadáver, fue frenético el tráfico de llamadas entre diferentes agentes y ex agentes de inteligencia, que además se encontraban en la zona donde apareció el cadáver de Nisman. “Los llamados hacen pensar que había un grupo de gente que estaba a la espera de algo”, diría en su momento la primera fiscal del caso, Viviana Fein.
La Cámara Federal porteña, dijo algo mucho más importante: que el homicidio de Nisman había sido “directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015”, por el presunto encubrimiento por parte del gobierno a los iraníes acusados.
La mano del grupo pro iraní Hezbollah, que ya se había hecho responsable del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, es una de las sospechas más firmes; pero no se descarta que detrás del asesinato esté un sector de los servicios de inteligencia. Ninguna de las sospechas tiene pruebas, pero lo más sorprendente es que el gobierno de Cristina Kirchner reaccionó como si fuera culpable.
Ni la presidente ni ningún funcionario de entonces tuvo la menor muestra de acercamiento a la familia para dar el pésame
Ni la presidente ni ningún funcionario de entonces tuvo la menor muestra de acercamiento a la familia para dar el pésame. Y se impulsó una campaña brutal contra la vida personal del fiscal muerto, con carteles pegados en las calles. El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, diría: “Nisman es un sinvergüenza, como pocas veces se ha visto”. La propia presidente sugirió que tenía una relación íntima con Lagomarsino, el colaborador que le prestó la pistola. Pero poco después también se le acusó de mujeriego que malgastaba el dinero del Estado con jóvenes modelos. También se le atribuyó el ser un títere de la CIA y del gobierno de Israel. El presidente, Alberto Fernández, en declaraciones televisivas de la época, llamó “cínicamente delirante” a la entonces presidente: “Es un problema que haya liderazgos delirantes, porque solo un delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman”.
El nuevo gobierno, que asumió el pasado 10 de diciembre y que prometió que nunca más el poder político iba a interferir en la Justicia, no solo intenta desacreditar la versión de los peritos sobre la muerte de Nisman; también tomó decisiones polémicas, con el objeto de direccionar la causa y despegar a Cristina Kirchner de las acusaciones por el memorándum con Irán y de las sospechas sobre el asesinato de Nisman. La ex mandataria logró colocar a algunos de sus hombres más fieles en puestos clave, algunos incluso imputados en la causa del memorándum. Es el caso de Carlos Zannini, actual Procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) y del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que en la última etapa de Cristina como presidente fue el número 2 de los servicios secretos. Sobre Zannini, que fue el más íntimo colaborador de Cristina Kirchner en sus dos períodos presidenciales, el actual presidente lo reivindicó públicamente al asumir el nuevo cargo: “Por los 107 días que estuviste detenido injustamente”, dijo, en referencia al tiempo que estuvo en prisión provisional. El gobierno también promueve al actual juez Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación, es decir, jefe de los fiscales. Rafecas se hizo cargo de la causa del memorándum cuando murió Nisman y en tiempo récord -imposible siquiera que pudiera escuchar las miles de horas de grabaciones que había ordenado el fiscal asesinado- desestimó la demanda. El Consejo de la Magistratura lo sancionó después por “actitudes indecorosas”.
Al final, surge la pregunta fundamental. ¿Por qué Cristina Kirchner decide dar un giro brusco a lo que era la política oficial hasta ese momento, y negociar con los iraníes? Ella misma reconoció su equivocación y, en su libro Sinceramente (abril del 2019), ensayó esta explicación: “Era la posibilidad histórica de destrabar una causa con la que yo estaba comprometida afectiva y políticamente. Sin embargo, la ilusión de ver en Teherán al juez de la causa interrogando a los acusados iraníes fue, hoy lo puedo afirmar, una verdadera ingenuidad de nuestra parte, que nos hizo olvidar los intereses estratégicos en pugna. Esa voluntad mía y la omnipotencia de que podíamos arreglarlo todo finalmente nos jugó en contra”.
Difícil pensar en una Cristina Kirchner ingenua. Y cuesta trabajo pensar cómo perdió la oportunidad de haberse puesto al frente de los reclamos por una investigación que aclarase sin ningún género de duda el asesinato del fiscal, y que la libraría a ella de una sospecha que ahora no puede quitarse de encima.
